Venezolanos: Una Suprema Corte timorata y asustada de su propia sombra

La Corte Suprema de Justicia permitió ayer al presidente Donald Trump revocar el estatus de protección de al menos 350,000 venezolanos que lo obtuvieron hasta 2023 de venezolanos para así hacerlos sujetos a la deportación. 

De los nueve prelados, solo la jueza Ketanji Brown Jackson se opuso a la decisión.

El máximo tribunal revirtió una decisión de un juez federal que había bloqueado el plan del gobierno. 

Técnicamente, el juzgado no eliminó el TPS sino que permitió levantar su protección mientras el caso se litiga en tribunales inferiores.

La protección de los venezolanos fue inicialmente establecida por el entonces presidente Joe Biden en marzo de 2021 en vista del deterioro de las condiciones humanitarias y económicas bajo el régimen de Nicolás Maduro. 

Y en enero de este año, 10 días antes de la toma de poder de Trump, la administración prolongó este TPS por 18 meses más, hasta el 2 de octubre de 2026. 

Ya en su cargo, la Secretaria de Seguridad Interna Kristi Noem revocó la exención, medida que a su vez fue detenida por el juez Edward Chen, que la caracterizó de “huele a racismo”. 

La postura de Noem contrasta con la bienvenida como refugiados que el gobierno extendió a un grupo de afrikáners blancos alegando sin evidencias que sufren persecución y peligro de exterminación.

Fueron acogidos después de que Trump suspdendió el estatus de refugiados para todos los demás, incluyendo para miles de africanos negros que han estado esperando por años en campos de refugiados y otros tantos afganos que apoyaron al ejército estadounidense durante su invasión. 

En cuanto al estatus de protección temporal (TPS), se otorga desde 1990 a los nacionales de ciertos países que enfrentan condiciones peligrosas en sus países de origen. Permite a los beneficiados quedarse legalmente en el país y trabajar. 

Los otros países beneficiados son Afganistán, Birmania, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen.

Los venezolanos que entraron al país confiando en que se cumplirían las promesas y huyendo de un régimen dictatorial y una catástrofe económica ahora están a la deriva. Otros 250,000 temen que sus permisos de estadía que originalmente iban a vencer en septiembre se anulen de inmediato. 

Unos 607,000 entraron al país en los últimos cuatro años amparados por el TPS, para una comunidad local de 770,000 venezolanos. 

La decisión de ayer contrasta fuertemente con la de la semana pasada, cuando la misma Corte Suprema, por 7 contra 2, mantuvo el bloqueo de la expulsión de venezolanos acusados de ser pandilleros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Aquella decisión causó la protesta del Presidente, quien escribió en su plataforma social Truth que “¡LA CORTE SUPREMA NO NOS PERMITE SACAR A LOS CRIMINALES DE NUESTRO PAÍS!”.

El TPS es, como su nombre lo indica, temporal y su extensión por el Departamento de Seguridad Interna depende de las condiciones en el país de origen y de los intereses fluctuantes de Estados Unidos. 

De la misma manera, las decisiones de la Suprema Corte de ayer son también temporales: técnicamente, los jueces devolvieron las deliberaciones a un tribunal de Apelaciones para que determine si la aplicación de la ley de 1798 es legal y designe cuánto tiempo de aviso se tiene que dar a los seleccionados para la deportación. 

Pero la decisión de ayer nos muestra una Corte Suprema timorata, atemorizada por su propia sombra, que hace malabarismos para evitar ser objeto de la ira del mandatario.

Es una corte además profundamente dividida, donde cae la camaradería que la caracterizó por décadas y aumenta el encono interno. Los disidentes de ambos lados critican amargamente a la mayoría y aprovechan oportunidades para avanzar públicamente su protesta. 

Los jueces parecen no darse cuenta que de no reaccionar a tiempo, el poder judicial se convertirá en un sello de goma del ejecutivo.

Al permitir que Trump revoque el TPS de un grupo sin tomar en cuenta los motivos que llevaron a su aplicación, la Corte Suprema abre la puerta para que grupos adicionales lo pierdan sin deliberación, apelación o justificación.