California: los campesinos podrán cobrar tiempo extra
California hizo historia otra vez el pasado 12 de septiembre de 2016, cuando el gobernador Jerry Brown aprobó la propuesta de ley que permite que los campesinos puedan cobrar tiempo extra. La propuesta AB 1066 fue presentada por la asambleísta Lorena Sánchez (Demócrata-San Diego) y empezará a entrar en efecto gradualmente a partir del año 2019. Para el año 2022 ya estaría en funcionamiento en casi todas las empresas agrícolas grandes y para el 2025 incluirá a aquellas con 25 empleados o menos.
Suficiente tiempo para que los agricultores y las corporaciones agrícolas se mecanicen, reduciendo el número de trabajadores que emplean, y aprendan nuevos trucos para reducir las horas de trabajo de los jornaleros para evitar pagar tiempo extra.
Aún así, los agricultores pusieron el grito en el cielo y expresaron abiertamente sus intenciones de no emplear a ningún jornalero por más de 40 horas a la semana. Sus discursos paternalistas sobre los efectos negativos de esta nueva medida pone de manifiesto su resentimiento y arrogancia. Dicen que ahora los campesinos recibirán menos pago y también repiten su argumento de que los productos frescos costarán más en el mercado.
Casi predicen una catástrofe y buscan imponer miedo.
Estos son los mismos argumentos que se usaron recientemente cuando California elevó el salario mínimo a $15 dólares por hora, a implementarse recién en 2022.
La nueva ley del tiempo extra termina con 78 años de prohibición de pago de tiempo extra para los jornaleros, establecida en el Acta de Modelo de Trabajo Justo, de 1938 (Fair Labor Standards Act), la que por casi ocho décadas perpetuó el subsidio a la industria agrícola por parte de los trabajadores, manteniéndolos en el nivel social más bajo.
California es el estado con la mayor industria agrícola de Estados Unidos, y donde la desigualdad social y la pobreza de los campesinos es rampante.
El ingreso anual promedio varía entre $10.000 y $12.499 para un jornalero agrícola y entre $15.000 y $17.499 para familias de campesinos, según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (National Agricultural Workers Survey, NAWS), del Departamento del Trabajo de EE.UU. Pero hay que considerar que el nivel de pobreza de 2009, de acuerdo al gobierno federal, era de $10.830 para una persona y de $22.050 para una familia de cuatro personas —todas las cifras en dólares.
Por lo tanto, de acuerdo al NAWS, el 30% de todos los campesinos ha tenido ese año (2009) un ingreso familiar por debajo del nivel de pobreza. Nada nuevo.
Aún así, políticos conservadores que representan zonas agrícolas como el Valle de San Joaquín, en California, insisten constantemente en disfrazar esta realidad y en justificar la gran disparidad social y económica.
Por ejemplo, el asambleísta estatal Jim Patterson (Republicano-Fresno) se opone constantemente a cualquier propuesta de ley o iniciativa por aumentar los salarios o los beneficios para los trabajadores con la excusa de que las empresas sufrirán las consecuencias —especialmente las más pequeñas—, sea cerrando sus operaciones o reduciendo su fuerza laboral. O sea que, de acuerdo a este repetido argumento conservador, nada debe moverse y los trabajadores deberían quedarse callados, sin quejarse o sindicalizarse.
Al mismo tiempo, los conservadores trabajan sin tregua para mantener un ambiente socio-cultural inmóvil, atrasado, especialmente para las personas de bajos ingresos, mientras ellos y sus hijos tienen acceso a mejor educación y mejores oportunidades sociales y económicas.
Lo más seguro es que la nueva ley del tiempo extra para campesinos de California no afectará dramáticamente ni el ingreso económico de las empresas agrícolas ni el de los jornaleros. Sin embargo, esto no detendrá a los agricultores y a sus aliados como Patterson de quejarse y predecir catastróficas consecuencias cada vez que California aprueba una ley que busca una modesta mejora en la vida de los trabajadores.
Por cierto, mientras que los agricultores necesitan de los campesinos, ¿necesita la agricultura a los agricultores-propietarios de las tierras? Por ejemplo, si los agricultores son reemplazados por cooperativas de trabajadores o por otro sistema de administración y trabajo de las tierras, posiblemente la vida en las zonas rurales experimente una superación y contribuya a establecer una sociedad más justa.
Eduardo Stanley se graduó de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Realizó estudios de post grado en Semiótica en la Universidad de Bucarest, Rumanía, y trabajó tres años como profesor de Logica y Teoría del Lenguaje en la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. En Estados Unidos desarrolló una amplia carrera periodística, incluyendo Univisión, Telemundo, varias publicaciones comunitarias del Valle Central de California, y también como free lance para publicaciones nacionales e internacionales, como La Opinión (Los Angeles) y La Insignia (España). Actualmente es editor del periódico mensual Community Alliance y produce in show radial en español en KFCF 88.1FM, de Fresno.
