La hostilidad oficial hacia los inmigrantes se expresa también en los desalojos
Durante la pandemia del COVID-19, entre 2019 y 2022, como en toda crisis histórica, se pusieron de manifiesto las hondas diferencias sociales, económicas, culturales y políticas que aquejan la sociedad estadounidense. La división partidaria llegó a paroxismos con la emergencia del partido de la Ignorancia y la Crueldad, con su rechazo a las vacunas, los tratamientos y el mismísimo reconocimiento de que el COVID existía.
Lamentablemente el extremismo solo ha cobrado nuevas formas y exacerbado a partir de entonces.
Detrás del baile político estaba la crisis económica continua de la cual sufrían millones de residentes de nuestro país, que de pobres pasaron a ser paupérrimos, a la merced de la caridad pública y de las ayudas que llegaban de los gobiernos.
De todos los grupos, los inmigrantes indocumentados estuvieron en el fondo del tarro de los orejones.
El término «El fondo del tarro de orejones», me dice la Inteligencia Artificial, se refiere a “una persona o cosa insignificante o que no cuenta para nada”, existe solo en el Río de la Plata – en la Argentina y Uruguay. De ahí lo tomo. Pero la alusión se entiende: en el fondo de la escala social, de las prioridades de ayuda, de la atención pública, de los proyectos multimillonarios, están los indocumentados, los sin papeles. Pero están a la cabeza cuando se trata de hostilidad, represión, demonización y deportación.
Existe en el país y particularmente en California un nivel poco discutido de discriminación contra renteros indocumentados, con desalojos de viviendas en condiciones insalubres, pocilgas por las que todavía tienen que pagar y en donde viven hacinados… y de donde los desalojan cuando no pagan. Un abuso sobre el cual no existen estadísticas oficiales.
Dicen los datos de Eviction Lab, un centro de estudio sobre los desalojos y la vivienda de la Universidad de Princeton, que cada año 2,7 millones de familias se ven forzadas a dejar su hogar por el eviction.
El número cayó en picada durante la pandemia, porque, como se recordará, se decretaron moratorias de desalojo. Si bien beneficiaron a quienes no podían pagar la mensualidad de su vivienda, las moratorias perjudicaron especialmente a los pequeños propietarios de una a cuatro unidades de alquiler, que tuvieron que seguir pagando las hipotecas, los impuestos y los gastos de mantenimiento sin recibir un centavo de inquilinos que podían ahora no pagar si no querían, con solo blandir una declaración de impacto económico por COVID-19 enviada por escrito al arrendatario.
Cuando finalizó oficialmente la pandemia se terminaron también las prohibiciones de desalojo. “Los caseros”, dice Eviction Lab en su estudio de las 25 principales ciudades del país, “han iniciado al menos un millón de procesos de desalojo, un aumento del 79% desde el 2021”, en poco más de un año.
Al terminar la emergencia, se estimaba que había en el Condado de Los Ángeles 252,680 familias con rentas atrasadas, que debían – deben – un total de 665,000 millones de dólares. En esas familias hay 166,700 niños. La deuda por cada familia es de un promedio de unos $2,600.
El 1 de agosto de 2023 se terminaron las protecciones después de la invalidación por parte de la Corte Suprema de la moratoria federal de desalojos de emergencia. Cuan do se anunció aquí en Los Ángeles se pronosticó un sombrío panorama de familias echadas a la calle “si se atrasaron en los pagos de la renta debido a la pandemia, entre marzo de 2020 y septiembre de 2021”
Más de un millón de casos de desalojo en siete meses. El número es de una magnitud extraordinaria, lo que muestra el fracaso rotundo de la política oficial de supuestamente prevenirlos.
Es una crisis creada artificialmente que hizo que no pagar el alquiler se transformase casi en norma, especialmente para quienes incluso antes del COVID tenían problemas para hacerlo.
La ayuda de los gobiernos
No tenemos números de inmigrantes indocumentados que terminaron en la calle. De todos modos, los gobiernos locales en el estado se organizaron para prestar todo tipo de ayuda. La ciudad de Los Ángeles estableció el sitio de internet Housing y el teléfono (866) 557-7368 para solicitar asesoría.
Entre el condado de Los Ángeles, la ciudad y proveedores de servicios legales y comunitarios establecieron la asociación Stay House L.A. o SHLA, Como su nombre lo indica, se dedica a brindar información y recursos para mantener a las personas en sus hogares. Especialmente información. Así, el sistema de las cortes estatales difundió un documento de 175 páginas llamado “Guía para inquilinos de California”.
Gran parte de la ayuda se ha limitado a crear un puente de entendimiento entre las corporaciones, los abogados demandantes y las agencias de inmigración y las policiales y las familias de inmigrantes latinos, muchos de los cuales hablan poco inglés (en algunos casos ni siquiera hablan español).
La Oficina de Asuntos para Inmigrantes del condado de Los Ángeles también suministró ayuda similar, publicando mapas de los centros de ayuda para inmigrantes en temas de vivienda.
A nivel estatal el portal Housing Is Key “proporciona información sobre los derechos de los inquilinos, cómo obtener asistencia legal y otras preguntas frecuentes relacionadas con retrasos de renta debido a la pandemia”.
La actividad del estado en ayuda de los inquilinos – no necesariamente inmigrantes, o inmigrantes recientes – también incluye una ley que pone ciertas condiciones al derecho de los propietarios de alegar que quieren mudarse a las viviendas o hacerle refacciones como truco para poder evacuar a los inquilinos y volver a alquilar los predios a precios más altos. El gobernador Gavin Newsom la firmó este 1 de octubre.
Finalmente, a nivel nacional según el National Equity Atlas, existen hoy casi seis millones de hogares atrasados en el pago del alquiler, incluidos en ellos unos siete millones de niños.
Aquí la información es un poco más detallada porque divide por razas y etnias a quienes sufren de “inseguridad en la vivienda” – es decir, de no saber si tendrán casa mañana. Entre los blancos es del 32%. Para nativos americanos, 41%, luego para los latinos 45% y los afroamericanos lideran don 48%. Prácticamente la mitad de la comunidad.
Entre los renteros atrasados, el 65% no utilizó su derecho a pedir ayuda federal. El 11% recibieron, 10% siguen esperando y el 13% de los pedidos fueron rechazados.
Las familias latinas inmigrantes son especialmente vulnerables en esta crisis y su situación está empeorando. Los gobiernos federales y estatales deben intervenir para cumplir con su deber que es velar por el bienestar de la población general.
Este artículo fue financiado total o parcialmente por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y Latino Media Collaborative.
This article was supported in whole, or in part, by funds provided by the State of California, administered by the California State Library and the Latino Media Collaborative
