Presidente Donald Trump / Maxpixel

En tres estados: Washington, Nueva York y California, jueces federales declararon ilegal la decisión federal del 14 de agosto de negar la residencia a inmigrantes legales que usen o podrían usar beneficios tales como Medicaid (Medicare en California), ayuda en la vivienda o estampillas de comida, o sea asistencia nutricional. 

Esa resolución era una declaración de guerra contra inmigrantes pobres y provenientes de América Latina y África. E iba a afectar también a miles de sus hijos nacidos aquí, es decir, que son ciudadanos estadounidenses. 

Las decisiones judiciales fueron emitidas días antes de que entrase en vigor la regla. Los demandantes fueron 21 estados y el distrito de Columbia.

Una vez más vemos que la justicia tiene que hacerse cargo de frenar los ataques sin sentido a la comunidad inmigrante por parte del Trumpismo.

Estos ataques no responden a una necesidad real, económica o política. Son decisiones tomadas en los niveles más altos del gobierno, es decir, en la cabeza de Trump, por razones propagandísticas, de conveniencia política inmediata y con el ánimo de azuzar las divisiones y el rencor en nuestra sociedad.

Están motivados por una ideología nativista, nacionalista y racista, que es la del Presidente. Contradicen la esencia o el espíritu del país del que formamos parte, la letra de la ley y especialmente la Constitución.

Pero el rechazo judicial a los excesos del Ejecutivo no ha sido completo. En varias instancias ha dejado pasar otras medidas antiinmigrantes del Trumpismo. 

Por ejemplo, el reciente recorte en el número de refugiados que EEUU acepta cada año, de 110,000 en 2016, 30,000 en 2018, a 18,000 este año.

O la manera indignante como se impide que miles de familias centroamericanas soliciten legalmente visas de refugiados, tratándolas como si fuesen criminales y violando sus derechos más básicos.

O la acumulación constante de nuevos requerimientos necesarios para aprobar visas de trabajo especializado (skilled-work visas), lo que causa enormes pérdidas a empresas de alta tecnología, hospitales y hoteles. 

Y todavía queda en pie la nueva y mucho más estricta directiva de Trump, anunciada por proclamación el 3 de octubre, de negar visas de inmigrantes que no pueden demostrar tener seguro de salud o poder pagarlo. Esta decisión, si no se frena, entrará en efecto el 3 de noviembre. 

Pero para frenar el ataque contra los inmigrantes y la comunidad latina, no alcanzan las demandas judiciales. Es menester combinarlas con la labor de los grupos de derechos civiles y activistas pro-inmigrantes en todo el país. Y redoblar los esfuerzos para que el 7 de noviembre de 2020 Trump sea derrotado en las urnas haciendo que quienes pueden naturalizarse lo hagan, se registren para votar y voten. 

Solo un esfuerzo conjunto, consecuente y permanente puede reducir el daño de este gobierno a nuestra sociedad. 

 

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