Trump arremete contra el voto por correo

En un anuncio en su medio social, el Presidente Donald Trump confirmó el lunes lo que los analistas habían pronosticado: que una vez en el poder, se aferraría a éste por todos los medios, desvirtuando los mecanismos electorales que por décadas han asegurado la naturaleza democrática de nuestro país. 

Trump anunció sus planes de firmar una orden ejecutiva que eliminará las boletas por correo y las máquinas de votación que él considere «seriamente controvertidas» antes de las elecciones de mitad de período de noviembre de 2026.

También ayer, se anunció que el medio de derecha Newsmax pagará a la empresa vendedora de máquinas de votación Dominion Voting Systems 67 millones de dólares por difamación, por afirmar que había manipulado los votos en la última elección presidencial de 2020. Este caso es uno de muchos. Como se recordará, las acusaciones de fraude encendieron la ira de los devotos de Trump y finalmente derivaron en el intento de golpe de estado con el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021.

 «Voy a liderar un movimiento para deshacerse de las boletas por correo, y también de altamente ‘inexactas’, muy costosas y seriamente controvertidas máquinas de votación, que cuestan diez veces más que el papel de marca de agua preciso y sofisticado, que es más rápido, y no deja dudas, al final de la noche, en cuanto a quién ganó y quién perdió, las elecciones”, escribió Trump. 

Agregando una mentira más a su colección, Trump expuso que otros países han abandonado la práctica de boletas por correo «debido al fraude de votantes masivo encontrado».

Pero es falso. La práctica está en pleno crecimiento. En países como Canadá, Alemania, Islandia, Luxemburgo, Polonia, Corea del Sur, Suiza y Reino Unido se puede votar por correo sin necesidad de justificación. 

En nuestro país, las boletas por correo han facilitado que millones de votantes que de otra manera se abstendrían de ejercer el derecho ciudadano puedan hacerlo con seguridad y confianza. 

Esta modalidad de voto comenzó en Estados Unidos durante la Guerra Civil, aplicándose a soldados en servicio activo y personas con discapacidades, y se fue expandiendo, al grado que hoy en estados como Oregón, Washington, Colorado, Utah y Hawái se vota principalmente por correo. En muchos otros los ciudadanos no necesitan una razón para optar por esta modalidad. 

El voto por correo además se impone en circunstancias como las de la epidemia del COVID-19, cuando totalizó el 43% del caudal electoral total. 

En los más recientes comicios, uno de cada tres votos fue por correo. Es, indudablemente, una opción adecuada y cómoda para los electores, y permite un índice de participación más alto, tal como lo confirma el reciente informe de la Comisión de Asistencia Electoral al Congreso. Además, es seguro y no hay evidencias de su uso masivo para fraude. 

Ya en marzo, Trump había hecho conocer sus intenciones, cuando demandó que los estados exijan prueba de ciudadanía cuando las personas se registren para votar, e intentó prohibir la práctica de contar votos que hayan sido enviados por correo antes del fin de la jornada electoral pero que llegaron después que se hubiesen cerrado las urnas. Ese intento de despojar a los estados de sus derechos constitucionales fue bloqueado por varios jueces federales en junio. 

Por otra parte, lo que ahora Trump pretende hacer es también inconstitucional. En su Artículo I, Sección 4, Cláusula 1, la Constitución otorga a los estados la autoridad para dirigir elecciones congresionales. Y en su artículo Artículo II, Sección 1, Cláusula 2 les da la autoridad para determinar cómo seleccionar a sus electores presidenciales.

Son los estados quienes administran el registro de votantes y las elecciones, certifican sus resultados y previamente determinan los métodos electorales. 

El gobierno federal no puede, de manera unilateral, cambiar la modalidad electoral. Esto está a cargo de las legislaturas estatales; en ciertos casos del Congreso y por interpretación judicial, de los tribunales. Trump lo puso al revés. Para él, los estados ejecutan las órdenes de la nación, que está condensada en la figura del Presidente – él mismo – y son considerados solo agentes o intermediarios.  Una interpretación traida de los pelos. 

Para Trump, la Constitución es solo un escollo más que se propone superar en su camino al poder absoluto.  

De esta manera, Estados Unidos se inclinaría aún más hacia un gobierno autoritario, que desdeña la voluntad popular y cuyo gobierno se propone cambiar las bases mismas que establecieron esta federación. Por diversas vías intenta reducir el caudal de votantes, especialmente de quienes estima que votarían por el otro bando. Así lo han hecho por generaciones las minorías aferradas al poder. 

La declaración acelera el proceso por el que los republicanos aspiran a mantener el poder. En Texas, culmina la fraudulenta redistribución de distritos electorales que otorgará a este partido cinco escaños congresionales, quizás lo suficiente como para conservar el control de la Cámara de Representantes. Otros estados bajo MAGA iniciaron similares cambios. El intento de California de contrarrestar y balancear los resultados electorales suma al degradamiento de la santidad del voto y depende del resultado de un plebiscito que se celebrará en noviembre de este año. 

La manera de gobernar de Trump consiste en una serie aparentemente interminable de órdenes presidenciales que circunvalan el Congreso y no son sujetas a debate, emitidas según el capricho del Presidente y a menudo para llamar la atención del público cuando otro escándalo amenaza su línea de popularidad. 

Pero más y más, esos caprichos e intentonas de toma del poder absoluto se adentran en terreno constitucional, lo revierten y pretenden cambiar de cuajo la naturaleza democrática de nuestro país.