La Administración Trump y su asalto a la democracia: El arresto de disidentes
En una escalada alarmante de tácticas autoritarias, la administración de Donald Trump está llevando a cabo una campaña sistemática para silenciar a disidentes, incluyendo a funcionarios electos, líderes sindicales y activistas. Esta ofensiva tiene como objetivo suprimir la oposición y sembrar el miedo en todo el país. El reciente arresto de Brad Lander, contralor de la Ciudad de Nueva York y candidato a la alcaldía, es un claro ejemplo de esta preocupante tendencia.
Lander fue detenido el 17 de junio por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras intentaba acompañar a un inmigrante desde una sala de audiencias en Manhattan. Lander, criticó de las políticas migratorias del gobierno, exigió ver una orden judicial antes de permitir que se llevara a cabo el arresto del inmigrante. En lugar de cumplir con el debido proceso, los agentes lo esposaron y lo acusaron de agredir a un oficial federal e interferir con un agente del gobierno. El arresto ha provocado una ola de condenas por parte de figuras políticas, incluida la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul quien describió el hecho como abuso del poder.
Pero el caso de Lander no es un hecho aislado. Esta política de mano dura ha derivado en la detención de varias figuras políticas y sindicales que se atreven a desafiar las órdenes de Trump.
Entre ellos se encuentran el alcalde de Newark, Ras Baraka, arrestado por intentar supervisar una instalación de detención de ICE; la representante LaMonica McIver, acusada de agredir a un oficial durante una protesta por el arresto de Baraka; el representante Jaime Gómez, detenido por interferir en una operación de ICE; y la representante Norma Torres, arrestada por intervenir en una redada.
La represión también se extiende al poder judicial. En Wisconsin, la jueza de circuito Hannah Dugan fue arrestada por supuestamente ayudar a un ciudadano mexicano a evadir a los agentes de ICE.
En California, el senador nacional Alex Padilla (D-California) fue detenido por agentes federales durante una conferencia de prensa, solo por tratar de hacerle preguntas a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre las políticas migratorias. Padilla, a pesar que claramente se identificó, fue empujado bruscamente fuera de la sala por los agentes, lo tiraron al suelo y lo esposaron.
Tras la detención del senador Padilla, el gobernador de California, Gavin Newsom, resumió el sentimiento de amplios sectores de la ciudadanía: “Esto es indignante, dictatorial y vergonzoso”, escribió Newsom. “Trump y sus soldados de choque están fuera de control. Esto debe acabar ya”.
Estos actos representan una violación directa a la separación de poderes y una alarmante señal del uso del aparato estatal para intimidar a quienes defienden el Estado de Derecho.
El miedo se ha propagado por las grandes ciudades de la nación. Las personas temen salir de casa para hacer actividades cotidianas como ir al mercado, a la iglesia, o llevar a los hijos a la escuela o al parque. El temor a ser detenidos ha provocado una crisis en los mercados laborales locales: trabajadores evitan presentarse a sus empleos paralizados por la incertidumbre. Esta situación está destruyendo el tejido social de Estados Unidos y erosionando la confianza en las instituciones públicas.
Como muchos han sugerido, las acciones de esta administración evocan los métodos de regímenes autoritarios que utilizan el poder del Estado para reprimir a la población. ICE, que en teoría debería ser una agencia que vela por la seguridad y el cumplimiento de la ley, con sus agentes enmascarados y en carros sin identificación, cada vez se parece más a una policía secreta, temida por su brutalidad y falta de rendición de cuentas.
El Congreso Nacional y el Poder Judicial deben actuar con urgencia para detener inmediatamente este abuso de poder y restaurar el Estado de Derecho. Los funcionarios electos tienen la obligación moral de defender las libertades civiles y los principios fundacionales de la nación. El pueblo estadounidense debe exigir rendición de cuentas y rechazar estos intentos de desmantelar la democracia.
El arresto de Brad Lander es una llamada de atención. Es una señal clara de que la democracia está en peligro. Defenderla requerirá valentía, unidad y un compromiso firme con los valores que han definido a Estados Unidos durante generaciones. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de perder todo aquello que una vez dimos por sentado.
Preocupado por la situación nacional, Lander escribió en el sitio X: «Todos estaremos peor si dejamos que Donald Trump y su régimen fascista atenten contra el Estado de derecho».
