Editorial: COVID-19 no justifica el lucro de las farmacéuticas

Cuando la población insiste en retornar a la vida cotidiana y se prepara para pasar unas fiestas en familia y vacaciones largamente merecidas, el Omicron hace estragos y nos vuelve a un período que considerábamos superado. El 72% de los nuevos casos de COVID-19 se deben a esta variante del virus, caracterizada por ser mucho más contagiosa que las anteriores. 

El omicron es una nueva realidad, un nuevo juego. 

Pero contrariamente a otras olas de la enfermedad, el país tiene a su disposición una serie de recursos que mitigan el daño. 

Vacunas gratuitas, tests al alcance de todos, y ordenanzas de uso de mascarilla, distanciamiento social, cierre de establecimientos de entretenimiento. 

Sí, las vacunas son increíbles, pero las personas que se infectan necesitan tratamientos efectivos. Especialmente cuando millones se niegan a vacunarse, mientras que a muchos más en todo el mundo todavía no se les ha ofrecido una vacuna.

En estas condiciones, los medicamentos constituyen la verdadera salida de la crisis.

Afortunadamente, están en vías de aprobación dos antivirales orales: Molnupiravir, del laboratorio Merck y Paxlovid, de Pfizer. Ambos, suministrados durante cinco días proporcionan beneficios significativos a ciertos pacientes. 

Son medicamentos antivirales del tipo que convirtió el sida en una enfermedad tratable. Y de hecho, se basan en los mismos mecanismos.

Ambos son prometedores. Y responden al deseo generalizado de un medicamento que se puede suministrar por vía oral y que sea efectivo contra el COVID-19. El mismo deseo que dio lugar a falsas creencias en curas milagrosas o engañifas políticas como el hydroxychloroquine y el ivermectin. 

Pero estas medidas no alcanzan. 

Hay que romper con uno de los últimos, pero más obstinados escollos para el desarrollo, la difusión y la administración de paliativos como el Paxlovid: la sed de lucro.

Pfizer, Moderna y otras farmacéuticas recibieron miles de millones de dólares del gobierno federal para desarrollar las vacunas, invertidos en la adquisición de materias primas, la financiación de ensayos clínicos y la modernización de fábricas para las empresas farmacéuticas.

Además, el Instituto Nacional de Salud (NIH) financió $17,200 millones en investigaciones publicadas sobre tecnologías de vacunas antes de 2020.

Sin embargo, aunque consiguieron producir las vacunas gracias al dinero público, las farmacéuticas las venden al mejor postor. Como mucho aceptan reservar algunas dosis para sus propias naciones, compartiéndolas con organismos internacionales. 

Lo pueden hacer en virtud de que retienen el derecho de producción de las vacunas. Lo mismo sucede con las otras farmacéuticas. 

Los números no lo justifican: en 2021, Pfizer obtendrá entre $15,000 y $30,000 millones por las ventas de la vacuna, Moderna entre $18,000 y $20,000 millones y Johnson & Johnson $10 mil millones.

La OMS informa que el 80% de las ventas mundiales de vacunas COVID-19 provienen de cinco grandes corporaciones multinacionales. 

Y mientras que son los “dueños” del remedio, proveen un suministro extremadamente insuficiente de sólo 200,000 cursos de tratamiento de Paxlovid. Al ritmo actual de producción habrá sólo 80 millones para finales de 2022. Eso, si dependemos de una sola empresa para fabricar el remedio en producción masiva. 

Pero si tuviéramos un suministro ilimitado de estas píldoras, cambiaría todo el cuadro. 

Podríamos prevenir la enfermedad, conservar nuestra fuerza laboral, evitar cerrar escuelas y centros de entretenimiento. 

Es por eso que desde el inicio de esta administración, 34 fiscales generales estatales exigieron que el gobierno federal ejerciera los derechos para la producción y difusión de medicamentos usados para tratar el COVID-19, invocando entre otras medidas la Ley de Producción de Defensa de Estados Unidos, reservada para eras de guerra. 

La senadora Elizabeth Warren también pidió a la administración Biden usar su autoridad para concesión de patentes para atender las necesidades de la salud pública. 

Además, hace pocos meses, 75 ex jefes de estado y 100 premios Nobel pidieron al presidente Biden en una carta abierta que cambie las reglas de propiedad intelectual para las vacunas COVID.

Liberalizar las patentes aumentaría el número de fabricantes a nivel mundial y con ello la oferta y reduciría los precios. Liberará además la presión sobre nuestro país para suministrar vacunas y medicamentos a los países de África, que en lugar de importar el 99% de sus vacunas las producirán a bajo costo. 

Fomentaría la transferencia de conocimientos y tecnología para que países de ingresos bajos amplíen su capacidad de fabricación de medicamentos.

Pero nuestro gobierno parece eludir una decisión al respecto, prefiriendo que las farmacéuticas donen parte de su producción, con lo que en la práctica cede el control de la enfermedad a empresas privadas.

Es una situación malsana y desestabilizante. Estos no son tiempos para seguir favoreciendo a los que más tienen. La emergencia es real.