¡Cuidado con los préstamos predatorios!
El «Sueño Americano» ha atraído a muchos inmigrantes hispanos a Estados Unidos en busca de oportunidades y una vida mejor. Sin embargo, muchos de ellos se enfrentan a un peligro oculto: el préstamo predatorio. Esta práctica financiera desleal afecta desproporcionadamente a comunidades migrantes, y causa consecuencias económicas que afectan a las familias y a la sociedad en general.
El préstamo predatorio se caracteriza por tasas de interés exorbitantes, términos engañosos y prácticas deshonestas por parte de prestamistas. A menudo, estas instituciones aprovechan la falta de conocimiento financiero y la vulnerabilidad de los migrantes recién llegados, atrayéndolos con promesas tentadoras.
La falta de historial crediticio, la barrera del idioma y la inexperiencia en el sistema financiero estadounidense, hacen que los latinos sean blanco fácil para los prestamistas abusivos. Muchos se encuentran en una situación desesperada, buscando fondos para establecerse en un nuevo país, lo que los hace más susceptibles a ser presa de estas prácticas abusivas. Así, los migrantes caen en las garras del préstamo predatorio y en consecuencia enfrentan consecuencias devastadoras para sus finanzas familiares.
Las tasas de interés demasiado altas pueden convertir un préstamo aparentemente pequeño en una carga financiera abrumadora. La imposibilidad de cumplir con los pagos puede resultar en la pérdida de la vivienda o el automóvil, y en última instancia, en la acumulación de deudas insostenibles. Tal vez conozcas a alguien que ya haya sido víctima de este tipo de engaño. Se encuentran en situaciones que parecen no tener vuelta atrás, porque los acuerdos firmados son legales y no permiten renunciar al préstamo, hasta provocar un endeudamiento absoluto.
Desafortunadamente, existen muchas empresas y casos específicos que se pueden mencionar. Un ejemplo es Oportun, una empresa financiera que se enfoca en préstamos para comunidades latinas. De acuerdo con una investigación periodística de The Guardian, en 2020, Oportun era la empresa con más litigios en California por cobro de deudas durante la etapa más difícil de la pandemia del COVID-19. Según el artículo, “la empresa se anuncia como un camino para alcanzar el ‘sueño americano’, pero un gran número de sus clientes se enfrentan a acciones legales punitivas”.
Solo en 2019, Oportun inició más de 19,000 litigios en el condado de Los Ángeles, lo que representa un litigio por cada 667 habitantes, en un condado de 10 millones de habitantes.
Otra investigación, publicada en el Texas Tribune en conjunto con Pro Publica, encontró que “la empresa atrae clientes al representarse como un benefactor de la comunidad de inmigrantes latinos, pero al mismo tiempo cobra tasas de interés altas, mantiene atados a los clientes… con refinanciamientos constantes, y utiliza demandas judiciales de manera rutinaria para intimidar a los prestatarios atrasados a fin de que retomen sus pagos.”
La misma investigación señala que, incluyendo todos los cargos, Oportun llega a cobrar una tasa de interés (APR, por sus siglas en inglés) de hasta 66,99% en California y Texas, suficiente para dejar endeudado de por vida a cualquiera.
Oportun aboga ahora por establecer un límite del 36% de APR, lo cual puede ser razonable para préstamos pequeños que no requieren de garantías colaterales elevadas. Sin embargo, la situación se vuelve más compleja cuando existe una presión constante para solicitar préstamos superiores a los necesarios. Por ejemplo, existe una notable diferencia entre una deuda de $2,000 y una de $10,000 si ambas se someten a una tasa de interés del 36%.
El préstamo predatorio a menudo atrapa a las personas en un ciclo vicioso de deuda. Al no poder cumplir con los pagos, se enfrentan a renovaciones automáticas con tasas de interés aún más altas, lo que agrava su situación. Esta espiral descendente afecta negativamente la estabilidad financiera de las familias y perpetúa la desigualdad económica.
Sin embargo, el impacto de los préstamos predatorios no se limita a las finanzas personales. La inestabilidad económica de las familias puede tener repercusiones en la salud, la educación y la calidad de vida en general. Además, contribuye a la creación de comunidades marginadas y desfavorecidas.
Es imperativo que se tomen medidas para proteger a la comunidad latina de estas prácticas abusivas. Esto incluye una mayor regulación de la industria financiera, programas educativos que empoderen a los latinos con mayores conocimientos financieros, y la promoción de alternativas de préstamos justos y asequibles.
En Texas, las pocas protecciones existentes vienen de ordenanzas municipales que intentan regular los préstamos que se deben pagar al recibir el salario. Desafortunadamente, el liderazgo estatal, incluyendo la Legislatura, el gobernador y el sistema judicial, ha intentado desarmar estas regulaciones. En la última sesión legislativa, varios negocios que realizan prácticas de préstamo predatorio trataron de influenciar a legisladores a través de donaciones y prácticas de cabildeo para que se apruebe el Proyecto de Ley HB 2127, conocida como la “Ley de la Estrella de la Muerte”. Esta ley debilita las regulaciones locales en temas como préstamos predatorios, derechos laborales y derecho a la salud, y abre las puertas a posibles abusos de más empresas crediticias.
El préstamo predatorio representa una amenaza significativa para la estabilidad económica de la comunidad latina y migrante en Estados Unidos. La conciencia pública, la regulación gubernamental y los esfuerzos comunitarios son esenciales para combatir esta práctica y cuidar el bienestar de las familias migrantes, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
¡Así que cuidado con los oportunistas que ofrecen préstamos predatorios; pueden ser lobos disfrazados de ovejas! Corramos la voz entre familiares y amigos, y no caigamos en las manos de estos mercenarios de las necesidades de nuestra comunidad latina.
Mi Familia Vota es una organización nacional de compromiso cívico sin fines de lucro que une a los latinos, inmigrantes y comunidades aliadas para promover la justicia social y económica a través de talleres de ciudadanía, registro de votantes y participación electoral. Mi Familia Vota opera en Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Nevada y Texas.
