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Por un regreso a clases seguro

La presente ola de contagios, hospitalizaciones y muertes a causa del COVID-19 tiene efectos nocivos sobre todo el tejido de nuestra sociedad. La política, la economía, la tecnología, la cultura, todos esos aspectos tambalean bajo el peso de una pandemia que se creía contenida y que hoy parece descontrolada.

Pero el efecto más preocupante, tanto a corto como a largo plazo, es la crisis en la educación. 

En marzo de 2020, las escuelas cerraron sus puertas. Desde entonces, no han retomado su ritmo normal. 

Durante meses, los distritos escolares hicieron esfuerzos para mantener cierta disciplina, orden, programa. Se multiplicaron las clases en remoto. 

Pero muchos alumnos ni siquiera siguieron esos cursos y abandonaron el sistema escolar. 

Un millón de niños se dieron de baja, la tercera parte de ellos en kindergarten.

Y los padres vieron sus perspectivas de volver a trabajar en duda cuando deben cuidar a sus hijos pequeños en casa. 

Los estudiantes más vulnerables – de familias de bajos recursos, de inmigrantes, de minorías – están experimentando las mayores caídas en el aprendizaje. Son más propensos a abandonar la escuela. Sus perspectivas de estudiar en la universidad disminuyen. 

A esta altura, la brecha educativa se convierte en un abismo. 

Es urgente retornar al ciclo lectivo. 

Pero eso no puede hacerse como hasta ahora. 

Es que el COVID-19 no está derrotado. Falta mucho para ello. Cada día hay más contagios y hospitalizaciones. Lo que menos se requiere es bajar la guardia. 

Pero no hay una política nacional de educación; ni siquiera estatal. 

Tenemos gobiernos estatales que declinan encargarse de la reconstrucción del sistema educativo y echan la responsabilidad a los funcionarios de educación. 

Tenemos en el país 130,000 escuelas primarias, 25,000 secundarias (high school). Y en todas ellas toman decisiones que son a veces desesperadas; cierran temporalmente cuando un grupo de alumnos se contagia, o se obstinan en seguir. Cambian frecuentemente de política, están a la deriva, y quienes más sufren son los niños. 

Donde reina el caos los gobernantes eluden tomar riesgos y a ponerse del lado de la salud y la cordura. 

Se rinden ante la hostilidad que contra la ciencia y la medicina exhibe una minoría de padres, quienes en nombre de una supuesta libertad luchan contra las medidas indispensables para las vidas de sus hijos como mascarillas y vacunación. 

Algunos gobernadores – Florida, Texas, Arizona – hasta obstaculizan activamente los esfuerzos de las autoridades educativas y les prohíben proteger a maestros y estudiantes.

Esto no puede ser.  La reapertura de clases debería ser la primera prioridad de nuestra sociedad.  Pero para volver físicamente a las aulas se necesitan medidas de precaución mínimas. Vacunación completa, sistemática y ordenada de todos los maestros y personal.  Obligación de llevar mascarillas para docentes, personal y alumnos.  Distanciamiento social en las aulas. Tests frecuentes. 

Esto no es oponerse a que los chicos estudien. Por el contrario. Los niños y su educación son nuestro tesoro y nuestro futuro. 

Pero tenemos que cuidarlos. 

 

 

 

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