Urge modificar el sistema carcelario en una sociedad que presume de democrática
Estados Unidos es el país que más encarcela a su pueblo en todo el mundo (2.2 millones de presos). No es Rusia (418,000), ni China (1.6 millones, pero el triple de población que EE.UU.), países considerados –por los medios occidentales- como sistemas opresores donde la libertad de expresión está condenada por el gobierno.
De los más de dos millones de presos en el país, California tiene el segundo sistema carcelario y que más encarcela a sus residentes (115,000); sí, el estado que se dice ser uno de los más liberales y progresistas de toda la nación. Solo Texas lo aventaja (154,479).
Entre la población carcelaria en California, las personas detenidas que más predominan desproporcionadamente son las minorías, particularmente los afroamericanos; aunque los latinos no nos quedamos atrás. No obstante, no es que algún grupo sea más violento que otro. Hay que considerar todo el contexto económico y social, las oportunidades, pero principalmente el sistema judicial.
Desafortunadamente, en los últimos 30 años ha habido un encarcelamiento masivo a nivel nacional; desde que Bill Clinton firmó la ley Violent Crime Control and Law Enforcement Act, en 1994, mientras Joe Biden –como senador- aplaudía y convencía a sus colegas de la importancia de apoyar la medida. Con la aprobación de esta ley, se incrementaron los delitos considerados graves, aumentaron las sentencias y se empezaron a multiplicar las cárceles en todos los estados.
En California, en ese mismo año, en medio de un ambiente de racismo con la Prop. 187 de Pete Wilson, se aprobó la ley de Tres Delitos. Esta ley permitió a los fiscales incrementar las sentencias a los detenidos y en muchas ocasiones condenarlos de por vida.
Hoy el estado Dorado tiene 35 prisiones con poco más de 100,000 detenidos, aunque ese número se redujo por la pandemia, ya que los condados debieron disminuir esta población para evitar contagios y muertes.
El 98% de los sentenciados en el estado con agravantes son latinos y afroamericanos, mientras que la gente pudiente, que puede costear abogados privados, en muchas veces con todo y delitos comprobados, no llegan a la cárcel, y si lo hacen, con sentencias muy disminuidas.
George Gascón, el nuevo fiscal del condado que ganó las elecciones el año pasado, quiere cambiar el sistema carcelario masivo que actualmente está enfocado contra los pobres y las minorías étnicas. Su objetivo es desarrollar un sistema más justo que no sea solo de castigo, sino también de prevención y reforma.
Otros cambios que ya han sido aprobados por la corte es la eliminación de las condenas perpetuas de las sentencias y no juzgar a un menor de edad como adulto. La lucha para que se eliminen los agravantes en la ley de los Tres Delitos continúa, aunque el fiscal Gascón ha dicho sentirse seguro de que lo logrará.
Este objetivo de Gascón de hacer más justo el sistema carcelario en Los Ángeles responde a los residentes que votaron por él. Pero más importante que ello es que es lo moralmente correcto. Urge un cambio, si queremos seguir presumiendo que vivimos en una sociedad donde la democracia y la justicia prevalecen.
Agustín Durán es el editor de Metro del periódico La Opinión; originario de Ciudad de México, residente de Los Ángeles desde 1992.