Niños de crianza como enemigos
Hace unos años, y por una decisión anunciada por el Tribunal Federal del Noveno Circuito de Apelaciones nos enteramos que la compensación que el gobierno de California otorga a las casas de crianza es tan reducida que viola la ley federal, el Child Welfare Act de 1980.
A través de esta resolución, que se puede leer aquí, podemos ver una realidad que abarca desde hace muchos años y no solamente a California. En todos lados los gobiernos se están dedicando alegremente y a la primera ocasión a desmantelar el estado social establecido luego de incontables luchas populares décadas atrás. Y esto puede suceder independientemente de si hay o no crisis económica.
La consigna: como no hay dinero y los impuestos recaudados no alcanzan, recortar al máximo aquellos gastos del presupuesto a los que designan por distintos nombres cargados de ideología, como despilfarros de la burocracia gubernamental, dinero gratis a quienes no trabajan, estímulo de la pereza, conspiración para destruir el país entregándoselo a los delincuentes y drogadictos, o a los inmigrantes, o directamente a los pobres [1].
Bajo ese lema desaparecieron billones de dólares de los presupuestos de ayuda social, educación pública, entrenamiento vocacional, vivienda popular, financiamiento de pequeños negocios, fondos para clínicas populares, etc.
Saben muy bien lo que hacen.
En su lugar crecieron los presupuestos para cárceles y en el ámbito nacional, los recortes de impuestos para los que sí pueden pagarlos. Todo justificado en nombre de proteger a la población de la violencia y hacer justicia con quienes se ganaron su dinero con el sudor de sus frentes.
California ha sido en años anteriores un epicentro de estos acontecimientos, en parte porque es de lejos el estado de mayor población, en parte porque aquí existe (o existía) un componente importante de compromiso social en la educación y la salud, y en parte porque quienes más requieren los servicios sociales son, ¿cómo decirlo?, “extranjeros”: inmigrantes legales e ilegales. Gente de otro color de piel, otra cultura, otro nivel de educación. En suma, para quienes manejan el cuchillo de recortes, los Otros[2].
Por eso, California es el primer estado del pais en gastos en cárceles y el último en gastos en educación per cápita.
Lo que me permite volver al tema del comienzo, la decisión judicial respecto a la demanda de la Alianza de Servicios para Niños y Familias de California, entidad encargada de casi 10,000 chicos menores de 18.
Para los miles de niños que por orden judicial fueron separados de sus padres o familiares, California posee un sistema de cuatro niveles. Primero, el niño es emplazado en casa de familiares bajo supervisión y ayuda del gobierno. Segundo, lo envían a una familia de crianza que puede mantener hasta seis niños y recibe compensación por cada uno de ellos. Tercero, casas de crianza certificadas con más niños y más involucramiento oficial, y cuarto, el llamado Group Care, que con personal pago puede albergar hasta 100 niños.
Hasta ahora, California le pagaba a los del Group Care el 80% de sus gastos (números de 1986 tomando en cuenta la inflación). La corte lo halló insuficiente e ilegal[3]. Pero me dicen que los padres de crianza están peor, porque reciben el 60% de lo que gastan por sus 75,000 niños, aproximadamente unos 550 dólares por mes por niño. Por eso, ellos también demandaron al estado, aunque perdieron.
¿Y el resto del gasto? Ah, que se arreglen.
Un dato muestra la estupidez de un régimen que quiere ahorrar a toda costa, especialmente cuando viene a expensas de quien no tiene ni poder ni voz.
La cantidad de niños asignados a familias de crianza ha caído de 16,000 en 2001 a 5,000, según un artículo de Carol Williams en el Los Angeles Times.
La caída vertical se debe, como dijimos, principalmente a que el estado no paga lo suficiente para mantener a los niños.
¿Entonces, adónde se van estos chicos? Los mandan a los Group Care, donde cada uno de ellos le cuesta al estado mucho más.
Irónico, ¿no?
Ilógico también. Parecería, por el orden de prioridades de nuestros políticos, que los niños en el sistema de acogida o crianza no son nuestros. Que son el problema de otros. O que son, al menos en potencia, el enemigo.
Notas:
