Una California rural contra el odio
Los crímenes de odio contra minorías sigue siendo una creciente preocupación, inclusive en condados rurales del estado de California. Las situaciones de discriminación y racismo van desde la escuela al trabajo y desde la vivienda a los lugares públicos. Ante esta situación, muchas víctimas no saben cómo actuar, o no denuncian los crímenes de odio por desconfianza o miedo a las autoridades.
Sobre este tema, el viernes 17 de enero, Ethnic Media Services (EMS) organizó la conferencia de prensa “Explorando cómo las comunidades minoritarias experimentan el odio y pueden obtener apoyo en las zonas rurales de California”.
Sandy Close, directora de EMS y moderadora del evento, comenzó destacando que California “tiene una mayoría de minorías, incluida la población inmigrante más grande del país. Pero a pesar de su multiculturalismo, en algunas partes de la California rural predominantemente blanca, las minorías étnicas experimentan el racismo como un hecho cotidiano de la vida y afirman sentirse demasiado aisladas y desconfiadas del gobierno local como para denunciarlo. En mayo de 2023, el estado lanzó una línea directa y una red de recursos, el programa California contra el odio, para abordar un fuerte aumento de los delitos de odio contra minorías raciales y étnicas, que según los datos estatales casi se han duplicado desde 2019″.
Primer programa de este tipo en la historia
El primer orador en tomar la palabra fue Kevin Kish, director del California Civil Rights Department, quien destacó que el programa de California contra el odio (CA vs Hate) es el primero de su tipo en la historia del estado e identificó sus objetivos: ayudar a las personas y comunidades que son objeto de odio, denunciarlo e identificar opciones para los próximos pasos. Es decir, no se trata solo de una línea directa en la que la gente le cuenta al gobierno lo que les sucedió.
Según el director del Departamento de Derechos Civiles, es una herramienta para conectar a las personas que experimentan odio con recursos culturalmente competentes. Kish detalló: “Conectamos directamente a las personas que nos llaman o que informan en línea con recursos, si eso es lo que quieren. Lo llamamos servicios de coordinación de la atención, es conectarlos con los proveedores de servicios. Podemos ayudarlos a hablar con la policía si quieren, pero los servicios incluyen servicios legales, asesoramiento y recursos de salud mental, asistencia financiera y conexiones con todo tipo de organizaciones comunitarias del estado”.
Algo importante que remarcó Kish es que no se trata solo de una línea directa o un recurso de las fuerzas del orden. “Sabemos por investigaciones que los delitos de odio no se denuncian –continuó-, porque las víctimas saben que si denuncian no sucede nada, a veces porque ni siquiera saben si lo que les sucedió es un delito denunciable, a veces hay barreras lingüísticas, o porque tienen miedo, por su estatus migratorio o por distintos motivos, y en el caso de comunidades indígenas, podría ser por problemas jurisdiccionales”.
En este sentido, Kish fue enfático: “Nosotros no somos agentes de la ley, la persona no tiene que revelar su identidad si no quiere, y menos su estatus migratorio, ni siquiera desde dónde nos contacta, estamos para ayudar a todos, en cualquier lugar de California e, incluso, si están en otros estados”.
En cuanto a los resultados, el funcionario del gobierno dijo que en el primer año recibieron más de mil denuncias de odio y dos tercios de esas personas no solo denunciaron, sino que pidieron ayuda y acordaron un seguimiento del caso.
Kish concluyó diciendo que California contra el odio “es parte de nuestro trabajo para construir una California para todos, porque todos tenemos derechos civiles. Todos tenemos derecho a estar libres de odio y violencia. Y todos tenemos derecho a acceder a la ayuda, por lo tanto, si ha sido objeto de odio, o si es testigo de un acto de odio, puede llamar a nuestra línea directa, 833-8-NO-HATE (833-866-4283), que es una línea directa abierta de lunes a viernes de 9 am a 6 pm. Podemos atender en más de 200 idiomas, o también se puede denunciar en línea en el sitio cavshate.org en 15 idiomas.
Sobre la estrategia de comunicación, Kish remarcó la obligación de llegar a las personas con información. Y agregó: “A veces la gente se informa a través de medios tradicionales, a veces por redes sociales. Pero cuando hablamos específicamente de comunidades de inmigrantes, que no hablan inglés, nada reemplaza esa voz confiable que muchos de ustedes brindan en las publicaciones étnicas, y es importante no informar una vez sobre estos temas, sino seguir corriendo la voz porque la gente no busca información hasta que les sucede”.
La educación como arma
La siguiente oradora fue Kim Stoll, comunicadora de la comunidad Miwok, de ShingleSpring en el condado de El Dorado. El Dorado está al norte de Sacramento, y el 74% de su población es blanca. Menos del 2% son nativos americanos.
Stoll comenzó destacando que hace 12 años que trabaja con esta comunidad, en un ambiente conservador. “Creo que es muy importante la educación, y lamentablemente todavía en las escuelas se les sigue enseñando a nuestros niños que Colón salvó a los indios”, dijo. Y puso otro ejemplo: “Lo mismo ocurre con la fiebre del oro y cómo se enseña. Hace años hubo un evento sobre el lavado del oro y nos pidieron que participáramos, dijimos que sí, pero que nos gustaría explicar la verdad sobre la fiebre del oro, que fue devastadora para los nativos americanos. Ahí se terminó todo y no nos permitieron participar”.
En cuanto a la discriminación, Stoll contó que en una ocasión mandaron a hacer carteles identificatorios de la comunidad para poder aparcar los autos, pero varios miembros se negaron por miedo a represalias contra los mismos autos.
Miedo a ser deportados
Gaonu Vang, de Hmong Innovating Politics (HIP), recordó que en California hay más de 107 mil integrantes del pueblo hmong, sobre todo en los condados de Fresno y Sacramento. Esta comunidad llegó a Estados Unidos durante y después de la Guerra de Vietnam y en todo el país hoy son más de 300 mil, muchos de ellos ya nacidos aquí.
En torno a la discriminación y segregación, Vang destacó que hay cerca de 4,500 de estas personas que tienen órdenes de deportación a Laos por algún tipo de delito, ya sea pequeño o grande, que puede permanecer en vigor en su registro durante décadas, incluso después de que hayan cumplido su condena y hayan sido liberadas. “Esas personas están en constante preocupación y no saben sus derechos o cómo defenderse”, remarcó.
Además, Vang dijo que uno de los temas de la entrante administración Trump es pedir a Laos que acepte más deportados, y que también existen programas similares con Camboya y Vietnam. “Esto afecta profundamente a nuestras comunidades, perpetrando aún más la estigmatización, los estereotipos y la xenofobia extrema a los que nos enfrentamos, además de otros problemas que enfrentamos, como el derecho a la vivienda y el acceso a la salud reproductiva”, agregó.
En este punto, la moderadora preguntó si desde el programa California contra el odio tienen desglosados los datos de quienes denuncian crímenes de odio, a lo que el funcionario respondió: “Analizamos 560 casos y la mayoría de las denuncias se basan en la etnia, con un 35%. Dentro de esa categoría, el sesgo anti afroamericano es el 27%, seguido del sesgo anti-latino con cerca del 15% y el anti-asiático con aproximadamente el 14%. Después de la etnicidad, las categorías más comúnmente citadas fueron la orientación de género y la orientación sexual”.
Las redadas afectan la producción
Luego se mostró un video con testimonios de trabajadores agrícolas indocumentados de la localidad de Poplar, del condado de Tulare. Los testimonios fueron grabados luego de una redada de las autoridades migratorias.
Una mujer llamada Mari Pérez comentó: “Estamos viviendo con ansiedad, muchos amigos y familiares han sido detenidos por ICE”.
En el segundo testimonio, Alberto Calleja dijo: “Estamos con miedo, no podemos ir a trabajar, a comprar comida, a lavar la ropa, porque si me encuentran, tal vez me arresten”.
En un tercer testimonio de Carlos Sánchez reconoció que “la gente no va a las tiendas por el miedo, muchos niños tampoco van a la escuela”.
En tanto, Silvia Almanza también alegó que “los negocios están vacíos y eso afecta la economía”.
Mari Pérez agregó: “Los contratistas nos dicen que los campos están vacíos porque los trabajadores no van por miedo, y eso se siente en la economía local. Y si esto continúa así, creo que el impacto se sentirá incluso más allá del ámbito local. Creemos que va a afectar los precios de los alimentos si continúan estas redadas”.
Odio contra personas trans
La última oradora en la conferencia de prensa fue Marlene Thomas, del Imperial Valley Social Justice Committee, en la zona fronteriza con México, donde hay una comunidad multiétnica con mayoría de latinos.
Ella destacó: “El odio está en todas partes y nuestra comunidad rural fronteriza no es diferente de las ciudades. Lo que vemos en nuestra zona es un especial odio contra la comunidad trans. Hay mucho odio en las escuelas, acoso e incluso asesinatos. Hemos tenido asesinatos en el valle contra miembros de la comunidad trans, y las fuerzas del orden tienen un papel en esto, porque a pesar de ver los datos sobre el aumento de los crímenes de odio, no han hecho lo suficiente para responsabilizar a los perpetradores”.
Por último, remarcó la necesidad de trabajar en informar y concientizar a las comunidades. “Nosotros damos talleres sobre derechos civiles, qué hacer si te detiene la policía o la patrulla fronteriza. Pero no es suficiente. Necesitamos elaborar un plan estratégico para llevar la información a las personas. Para mí, eso es lo más importante: concienciar a nuestra comunidad”, concluyó Thomas.
Para cerrar la conferencia de prensa, Kevin Kish dijo: “El odio no es algo nuevo, el miedo no es nuevo, pero el programa California contra el odio sí es algo nuevo, es un recurso que nunca antes había existido”.
