El hambre en Estados Unidos ya no se puede ocultar
En enero, una de las primeras acciones de la nueva administración Trump fue el recorte repentino de la ayuda internacional a programas de alimentación, salud pública, desarrollo y rehabilitación.
Desde entonces nos enteramos de regiones enteras en las que a falta de los alimentos que proporcionaban agencias estadounidenses o las que gozaban de su financiamiento, cunde el hambre. Con la desaparición de las medicinas, crecen las enfermedades.
La situación en numerosos países africanos es crítica. Con la aprobación de la ley de política doméstica, hace escasos diez días, surge la posibilidad de que algo parecido suceda a en nuestro país
Ya en el mismo enero, el gobierno federal había reducido la ayuda a los bancos de alimentos, poniendo a muchos de ellos a un tris de cerrar.
La ley presupuestaria fue bautizada por el sobrenombre lleno de sarcasmo de «Ley Única Grande Bonita». Elimina partes esenciales de la red de seguridad de la que los estadounidenses gozaron por medio siglo.
Especialmente doloroso es que la legislación se ensaña con los más pobres, aquellos que necesitan de la ayuda pública o la caridad privada para comer. Y beneficia enormemente al 1% más rico.
Ha eliminado los programas de ayuda social, atención médica y protecciones sin proveer substitutos a cambio.
Es entonces un programa de hambre y carestía.
La nueva ley de política interna reducirá 1.2 billones de dólares de los programas sociales durante la próxima década.
Estos números se traducen en estadounidenses hambrientos. Muchos dependen del Programa Asistencial de Nutrición (SNAP por sus siglas en inglés) que provee estampillas de comida..
Según la opinión dada a los legisladores – que la ignoraron – por la Oficina de Presupuesto del Congreso, como consecuencia de la nueva ley 2.9 millones de personas perderán sus beneficios de SNAP. De ellos, 900,000 ancianos y 270,000 veteranos de guerra.
El resultado será un auge del hambre. Y los bancos de comida no podrán ayudar, porque ya les cortaron sus presupuestos y por definición no pueden reemplazar al gobierno cuya obligación es procurar el bienestar de la población.
Habrá filas más largas, voluntarios exhaustos, alimentos insuficientes y desesperación.
Incluso bajo un presidente demócrata, en 2023, había 47.4 millones de estadounidenses que sufrían hambre. De ellos, 13.8 millones eran niños. Los números, que habían bajado a su mínimo histórico en 2021, comenzaron a subir como consecuencia de la crisis del COVID.
Adicionalmente, casi 7 millones de hogares viven en baja seguridad alimentaria, donde la comida escasea, ralea, no existe por uno o más días, no constituye un elemento constante.
Son parte de la creciente capa de personas sumidas en la pobreza, porque en 2024, según la oficina del Censo, 36 millones de estadounidenses vivían debajo del umbral de pobreza. También son pobres los 30 millones adicionales que trabajan a tiempo completo pero no ganan un salario digno.
El 18% de los pobres son latinos, aunque representan el 13% de la población. El 20.1% de los afroamericanos lo son, aunque constituyen solamente el 13.5% del total.
Y los inmigrantes no ciudadanos tienen más del doble de probabilidades de ser pobres que sus homólogos nacidos en aquí.
Con la nueva ley, que además establece nuevos requisitos estrictos para cualificar, estos números empeorarán, y pronto.
El Congreso debe reaccionar a esta situación y ofrecer soluciones de emergencia para que no veamos en este país, el más próspero del mundo, escenas de inanición. Digamos no al hambre, bajo el gobierno que sea.
