Advertencia: “Primero se llevaron a los inmigrantes”

En los primeros 100 días de su segundo gobierno, Donald Trump eliminó o debilitó muchas de las agencias federales que prestan servicios de primera necesidad a los residentes de todos los estados. Miles y miles de empleados federales, en su mayoría profesionales, fueron despedidos o suspendidos hasta nuevo aviso. 

Con la unidad DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) de la Casa Blanca bajo el mando de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, como verdugo, el gobierno ha rescindido contratos para iniciativas de cambio climático, diversidad, protección del medio ambiente, salud pública, protección del consumidor, ayuda internacional, investigación científica y supervisión gubernamental en la lucha contra la corrupción. Una multitud de contratos que benefician a Musk quedaron intactos.

Planes para desfinanciar el Seguro Social y Medicare están en avanzadas etapas de planificación. 

Registros públicos fueron eliminados o modificados en sitios y bases de datos federales.

Todo esto lo hizo el Presidente Trump bajo el supuesto propósito de reducir gastos innecesarios, castigar la corrupción gubernamental y ahorrar fondos. En lo político, se trata en verdad de la eliminación a toda velocidad de los elementos principales del estado social y una transformación sin antecedentes de la estructura nacional para concentrar en sus manos la suma del poder. En la práctica, se trata de la transferencia de fondos para pagar por el recorte de impuestos a los más ricos e imponer soluciones de privatización y principios de lucro en lugar del cumplimiento del contrato social que rige en todos los países civilizados. 

Pero donde no ha ahorrado es en la guerra declarada contra los inmigrantes, especialmente los de piel morena. 

Así, mientras se anuncia la inminente llegada del primer grupo de 54 supuestos refugiados afrikaans blancos de Sudáfrica, se multiplican las historias de familias divididas, residentes legales e incluso ciudadanos que fueron deportados, operativos militares contra civiles desarmados, expropiación de una línea fronteriza de 60 pies para entregarlos al Pentágono para así justificar la participación inconstitucional de las fuerzas armadas en la persecución y ahora, el envío de deportados sin debido proceso legal a países peligrosos como Libia y El Salvador. 

Agentes de civil, encapuchados y armados, con vehículos sin placas, están deteniendo gente en las calles y haciéndolas desaparecer por días sin aviso a sus familias. Se ensañan con estudiantes internacionales, que están aquí legalmente. 

Han ofrecido públicamente $1,000 dólares a aquellos indocumentados que se “autodeporten”, pero una vez que estén fuera del país, no existe ni está en preparación un mecanismo de pago para ellos. 

Una proclamación presidencial amenaza con “el embargo de salarios; y la confiscación de ahorros y bienes personales, incluyendo casas y vehículos”, acciones de dudosa legalidad, contra indocumentados.

A todo esto han sido confinados decenas de miles de personas en olas de arrestos sin precedentes en el interior del país, detenidos sin juicio en instituciones carcelarias privadas que no cumplen con los requisitos legales de prestaciones de salud, alimentación e higiene, como lo detalla la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en múltiples demandas judiciales varadas en las cortes.  

A esto se agrega la detención de la jueza Hannah Dugan de Milwaukee, el arresto del alcalde de Newark Ras Baraka por soldados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y su acusación de cargos espurios, y el acoso a periodistas que cumplen su tarea de informar, entre otros desmanes.

Para asegurar el flanco legal de esta estrategia, la Administración ha invocado leyes arcaicas que fueron legisladas sola y exclusivamente para uso en tiempos de guerra. Define la inmigración ilegal por la frontera sur como una “invasión” militar y de esa manera opera sin control el cambio más radical en la política de control de inmigración de la historia del país. La Ley de Enemigos Extranjeros  de 1798 es puesta en práctica para inventar situaciones bélicas inexistentes y tender el campo ideal para desatar una ola de abusos con motivación política, como lo define el Centro Legal Brennen. 

Finalmente, el arquitecto de la guerra contra los inmigrantes y vicejefe del Gabinete, Stephen Miller, anunció que el presidente Trump busca la suspensión del recurso constitucional de habeas corpus, que permite a las personas impugnar su detención en los tribunales.

De manera amenazante e indigna como funcionario no electo, Miller sostuvo que la suspensión del habeas corpus “depende de si los tribunales hacen lo correcto o no”, o sea, si se rinden a los caprichos de él y del Presidente. 

Pero encabeza la lista de acciones sin otro sentido que mostrar crueldad e intimidar a las familias migrantes el anuncio por la Casa Blanca, este viernes, del reclutamiento de 20,000 agentes migratorios en el Departamento de Seguridad Interna (DHS) para acelerar aún más las expulsiones.

Estos nuevos efectivos a contratar serán “agentes del orden público estatales y locales, ex agentes federales, agentes y personal de otras agencias federales y otras personas,” según la orden presidencial.

Se agregarán a los 6,100 agentes federales exclusivamente dedicados hoy a identificar, aprehender y deportar inmigrantes. El personal de ICE totaliza 21,000 empleados federales. 

Y miles de soldados de las Guardias Nacionales y las policías estatales de varios estados, ya están cooperando en estas acciones. 

En ningún documento se detalla de dónde procederán los fondos para financiar este operativo. Especialmente cuando DHS está entre los principales blancos del desfinanciamiento. 

Pero miles de millones de dólares que se “ahorran” de servicios públicos se reservan para tal fin.

El trasfondo de este torrente de acciones agresivas e inmediatas es la evidencia que Trump está convencido que ganó las elecciones por su insistencia interminable en el peligro inminente a la vida de sus simpatizantes por culpa de los inmigrantes ilegales, que son criminales, violadores, asesinos, etc. Y cuantos más obstáculos se acumulen en su camino no solo en este tema sino en todos los de su presidencia, con más énfasis, decisión y crueldad empujará el tema. Después de todo, prometió deportar hasta fin de este año a un millón de personsas y un millón más cada año. Aunque el número real de indocumentados es imposible de saber, el Migration Policy Institute (MPI) lo calcula en 13,7 millones en 2023 y el Pew Research Center en 11.0 million en 2022; Trump lo agiganta a entre 15 y 20 millones – dependiendo de quién lo está escuchando y más: «Millones y millones y millones».

Trump y Miller avanzan a pasos gigantescos hacia el establecimiento de un estado que tiene ribetes potenciales de policial, autoritario y antidemocrático, que en estos momentos apunta a los inmigrantes latinos, asiáticos y africanos, porque primero se llevan a los migrantes sin papeles, pero que establece un mecanismo de represión adecuado para victimizar en un futuro no lejano a todo aquel que se les oponga.