La conciliación presupuestaria traería esperanza a algunos indocumentados

Conciliar está de moda. En el Congreso, la conciliación presupuestaria está al centro del debate como mecanismo para poder avanzar legislación por mayoría simple y no con los 60 votos requeridos para superar bloqueos en el Senado ante la nula colaboración republicana. Y hay un esfuerzo real para agregar medidas de legalización de indocumentados al proyecto de ley que se consideraría por “conciliación”, si es que se autoriza la inclusión de esas medidas.

De hecho, el martes en la noche los demócratas del Senado anunciaron un acuerdo entre ellos en torno al proyecto de conciliación. Aunque no se han ofrecido detalles formalmente, se infiere que podría incluir la legalización de los Dreamers, beneficiarios del TPS, trabajadores agrícolas, y posiblemente otros trabajadores esenciales. El martes, en Twitter, el senador Álex Padilla, de California, anunció que los demócratas dieron “un gran paso adelante al hacer grandes inversiones en infraestructura crucial para el pueblo estadounidense, desde el clima hasta el cuidado infantil y la inmigración”. Ya era hora.

Aunque es un proceso fluido y nada está confirmado,  es en dicho comentario del senador Padilla donde surge la mayor esperanza para los inmigrantes indocumentados que han aguardado década tras década por una regularización migratoria.

Y para quienes argumenten que cómo se pretende incluir medidas de legalización en proyectos presupuestarios, hay datos, estudios y ejemplos de sobra que comprueban no solo el aporte al fisco de este sector de la población, ahora mismo, a través del pago de impuestos, incluyendo de ingresos y de ventas, comprando casas, ropa y comida, abriendo negocios, o aportando a la solvencia de un Seguro Social que no verán si no son regularizados.

En efecto, en un reciente estudio, el Center for the American Progress plantea que legalizar al grupo comprendido por Dreamers, beneficiarios de TPS y trabajadores agrícolas, redundaría en nada menos que $1.5 billones de aumento al Producto Interno Bruto (PIB), además de que serían creados unos 400,800 nuevos empleos en la próxima década.

Eso, por supuesto, no sería todo, sino que obtendrían $4,300 adicionales en ingresos en cinco años quienes lograsen la legalización, incremento que llegaría a $13,500 en diez años. Y, en general, el aumento en el salario anual para todos los estadounidenses sería de $600.

Y eso es sin contar que los inmigrantes indocumentados ya pagan un promedio de $13,000 millones al Seguro Social cada año, más $3,000 millones al Medicare, según datos de New American Economy.

Es decir, esta sería una gran oportunidad para de una vez por todas conciliar varias realidades: que los indocumentados ya aportan a la economía y que legalizarlos lograría un beneficio económico nacional aún mayor. Y que a pesar de que los políticos republicanos explotan el tema obviando los verdaderos beneficios de la legalización, el pueblo estadounidense, demócrata y republicano, según diversos sondeos, apoya la vía a la ciudadanía, pues tienen un punto de vista más pragmático que político.

En efecto, la mayoría estadounidense ya se dio cuenta de que lo que se trata es de fortalecer el sistema que nos rige, diversificar sus alcances, hacerlo funcional para las generaciones futuras, garantizar su solvencia y darle un rostro más humano a su constante evolución económica. En resumen, para que todas esas piezas encajen en el mecanismo de supervivencia del Estados Unidos actual, los inmigrantes indocumentados han sido, son y serán esenciales, mucho más que aquellos republicanos que, por fanatismo, prefieren cerrar los ojos ante una realidad que los apabulla y que les grita que los abran ya; de otro modo, la historia los devorará.

Otra realidad a conciliar: que los demócratas tienen que cumplir sus promesas de campaña, y la de impulsar la reforma migratoria se repite en cada ciclo electoral sin que nunca llegue a concretarse.

De ahí la importancia del proceso de conciliación utilizado desde 1974 para impulsar medidas presupuestarias de forma expedita y por mayoría simple, siempre y cuando se determine si, en efecto, tales medidas afectan los ingresos o los gastos del gobierno federal.

Las medidas solo son elegibles para el proceso de conciliación presupuestaria si cumplen con los lineamientos de la llamada Regla Byrd, en honor al fenecido senador demócrata de West Virginia, Robert Byrd, quien la impulsó para evitar que los proyectos de conciliación estuvieran plagados de medidas no relacionadas con el presupuesto.

En la historia reciente la conciliación presupuestaria se utilizó por el Senado de mayoría demócrata en 2010 para aprobar la Ley de Cuidado Médico Asequible, mejor conocida como Obamacare, y en 2017 el Senado de mayoría republicana la empleó para aprobar los recortes tributarios de Trump.