Continúa la implacable destrucción del Ministerio de Educación

En todo el mundo, es por medio de la educación superior cómo los grupos de menores ingresos, minorías raciales o religiosas y grupos socialmente rechazados acceden a las protecciones y aceptación que les permiten avanzar en la escala socioeconómica. 

En nuestra comunidad, es reconfortante y esperanzador que muchos miles de estudiantes universitarios latinos sean los primeros en sus familias, en toda su historia, en acceder a estudios superiores. Son los líderes en un futuro próximo, en sus campos de estudio, en el liderazgo de organizaciones comunitarias, en los puestos electivos que corresponden. 

Cuando sube el número y porcentaje de estudiantes en la población por lógica se incentiva el desarrollo de un país. Las universidades generan avances científicos que se aplican a la producción y educan a los ciudadanos que se encargan de la defensa y crecimiento de la nación. Es también allí donde se crean las ideas originales, para lo cual es imprescindible la libertad de pensamiento. 

Así ha sido desde la fundación de nuestro país. Fue el presidente Dwight Eisenhower, un republicano, quien de esa manera nos catapultó como primera potencia mundial. 

Lamentablemente, en las últimas décadas el desarrollo de la educación pública como vía de progreso nacional, se ha estancado y luego retrocedido, independientemente del inquilino en la Casa Blanca. 

Los crecientes costos de los estudios universitarios, la abrumadora deuda generada por simplemente completar los estudios universitarios y especialmente la verdad sobre los títulos académicos – que no conllevan ni generan empleos – han sido obstáculos formidables para el avance de nuestra comunidad contra los que hemos luchado.

Pero paralelamente al crecimiento de minorías con título académico, crecía también la oposición sistematizada de quienes están ansiosos por mantener su poder y supremacía. 

Es por eso que uno de los frentes más agresivos en la guerra declarada por la administración contra el sistema social estadounidense es la educación.

El objetivo de este gobierno nacional es la destrucción de la educación pública como institución permanente y su reemplazo por sistemas de privilegios y diferencias socioeconómicas y en definitiva la subordinación de las universidades – a partir de las más emblemáticas – a la ideología trumpista como condición para su apoyo. 

En 2021, el actual vicepresidente y entonces candidato a senador J.D. Vance, había dado un discurso llamado “Las universidades son el enemigo”, bromeando que había tomado el título de Richard Nixon.

Desde ese episodio hasta el nombramiento como secretaria de Educación de Linda McMahon – una empresaria cuya experiencia pasa por un bachillerato en francés y la dirección de una empresa de lucha libre, y cuya misión declarada es la eliminación de este ministerio – hay un hilo conductor. Pertenecen a un grupo de gobierno que odia tener que facilitar la educación, especialmente la educación pública, contra la cual también han lanzado una cruzada. 

Y como solamente el Congreso, que creó el departamento en 1979, tiene la autoridad para aprobar una legislación que lo elimine, mientras tanto el gobierno lo destruye por dentro. 

Los republicanos basan su accionar en tres premisas: que las universidades son demasiado ricas para merecer la generosidad pública, que están fallando en su misión básica al crear “estudiantes endeudados con carreras inútiles” y que los llamados aspectos del despertar de la cultura universitaria (D.E.I., atletas transgénero, antisemitismo) violan las leyes federales.

Para eso, quieren, no reformar, sino destruir el sistema, comenzando por el Departamento de Educación, contra el cual sienten un especial encono. Es que fue creado en 1979 por el Congreso bajo la iniciativa del entonces presidente Jimmy Carter, un demócrata. Sienten por ello un encono similar al que los embarga contra Obamacare, la reforma de salud pública instaurada por el entonces presidente Barack Obama, otro demócrata.

La administración libra una lucha contra los valores democráticos y las oportunidades de progreso de las minorías dentro del esquema capitalista, imaginando como crucial la persecución de personas transgénero, como si la preocupación por ellos fuera la esencia del pensamiento de los demócratas. No lo es. Además, usa como escudo una presunta lucha contra el antisemitismo, la cual el mes pasado un tribunal de distrito concluyó que era “una cortina de humo para un ataque dirigido a objetivos ideológicos”. 

Todo eso no detiene al gobierno federal, que continúa destruyendo el sistema de educación. Un centenar de universidades públicas están ahora bajo investigación federal por ofrecer becas específicas para razas o  cobrar matrícula estatal a estudiantes indocumentados. 

Washington busca también reformar el sistema de acreditación, que da a las escuelas acceso a miles de millones en ayuda financiera federal de tal manera que quienes osen resistir arriesguen su propia existencia; algunas universidades han aceptado seguir la visión de Trump en aspectos como las admisiones a cambio de  acceso especial a fondos federales, aunque en una victoria para la educación universitaria, MIT lo rechazó. 

Este es el contexto detrás del cual el departamento de Educación anunció ayer una ola adicional de 450 despidos después de ya haber eliminado más de la mitad de su nómina. Los nuevos despidos recién anunciados destruyen las oficinas que supervisan la educación especial y que aseguran el cumplimiento de los derechos civiles. 

Ahora con poco más de 1,000 empleados, se hace poco menos que imposible que la secretaría de Educación siga funcionando. Eso querían. 

Como es ya común, los portavoces del gobierno acusaron de su propia decisión a los demócratas en el Congreso porque no aceptan una imposición presupuestaria que reabra el gobierno. 

Pero la verdad es que el cierre de gobierno es una excelente excusa para continuar con la demolición de esta dependencia, una meta por la que se desgañitan desde hace ya décadas.