En vez de negociar, republicanos acusan a los indocumentados del cierre de gobierno
Una semana después de que el Senado fracasara en su intento de aprobar un plan presupuestal con más de 60 de los 100 votos – es decir, con el apoyo parcial o total de la bancada demócrata – las líneas en la confrontación nacional parecen inamovibles.
Día tras día, cada partido presentó una y otra vez las mismas resoluciones, sin negociar y sin cambios, fracasando cada vez.
Incapaz por ley de cumplir sus obligaciones, el gobierno federal ha cerrado paulatinamente pero implacablemente los servicios que presta a la población han comenzado a desaparecer. Más allá del cierre de los parques nacionales, museos y ciertas oficinas gubernamentales, en aeropuertos como el de Burbank, California ya no hay operarios en la torre de control.
Un memorando de la Casa Blanca estima que Estados Unidos perderá 15,000 millones de dólares del PIB cada semana de cierre.
Sin sorprender a nadie, el presidente Donald Trump anunció con poco oculto júbilo en su medio social que esta era la oportunidad para ejercer sus planes de venganza y destrucción. Habla de despidos masivos en dependencias federales; intima que – sería ilegal – al final del cierre de gobierno no se pagará a los centenares de miles de empleados federales cuya labor ha sido suspendida, que es el destino que espera a centenares de miles de contratistas independientes.
Y mientras tanto, la ofensiva propagandística republicana llega a nuevos extremos. El más vil quizás es culpar del enfrentamiento y cierre de gobierno a los inmigrantes.
En una lógica inaudita, tergiversan la condición de los demócratas para obtener su voto.
Los demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes – en ambos son minoría – condicionan su apoyo a reabrir el gobierno por unos meses para dar una oportunidad a las negociaciones, a que se renueve permanentemente el subsidio de Obamacare (ley ACA) y que algunos los recortes a Medicaid (Medi-Cal en California) promulgados como parte de la ley “Grande, Una, Bonita” de Trump sean derogados, para facilitar el acceso al cuidado de salud para millones de estadounidenses de bajos recursos.
Pero para la propaganda republicana lo que los demócratas “realmente” quieren es regalar seguro médico gratuito a los “ilegales” (“free healthcare for illegals”).
El Presidente de la Cámara Baja Mike Johnson escribió en Twitter que los demócratas «quieren brindar atención médica gratuita a los ilegales pagado por los trabajadores estadounidenses».
La verdad es que los indocumentados no tienen derecho a atención médica subsidiada por el gobierno federal: ni Medicaid, ni Obamacare, ni el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP).
Y también que algunos estados ofrecen cierta cobertura médica para personas indocumentadas, que ellos pagan.
Expresamente, dice el párrafo correspondiente de la ley ACA: «Nada en este subtítulo o las enmiendas hechas por este subtítulo permite pagos federales, créditos o reducciones de costos compartidos para personas que no están legalmente presentes en los Estados Unidos».
No es la primera vez que los inmigrantes son acusados de esta manera de los males que sufre el país. En 2022 y bajo el gobierno de Biden, los republicanos reclamaron que el Plan de Rescate Estadounidense, que confrontaba la debacle económica en la era del coronavirus, se proponía beneficiar a los “ilegales”. Y el año pasado, que aquella era la motivación detrás del Crédito Impositivo por Niño.
Los demócratas han lamentablemente excluido a los indocumentados de todo beneficio y derecho federal cada vez que han podido. Pero los republicanos buscan maneras de convencer a su público de lo contrario, afirmando que los mecanismos de ejecución de esas exclusiones son inadecuados e insuficientes.
Finalmente, muchos inmigrantes que viven y trabajan aquí legalmente, no aplican para programas de beneficios financiados por el gobierno federal como Medicaid por temor a ser despojados de sus permisos.
Preocupa no solamente el ataque injusto, deshonesto y basado en falsas premisas contra inmigrantes. Preocupa que un amplio segmento de la población esté apoyando esa excusa y permite que la hostilidad antiinmigrante cultivada por años justifique que se extingan beneficios que a ellos mismos les corresponde.
Una nueva moción bipartidista propone extender los beneficios impositivos de Obamacare por un año para reabrir el gobierno. Podría ser la solución.
