Suprema Corte debería defender a la ciudadanía de las corporaciones

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia comenó a encarar una disputa de importancia histórica. El tribunal es la instancia última y decisiva en el asalto que una serie de corporaciones y organizaciones conservadoras como New Civil Liberties Alliance (NCLA), el Cause of Action Institute y otras, han estado por años lanzando contra las agencias federales encargadas principalmente de las protecciones ambientales y del consumidor. 

Así como ha obrado al anular el derecho de la mujer al aborto y prohibir que se tomara en cuenta la raza del estudiante en las admisionces en la educación superior, la súper mayoría conservadora  podría de un plumazo quitar al ejecutivo el poder de emitir regulaciones que interpreten las leyes del Congreso y que desarrollen las reglas, regulaciones detalladas e indicaciones específicas que guían la actividad diaria en todos los ámbitos de la vida. 

Los demandantes representan a quienes aborrecen toda regulación que interfiera con su lucro por más que ofrezca protección a la población. 

Recordemos que por más detalladas que sean sus leyes, los congresistas no se inmiscuyen en los aspectos administrativos, en casos específicos o en la implementación de cada parte de estas. Dejan gran parte de esta tarea a las agencias del poder ejecutivo, que son las que contribuyen con su experiencia, su independencia y su especialización. 

En cambio, el tribunal podría reclamar ese derecho de interpretación exclusivamente para el poder judicial, que claramente carece de esa experiencia y que no se encarga de administrar el país. 

Especialmente preocupa esta alternativa porque a diferencia de los tribunales los organismos ejecutivos son políticamente responsables y deben rendir cuentas. Si no nos gusta algo que haga este tribunal, no tenemos en la práctica modo de revocarlo. 

La Suprema Corte podría establecer que cualquier cambio en esa interpretación debe emanar del Congreso, minando aún más el poder de la presidencia. 

Este conflicto emana del hecho de que las leyes pueden tener significados diversos. En la práctica los órganos del gobierno dirimen esas ambigüedades, tal como lo aprobó la misma corte hace 40 años en una decisión llamada la Deferencia de Chevron. 

La nueva decisión cuando se adopte, último escalón de una campaña de años, disminuirá la capacidad del gobierno de proteger al público en temas como la calidad del aire o el agua, medicamentos o alimentos o seguridad financiera. 

Cuando se trata de proteger a las familias, a los consumidores, a los contribuyentes, se requiere que el gobierno tenga el poder de responder efectivamente a cualquier atentado contra sus derechos. Para eso está. 

Pero tal como parece ahora, la Corte Suprema está en camino de cancelar el Precedente Chevon. Aumenta esta inquietud el que la jueza liberal Ketanji Brown Jackson se haya recusado del caso porque ya había participado en él como parte de un tribunal federal de apelaciones.

Si así sucediera, en el futuro las agencias federales se abstendrán de solucionar problemas y hará que por cualquier duda esperen instrucciones del Congreso o del tribunal. 

Es una receta segura para paralizar la tarea reguladora y protectora del ejecutivo.