Estados Unidos continúa desconociendo a las familias inmigrantes y las excluye de los alivios económicos 

La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado en la población inmigrante en Estados Unidos, y en particular en la comunidad latina, la cual tiene mayores tasas de contagio, acceso limitado a atención médica y enfrenta dificultades económicas. Las comunidades inmigrantes no pueden acceder a los programas de asistencia social como Medicaid o el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), asistencia para  vivienda, y en general, no cuentan con proveedores de atención médica primaria. Además, la pandemia comenzó cuando la regla sobre carga pública estaba apenas siendo aplicada, luego de años de amenazas en los que las familias inmigrantes temían por las consecuencias de solicitar servicios de asistencia pública. Aunque la aplicación de esta medida se suspendió temporalmente en algunos estados, la confusión y el temor persisten en la población.

El Congreso dejó a millones de personas en situación de vulnerabilidad al excluir a las familias inmigrantes de los paquete de alivio económico. Hay más de 16.7 millones de familias de situación migratoria mixta en los EE. UU. Las familias de situación migratoria mixta tienen miembros con diferentes estatus migratorios. El Congreso no ha garantizado apoyo y protección para estas familias, dejándolas  con acceso limitado a pruebas de detección, y sin tratamiento médico y asistencia económica. Además, las personas inmigrantes representan un alto porcentaje de los trabajadores esenciales dentro del total de la población en general, lo que incrementa el riesgo de contagio de COVID-19 para ellas y sus familias. Dejar sin protección a estas familias es un riesgo para todas las personas que viven en los EE. UU. El Congreso debe incluir a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, en las negociaciones en torno a el paquete de asistencia económica para garantizar la vida y el bienestar de todas las personas en el país.

Aunque la respuesta federal es peligrosa y desalentadora, para las personas que se encuentran viviendo en el país, personas de origen centroamericana y mexicanas, continúan intentando ingresar por la frontera sur de Estados Unidos, donde esperan encontrar condiciones de vida seguras y dignas, las cuales les han sido negadas en su país de origen. La pandemia agravó la situación socioeconómica, que ya era frágil en los países vecinos, como ejemplifica la situación en Nicaragua.

Pese a los múltiples desafíos que enfrentan México y los países de Centroamérica en materia de impunidad, democracia, gobernabilidad, seguridad, estado de derecho, empleo, seguridad alimentaria, y educación, entre otros, la administración Trump se escuda en la pandemia para restringir el ingreso y dejar a las personas migrantes y solicitantes de asilo varadas en México. Trump continúa impulsando medidas xenófobas con miras a las elecciones de noviembre aspirando a que estas le permitan ganar votos y garantizar el apoyo de su base.

Es indiscutible el impacto de esta situación en la población en Estados Unidos. Tanto la inacción del Congreso como las cuestionadas órdenes ejecutivas dictadas durante el pasado fin de semana por el presidente Trump -que no se traducen en medidas concretas- tienen profundas consecuencias en la vidas de millones de personas no sólo en Estados Unidos, sino también en países como México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Miles de familias dependen de las remesas que envían sus parientes en los EE. UU., muchas de estas personas son trabajadores de primera línea que se están exponiendo al virus, para garantizar tanto su propia subsistencia como la de la familia que dejaron en su país de origen. Las personas inmigrantes son parte indispensable de la sociedad estadounidense. La falta de acción del Congreso tendrá profundas consecuencias en las vidas de las familias en Estados Unidos, y también la tendrá en las familias de las personas migrantes en sus países de origen. La demora en las negaciones y la imposibilidad de acordar un paquete de medidas está agravando las condiciones de vulnerabilidad de la población migrante, especialmente porque fueron excluidas de los paquetes de ayuda anterior. La responsabilidad está en manos del Congreso estadounidense. Estamos observando atentamente.