martes, octubre 20, 2020
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    La corrupción judicial en México es crimen autorizado

    Una jueza en México acepta dos millones de dólares a cambio de liberar a un criminal. La operación la coordinan un abogado y varios empleados del juzgado.
    Eso es crimen autorizado. Corrupción judicial.
    Llevamos muchos años en que la policía mexicana se queja de que detiene criminales para que al paso de unos cuantos días vuelvan a la calle a continuar con sus fechorías. No solamente debe ser frustrante para los policías que cumplen con su deber, sino que esto se ha convertido en una burla para el sistema legal y policíaco de México, a la vez que ha fortalecido al crimen y creado un sistema de impunidad que pervierte reglas, valores y normas.
    El gobierno de López Obrador denunció el hecho de que los jueces estén liberando criminales en base a tecnicismos y es que al liberarlos los han blindado porque no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.
    Conviene preguntar ¿qué sucedió con la reforma anticorrupción de Peña? ¿Acaso no cubría al poder judicial que ha entorpecido la labor anticorrupción del gobierno al liberar a los detenidos?
    Parte de la respuesta reside en la condición de legislación simbólica mexicana, donde por un lado se cuenta con leyes de avanzada que serían la envidia de los progresistas en el mundo y por el otro lado está el incumplimiento de la ley en letra y espíritu. Podemos tener castigos ejemplares para secuestradores y políticos corruptos en el papel, pero los ministerios públicos integran mal las acusaciones; los jueces se encargan de destacar las fallas y los abogados se convierten en coyotes que articulan la disfuncionalidad del sistema.
    Todos ellos se benefician de la enorme cantidad de dinero que circula en el mundo del crimen. Por supuesto que no son todos los mp, ni jueces, ni abogados los que incurren en conductas criminales, pero tampoco vemos acciones rotundas para prevenir y castigar esas conductas.

     

    Durante muchos años se construyó un sistema organizado para no funcionar y los grandes beneficiarios son los que violan la ley a cambio de recompensas económicas, que descubrimos, son muy generosas.

    Resulta que el caso de la liberación del Mochomo no es el primero que maneja indebidamente la jueza María del Socorro Castillo Sánchez, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.

    Ella manejaba asuntos relacionados con personas vinculadas con diversos cárteles del narcotráfico y otros criminales que fueron liberados. Ante su reincidencia en liberar criminales ¿nunca se dieron cuenta en el Consejo de la judicatura que algo pasaba en ese juzgado? ¿Nadie revisa las sentencias y actos liberatorios? ¿Hay alguien que protege a la jueza? La verdad es que es muy sospechoso que tantos casos hayan evadido el radar que debe vigilar la buena conducta y probidad de los juzgadores.

    Se creó el consejo de la judicatura, para entre otras cosas vigilar a los jueces. Supongo que un juzgado relacionado con temas de narcotráfico debe tener una vigilancia especial, porque como dicen, la tentación es fuerte y la moral parece no ser el fuerte de los jueces. Recordemos el caso del juez superior que dijo que no debían bajarles el salario porque podían corromperse.

    La manipulación en los juzgados es un factor primordial que refuerza la impunidad, porque los criminales saben que muy pocos delitos se investigan. Y que de los investigados, si por mala suerte los detienen pueden comprar su liberación en la primera instancia. Y que si la mala suerte persiste, entonces se puede optar por comprar el no juicio. Es así como llegamos a que se sentencia solamente a un porcentaje casi ridículo de los crímenes cometidos en el país. Todo el proceso se irriga con un río de dinero indebido y una moral pública venida a muy menos.

    No existe democracia sin sistema de justicia que nos vea a todos como iguales ante la ley, y para eso, la ley no puede ni debe comprarse.

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    Samuel Schmidt
    Samuel Schmidt
    Investigador visitante en UT Austin. Chair, International Advisory Board for Immigration Studies. U.S.-Mexico Research Program. UCLA. Director asociado de la revista Araucaria. Director del semanario El Reto. Testigo experto en juicios de asilo político y para frenar deportación de mexicanos en Estados Unidos. Posdoctorado en Historia, University of California, Los Angeles. Doctor en Ciencias Política (UNAM). 35 libros publicados y más de 1,000 artículos. Traducido al inglés, francés e italiano. Pionero en varias áreas de investigación: análisis de redes políticas, estudios sobre humor político, democratización en México, temas fronterizos (agua, migración y seguridad) y sobre Crimen Autorizado.

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