Que se quiten esas máscaras
Los agentes que llevan a cabo la política migratoria del gobierno deben actuar legalmente y no como bandoleros
ICE – el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas – es solo una de tres o más agencias federales encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración, pero ha sido hasta el momento la más visible en las redadas migratorias que lanzaron en todo el país desde la toma de posesión de Donald Trump.
En esas redadas se ven agentes de todo tipo, de organizaciones similares, disímiles y afines: La CBP (Aduanas y Protección Fronteriza), la Administración de Control de Drogas (DEA) y Homeland Security Investigations, cuyos miembros están generalmente relegados a los escritorios.
Y la semana pasada, la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem habilitó a los agentes de seguridad del Departamento de Estado en capacidad de agentes de inmigración.
Son todas unidades federales y sus miembros deben identificarse como tales en cada acción migratoria.
Además, el gobierno federal está reclutando entre las filas de soldados dados de alta y agentes policiales de diferentes estados.
Y eso sin contar, al menos en California, a las unidades de la Guardia Nacional que Trump ordenó movilizar contra órdenes paralelas del gobernador de California Gavin Newsom. Y sin olvidar a los Infantes de Marina cuyas órdenes incluyen “proteger” a los de ICE.
Y es que protección, ellos precisamente no necesitan. Están armados hasta los dientes, utilizando vehículos militares, cascos, fusiles de todo tipo, que incluso si las afirmaciones del gobierno de que están lidiando contra peligrosos criminales pandilleros fueran ciertas son absurdamente innecesarios. .
Pero son mentiras.
De los 100,000 o más arrestados y deportados o en vías de serlo en los últimos meses, sólo un puñado clasifica como tales. La secretaria, con su atuendo militar, se ha sacado fotos participando en operativos en sus casas, en un gesto teatral que sólo enfatiza la farsa que constituye.
Las acciones corresponden en su mayoría a una aplicación legal de las leyes del país, pero, efectuadas por razones políticas, con una crueldad inaudita e innecesaria.
Es innecesario e ilegal que los agentes que participan en las redadas vistan ropas civiles, sin uniformes ni placas. Que se nieguen a presentar algo que corrobore su identidad. Y que se tapen la cara con pañuelos o máscaras.
Sus superiores han defendido la práctica: no van a poner en peligro a sus soldados, porque si son reconocidos “los criminales” se vengarán de ellos y de sus familias.
La verdad es que lo hacen no solo para evitar ser reconocidos como quien viola la ley sino para seguir intimidando y aterrorizando a la población inmigrante.
Los agentes que llevan a cabo la política migratoria del gobierno deben actuar legalmente y no como bandoleros. Deben quitarse las máscaras, mostrar sus verdaderas identidades.
La continuación de esta práctica constituye, según el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, un abuso de poder y violación de los derechos constitucionales de las personas.
Y más que nada, deben dejar de actuar contra mujeres con niños, contra familias de personas mayores, contra agricultores en el campo.
La semana pasada un padre se presentó a una audiencia con Migración acompañado de dos de sus hijos, con sus uniformes de la Guardia Nacional. Lo retuvieron.
Ayer, un padre – un jardinero en medio de su trabajo – fue arrestado. Cuatro enmascarados lo arrojaron violentamente al piso y le pegaron, dejándolo malherido. Se lo llevaron y 24 horas después aún no había recibido atención médica. Lo dijeron sus tres hijos Infantes de Marina que trataron de visitarlo.
El gobierno tiene maneras de actuar legales y normales a su disposición, pero prefiere sembrar el caos, el terror y la crisis económica de miles de familias que no pueden salir a trabajar, para contentar a una base sedienta de violencia y a un presidente necesitado de reafirmar su carácter.
Los peores regímenes dictatoriales y represivos han usado la intimidación a través del anonimato, y ICE y sus similares la están usando en pos de una impunidad no merecida.
Esto que vemos sigue sucediendo en países gobernados por una junta militar o por dictadores que reprimen la oposición y se entronan en el poder a la fuerza. Pero Estados Unidos es un país de leyes, de tradición democrática y de – en teoría un legislativo y un poder judicial fuertes, y deseamos que siga así.
Esa tarjeta de presentación de las huestes migratorias es innecesaria.
El gobierno debe ordenar que los agentes se quiten sus máscaras y se den a conocer como agentes de la ley.
