El condado sigue luchando contra Vanessa Bryant

Vanessa Cornejo Urbieta, también llamada Vanessa Laine por el apellido de su padre adoptivo, nació en 1982 en Los Ángeles y allí creció. Fue a la escuela primaria St. Boniface Parochial School en Anaheim y se graduó de la secundaria pública Marina High en Huntington Beach. Todavía la llaman Ness. 

A los 17 años mientras trabajaba como bailarina de fondo en la filmación de un video musical,  conoció a un joven altísimo que grababa un disco de música rap que nunca salió a la luz. 

Seis meses después se comprometieron y en abril de 2001 se casaron. 

Los padres del novio se opusieron a la decisión de casarse y no acudieron a la boda, porque ella es latina y él, era afroamericano. El desacuerdo duró hasta el nacimiento de la primera hija,  Natalia Diamante. Tres niñas más nacieron después:  Gianna Maria-Onore, Bianka Bella, y Capri

El 26 de enero pasado su esposo, el legendario jugador de básquetbol Kobe Bryant y su hija Gianna, de 13 años, murieron en un accidente de helicóptero en Calabasas, junto con siete víctimas más.

Cuatro días después del accidente Vanessa Bryant publicó en Instagram sus sentimientos: “Ojalá estuvieran aquí con nosotros para siempre… es imposible imaginar la vida sin ellos… pero nos despertamos todos los días, tratando de seguir adelante porque Kobe y nuestra bebé, Gigi, nos iluminan el camino”.

Poco después nos enteramos de que el cuerpo y la memoria de Kobe Bryant y las otras víctimas habían sido abusados.   

Una investigación del Los Angeles Times halló que agentes del Sheriff que llegaron primero al lugar tomaron fotos con sus celulares personales de los cuerpos destrozados de los niños, padres y entrenadores muertos. Las compartieron en un bar en Norwalk y en otros lugares, y supuestamente permitieron su copia. 

El acto levantó tal protesta que el Asambleísta Mike Gibson propuso – a instancias del Sheriff del Condado Alex Villanueva según este último – un proyecto de ley que convierte en un delito menor que personal de emergencia tome fotos no autorizadas de cadáveres. La Legislatura de California lo aprobó por unanimidad y el 28 de septiembre pasado el gobernador Gavin Newsom lo promulgó con su firma. 

Seis días antes de la publicación, Vanessa Bryant ya había demandado al departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles por daños emocionales causados por invasión de la privacidad y negligencia.

La demanda describe los hechos y la supuesta negativa inicial del departamento a investigar el hecho y lo que llama un encubrimiento por su parte. 

¿Cómo reaccionó el condado a la demanda? ¿Cuál fue su estrategia? ¿De qué manera trata de remendar el doble sufrimiento de la familia, agravado por la conducta de servidores públicos?

Esto es lo que hizo: en lugar de aceptar su responsabilidad, la semana pasada los abogados del condado pidieron al juez que obligara a Vanessa Bryant y los otros demandantes a someterse a una evaluación psiquiátrica antes del juicio. Solicitaron que sus respuestas sean grabadas y filmadas. Y que la evaluación dure ocho horas para los mayores y de cuatro a seis horas para los niños, para poder utilizarlas durante el juicio.  

Alegan que si bien el gobierno no disputa los hechos, la publicación de las fotos no constituyó un agravio tal que justificara la demanda. Que no podría haber sido, porque los demandantes no vieron las fotos. 

¿Era necesario que las viesen? ¿Para qué? 

La estrategia del condado puede que tenga éxito, al intimidar a los demandantes. 

Lo expresaron los abogados de Vanessa Bryant, en su respuesta: el condado estaba  recurriendo a «tácticas de descubrimiento de tierra quemada» para intimidarla a ella y a los familiares de otras víctimas a fin de que «abandonen su búsqueda de responsabilidad».

Hay que decirlo: esta solicitud era abusiva y cruel. 

El gobierno del condado cometió un error. La estrategia de mano dura obrará como bumerang y centrará la atención pública de manera negativa. Porque si bien no defienden lo hecho, no asumen la responsabilidad que les toca.

Como se sabe, en la subsiguiente audiencia, el juez desestimó el pedido del gobierno. Ni Vanessa ni sus hijos deberían pasar por exámenes agotadores, violación a su intimidad, privación de sus derechos individuales.

Pero dos semanas después, el juez Charles F. Eick aceptó un pedido alternativo de los abogados pagados por nuestros impuestos. Ordenó a Vanessa Bryant proporcionar por escrito toda la información relativa a su terapia individual.

Después de la tragedia, Vanessa le agregó un segundo nombre a la cuarta hija: Kobe.

La tragecia continúa. El inicio del juicio está pautado para principios de febrero.

Es inadmisible que el gobierno del condado no reconozca que el acto cometido por sus policías fue de ferocidad, falta de integridad, crueldad, insensibilidad ante el sufrimiento humano. Que no corresponde. Que no se puede justificar.

El condado debe dejarse de pichulear y contar centavos. Y pensar en la imagen que dejan detrás, con la tierra quemada de su integridad, los abogados que lo representan. Debe cambiar su estrategia y la persona responsable por ella amonestada.

Porque si a la viudad e Bryant, con su fama y su alcance mediático, le hacen eso, qué es lo que no harán a otras víctimas de abuso gubernamental. Ella también es gente de Los Ángeles.