La seguridad alimenticia es también para inmigrantes

A partir de octubre, el beneficio mensual por persona para los beneficiarios calificados para el programa federal de estampillas de comida, clave para la seguridad alimenticia de la población, aumentará de $121 a $157, casi un 30% más que los niveles prepandémicos.

Eso es alrededor de $1.39 por persona por comida.

El mayor aumento de la historia

Por ejemplo, una familia con tres hijos que califican para el programa recibirá $450, una ayuda considerable. En ciertas circunstancias, el total puede llegar $234 por persona y hasta $782 para una familia de cuatro.

Se trata del mayor aumento en la historia del programa de ayuda alimentaria para familias necesitadas en nuestro país. El aumento es permanente y reemplaza un aumento de 15%,  establecido al comienzo de la pandemia del coronavirus y que vence el mes próximo. 

Hoy, 42 millones de estadounidenses califican para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP por sus siglas en inglés. 

Aproximadamente el 10% de la población, o 22.5 millones de personas, informaron que a veces o con frecuencia no tienen suficiente para comer semanalmente, según la reciente encuesta de hogares publicada por la Oficina del Censo. 

Y esta ayuda se agrega al cheque de estímulo de $1,400 para decenas de millones de estadounidenses y el Crédito Tributario por Hijos, 

Ambos están contenidos en el nuevo plan de estímulo económico de $1.9 billones firmado recientemente por el presidente Joe Biden.

Un grave defecto

Sí, se trata de una buena noticia para muchas familias de nuestra comunidad que han sido especialmente afectadas por la crisis económica que las privó de fuentes de ingreso mientras los precios de los alimentos siguen subiendo. 

“Ningún niño en Estados Unidos debe pasar hambre”, tuiteó el secretario Tom Vilsack al anunciar el aumento, “el American Rescue Plan brinda asistencia nutricional a millones de familias estadounidenses que padecen inseguridad alimenticia.

Pero el plan tiene un defecto grave. No rige para los inmigrantes indocumentados, e incluso para ciertas categorías de inmigrantes legales, aunque sí para sus hijos si son nacidos aquí y por ende, ciudadanos estadounidenses. 

Se trata de millones de personas que han trabajado aquí por años y y que han pagado sus impuestos, por los cuales no reciben ningún tipo de beneficio.

Es como si las familias de inmigrantes no pasasen hambre. Es al contrario, porque están entre quienes inicialmente tenían los más bajos ingresos y también entre quienes más perdieron trabajos.

Son a quienes más amenaza la pobreza y en consecuencia, el hambre. 

Tarea de los estados

En estas circunstancias, recae sobre los estados la responsabilidad de prevenir el hambre para toda su población necesitada, independientemente de su estado migratorio. 

California postergó la acción al respecto. En negociaciones con el gobernador, cayó una propuesta demócrata. De haber sido aprobado, éste abriría el programa a toda la población a partir de 2023. Ahora, a un costo de $51 millones, la Legislatura sólo propone cambios en el proceso de registración. Y solamente para cuando, en algún futuro, estos residentes puedan solicitar las estampillas de comida. El dinero es para uso de programación y planificación.

Es una decisión que ignora que casi medio millón de trabajadores del campo en California ayudan a alimentar a todo el país. 

Sin embargo, es un paso adelante. Porque en otros estados esta población es totalmente ignorada y abandonada a su suerte. Esto preocupa, ya que los criterios de implementación de SNAP dependen de los estados y no del gobierno federal, y muchos de éstos toman sus decisiones con base en consideraciones políticas – es decir, sus posiciones antiinmigrantes – y no en el bienestar de toda su población. 

Inmigrantes sin seguridad alimenticia

Esta discriminación de millones de seres humanos se agrega a que los inmigrantes no califican no solo para estampillas de comida, sino también para los beneficios de desempleo. Aunque muchos empleadores que contratan a personas indocumentadas pagan al sistema de seguro de desempleo. Tampoco recibieron ayuda federal por la pandemia – incluyendo ciudadanos que estén emparentados con los inmigrantes. 

Los intentos de ampliar la ayuda a los inmigrantes se topan con la férrea oposición de políticos republicanos, que ven todo como un camino a lo que llaman “amnistía”. Pero no es amnistía prevenir que personas que ya viven aquí desde hace años pasen hambre. 

Pero además preocuparse por la seguridad alimenticia de los inmigrantes es lo justo, la ayuda a toda la población tiene un importante componente económico. Porque cuando los trabajadores ganan, ganan las tiendas, supermercados, estaciones de servicio y talleres y en general empresas locales que necesitan aumentar sus ventas, gracias al poder adquisitivo de los consumidores, aunque sean inmigrantes.