La jueza Aileen Cannon y la obstrucción de la justicia

La jueza de distrito federal en Florida, Aileen Cannon, decidió el martes a favor de la demanda de los abogados del expresidente Trump de designar a un funcionario independiente para revisar los documentos incautados en su mansión de Mar-a-Lago durante el allanamiento llevado a cabo por el FBI.

A Trump, en bandeja de plata

Aileen Cannon aceptó casi todas lo pedido por el equipo del expresidente contra las opiniones del Departamento de Justicia. Solo se abstuvo de ordenar que se devolvieran los documentos – que no le pertenecen. 

Uno de los aspectos más inquietantes de la orden es la prohibición de que el FBI procese los documentos incautados en su investigación hasta que el funcionario independiente termine la labor de examinar los 11,000 documentos del caso. 

Este tipo de mediador, que podría decidir que ciertos materiales están definitivamente fuera de los límites de la investigación del FBI, es común en casos de determinación de la confidencialidad de comunicaciones entre acusados y abogados.

Pero Aileen Cannon ha ampliado su definición para que también decida en casos de “privilegio ejecutivo”. Se trata del derecho de retener información del que gozan los presidentes en ejercicio. Pero hasta ahora nadie había incluido en él a quienes ya terminaron su período de gobierno. Esto no tiene precedentes. 

El ejercicio partidista de Aileen Cannon

Uno de los argumentos de la magistrada fue que su concesión prevendrá que Trump siga presentando la búsqueda en su mansión como un ejercicio partidista. Pero el expresidente al celebrar su victoria siguió insistiendo que la investigación es una “caza de brujas”. Es más: en lugar de atenuar su lenguaje agresivo e insultante, lo exacerbó, evidentemente tratando de que sus aliados salgan a la calle para apoyarlo. 

Con su dictamen, la jueza postergó casi indefinidamente la investigación federal de la conducta de Trump. 

También carece de lógica el hecho de tomar en cuenta que la investigación puede dañar la “reputación” de Trump. Pero esto es cierto para todo aquel investigado o acusado y no por eso se les nombra un funcionario independiente. Además, francamente, ¿de qué reputación estamos hablando? 

La decisión de Aileen Cannon sorprendió e indignó a numerosos expertos legales. Para ellos, la jueza le otorgó al expresidente consideraciones especiales que los ciudadanos comunes y corrientes no tienen. 

Llamado a la apelación

La actitud de la jueza hace relevante la pregunta de quién la nombró a su cargo. Efectivamente, Trump la nominó como uno de sus últimos actos de gobierno; sus audiencias en el Senado tuvieron lugar después de la derrota del expresidente. Es miembro de la Sociedad Federalista, dedicada a promover abogados ultra conservadores a jueces.

Sin embargo, otros jueces nominados por Trump se han abstenido en general de decidir en su favor en alguno de los múltiples casos en los que está implicado o en disputas electorales, siguiendo la ley. 

Pero la jueza Aileen Cannon ha incurrido en un claro entorpecimiento de la justicia, y el Departamento de Justicia debe apelar inmediatamente su dictamen para evitar que su razonamiento se convierta en antecedente y para permitir que la investigación de Trump  siga su curso.