Pajaro, California: la inundación anunciada de una ciudad latina

California es un estado con frecuentes terremotos, incendios, inundaciones, avalanchas, sequías y, en los últimos años, hasta la pandemia.

Si bien las autoridades cuentan con recursos y programas para asistir a los damnificados en casos de emergencias, las comunidades marginales en zonas rurales son generalmente las últimas en recibir asistencia. Incluyendo comunidades con inmigrantes indocumentados que a veces no hablan inglés, no están familiarizados con los diferentes programas de asistencia y no tienen la experiencia de navegar los complejos requisitos burocráticos.

Eso quedó de manifiesto días atrás en la ciudad de Pajaro, en el condado de Monterey, donde después que las aguas desbordaran las paredes de contención del río del mismo nombre, la ciudad quedó inundada.

Una ciudad latina

Pajaro está ubicada frente a la bahía de Monterey, en una región agrícola habitada por casi 3,000 personas, de las cuales 94% son latinos. Mucha gente humilde que, en su mayoría, trabajan en campos en los que se cultivan fresas, manzanas, coliflor y flores. Se puede especular que un considerable número son inmigrantes indocumentados.

Tal vez el único evento histórico de relevancia que puso a Pajaro en el mapa, es que el 11 de mayo de 1903 arribó un tren con el entonces presidente Theodore Roosevelt quien hizo una breve parada en la estación y, tras un discurso de diez minutos, partió hacia Santa Cruz.

Lo que también hace que Pajaro aparezca en las noticias son los desbordes del río que esporádicamente inundan la ciudad, como ocurrió en 1995, 1997, 1998 y, ahora, en 2023. Una sucesión de eventos que claramente sugieren que el problema no es ninguna sorpresa.

Y no es una sorpresa porque la estructura de contención del río Pajaro fue construida en 1949 y, como aparece documentado en un reporte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, las paredes ya “no proveen un nivel de protección” adecuado.

En 1995, la inundación provocó dos muertes y perdidas que habrían llegado a casi $100 millones. Después la ciudad se volvió a inundar en 1997 y 1998. Y como para que no quede dudas sobre el patrón que surge, en enero de este año los residentes del Pajaro fueron evacuados porque parecía que nuevamente el río se desbordaría.

Trato discriminatorio

California tiene muchos ejemplos de desastres naturales. Pero ninguna de las inundaciones se compara con la ocurrida el 12 de mayo de 1928 cuando el Dique San Francisco se derrumbó provocando la inundación de los condados de Ventura y Los Ángeles.

Se estima que alrededor de 500 personas perdieron su vida. La mayoría, trabajadores del campo.

Algunos analistas llegaron a la conclusión que en este caso, como en otros similares, la inversión en infraestructura preventiva en comunidades con trabajadores con bajos ingresos (que en zonas rurales de California generalmente incluye un gran número de inmigrantes indocumentados), no es adecuada en comparación a las que se implementan en otras regiones más afluentes.

En el caso del Dique San Francisco, de acuerdo a reportes de la época, hasta el rescate de las víctimas fue limitado y, en ocasiones, deficiente. Por ejemplo, la Cruz Roja se opuso a intervenir y se dejó la tarea en manos de organizaciones comunitarias locales. Incluso, la Ciudad de Los Ángeles, que era responsable por la operación del dique, ofreció indemnizaciones mucho menores a los trabajadores latinos.

Reporte del auditor

Un reporte del auditor estatal que se hizo en 2019 de los condados de Butte, Sonoma y Ventura confirma que las autoridades californianas no han prestado suficiente atención y hasta ignorado a comunidades marginales que quedan vulnerables a incendios, inundaciones y otros desastres naturales.

“Durante un desastre natural, algunas personas tienen necesidades, conocidas como necesidades funcionales y de acceso, que no se pueden satisfacer con los métodos tradicionales de respuesta y recuperación ante emergencias”, dice en parte el reporte. “Estas necesidades funcionales y de acceso provienen de una variedad de circunstancias, como discapacidades, dominio limitado del inglés, desventajas de transporte y edad avanzada. Si bien todos son vulnerables durante un desastre natural, las personas con necesidades funcionales y de acceso son aún más vulnerables. Este informe concluye que, a pesar de la orientación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES), estos tres condados no han implementado adecuadamente las mejores prácticas para proteger a las poblaciones vulnerables, lo que puede poner a sus residentes en un mayor riesgo de daño durante futuros desastres naturales”.

En el caso de Pajaro, la inundación tiene menos de desastre natural que de descuido y negligencia humana. Parecería que fueron las autoridades las que, confirmando las conclusiones del reporte del auditor estatal de 2019, no tomaron las medidas preventivas necesarias para evitar el desborde.

De acuerdo a un artículo de opinión de los profesores Michael Méndez, de la Universidad de California en Irvine (UCI), y Manuel Pastor, de la Universidad del Sur de California (USC) que se publicó en Los Angeles Times, las autoridades habrían estado al tanto de las deficiencias de las paredes de contención pero no habrían hecho nada al respecto porque un análisis de costos los habría llevado a concluir que el impacto en una comunidad de tan bajos recursos no justificaría la inversión.

Newson visita Pajaro

El gobernador de California Gavin Newsom visitó Pajaro el 14 de marzo a fin de inspeccionar el alcance de los daños y afirmó que si bien se cuentan con los fondos para reparar la pared de contención, de acuerdo a los planes existentes se tardaría de 5 a 7 años.

“En base a esta experiencia, nadie tiene paciencia para esperar 5 o 7 años”, dijo Newsom. “Ahora nuestro trabajo es coordinar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para analizar nuevamente el proyecto y revisar los tiempos. Les aseguro que esas conversaciones ya están encaminadas”.

Las pérdidas para el sector agrícola son considerables; las pérdidas para los trabajadores del campo, aún mayores. El gobernador anunció que con fondos del Departamento de Agricultura y United Way habrá una asistencia de $600 para los trabajadores damnificados que, habría que recordar, muchos son indocumentados.

Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative.