Argentina: un Día de la Memoria diferente
Argentina de nuevo rememora, en el Día de la Memoria, a las víctimas de la dictadura cívico-militar de la década de 1970. Ahora lo hace en un contexto político diferente. Los esfuerzos y logros de la comunidad de derechos humanos han comenzado a ser revertidos. Una nueva administración de gobierno reclama que estos derechos no parecen ser una política de estado prioritaria.
Un estado terrorista
Aunque las organizaciones internacionales y el mundo académico hace tiempo definieron al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional como un estado terrorista en el que se violaron los derechos humanos de hombres, mujeres y niños, algunos sectores ultraconservadores de la coalición neoliberal, que sostiene a la administración del Sr. Mauricio Macri, han iniciado un revisionismo vergonzoso que busca establecer una nueva narrativa que va en contra de la historia factual.
Aquí está la memoria imperecedera de secuestros. De tortura indiscriminada de prisioneros en condiciones inhumanas en ESMA, La Perla y en otros 340 campos de concentración. De ejecuciones extra judiciales, «vuelos de la muerte» en que desde aviones se arrojaba a las aguas del océano a mujeres y hombres drogados con pentotal sódico. Y la apropiación de medio millar de bebés que perdían su identidad para siempre.
Todos quedaron documentados en reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas. Para que nunca se olvide ese tiempo de angustia, desesperanza y terror.
Pero la Administración Macri parece encaminada en dirección opuesta. La marginalización política de organizaciones reconocidas internacionalmente como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se vio acompañada de una reducción del 15% del presupuesto asignado a la Secretaría de Derechos Humanos.
Una institución clave, el Archivo Nacional de la Memoria, perdió la mitad de sus fondos. Además, un considerable número de funcionarios relacionados con los juicios contra represores fueron despedidos. Toda una serie de recortes que parecen motivados más por una determinación ideológica que por razones fiscales.
30,000 desaparecidos
Esa misma ofensiva ideológica se manifestó en el debate iniciado por Darío Lopérfido. El ex ministro de Cultura de Buenos Aires cuestionó la cifra de 30,000 desaparecidos que históricamente ha sido aceptada por amplios sectores. Fue al mejor estilo de los revisionistas neonazis que han generado dudas sobre los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Esgrimen matemáticas que buscan distraer del horror totalitario. Lopérfido y asociados articularon un discurso con teorías conspirativas. Este incluye cifras fantasiosas como los 7,158 desparecidos de Ceferino Reato, un pro-videlista recalcitrante.
Estos alucinados de la numerología parece que no han leído los documentos desclasificados del Departamento de Estado estadounidense. En ellos, un agente de inteligencia chileno reporta datos a la DINA. Sus contactos del Batallón de Inteligencia 601 admitían que, entre 1975 y mediados de 1978, ya se habían “computado 22,000 entre muertos y desaparecidos¨. Y aún faltaban 5 años para el retorno de la democracia.
Los 30,000 desaparecidos, o 45,000 como otros han argumentado, no son un número; son un símbolo irrevisable, incuestionable, fundamental, de la historia social y política de la nación.
Los aliados del Sr. Macri en el poder judicial también se han sumado a este esfuerzo debilitante. Durante 12 años cientos de militares, agentes civiles de inteligencia, policías, médicos, sacerdotes, fueron enjuiciados por ordenar o participar en los secuestros, torturas y desapariciones. Pero parecería que a la nueva administración no le preocupa que muchos de estos juicios estén frenados. O que se les dé arresto domiciliario a criminales como el monstruoso exgeneral Luciano Benjamín Menéndez y el ex policía Miguel Etchecolatz.
De los 1,056 detenidos, ya hay 460 en prisión domiciliaria. Un beneficio con comodidades que, irónicamente, no tuvieron las víctimas de estos asesinos.
Afrenta torpe e imperdonable
El golpe final contra la comunidad de derechos humanos lo dio el mismo Sr. Macri quien firmó el Decreto de Necesidad de Urgencia 52/2017. Ahí intentó transformar el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un feriado movible.
Junto a otros feriados como el del Carnaval, hubiese caído en cualquier día del calendario y no, necesariamente, el 24. Relegar esta fecha solemne a un trivial feriado turístico y carnavalesco fue una torpe e imperdonable afrenta. Correctamente, generó una reacción masiva de la sociedad civil. Forzó a la administración a revertir la decisión.
El 24 de marzo, el Día de la Memoria, continúa en Argentina como un ejemplo de los avances logrados en materia de derechos humanos. Después de la traumática experiencia del terrorismo de estado. Algunos sectores cavernícolas se esforzaron por cercenar estas conquistas.
Es un negacionismo reaccionario. Sus intentos por limitar o destruir sus instituciones y símbolos son un peligroso preámbulo. Su objetivo, establecer una nueva narrativa autoritaria.