La Corte Suprema escucha argumentos sobre la ciudadanía de los hijos de inmigrantes indocumentados

La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó argumentos sobre la orden ejecutiva de Donald Trump que elimina la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. Ahora, el máximo tribunal, en el que conservadores tienen una mayoría de 6 a 3, deberá expedirse entre junio y julio.

Este fue el tópico de la conferencia del viernes 16 de mayo de American Community Media (ACoM). La moderadora, Sunita Sorabji, presentó el tema: “La orden del presidente, emitida en su primer día en el cargo, afectaría a los niños nacidos de padres indocumentados, pero también afectaría a los niños nacidos de padres con visas temporales, como los trabajadores H-1B. Varias organizaciones de derechos civiles han presentado demandas y escritos amicus curiae contra la orden ejecutiva de Trump. Los expertos predicen que 255,000 niños cada año se verán afectados por esta nueva política, lo que creará una subclase de 2.7 millones de niños para 2045. Muchos de estos niños se convertirán en apátridas”.

“La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la 14ª Enmienda y se ha considerado un derecho extendido a cualquier niño nacido en los Estados Unidos desde 1868. La orden ejecutiva de Trump intenta definir quién puede ser estadounidense y quién puede participar plenamente, política, social y económicamente, en nuestra democracia”, agregó la editora de AMC.

Una visión racista y excluyente

El primer orador fue Martin Kim, director de Defensa de la Inmigración en Asian Americans Advancing Justice (AAJC), quien empezó alertando: “Constituye una verdadera amenaza para una sociedad inclusiva y libre el intento de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio consagrado en la Decimocuarta Enmienda”.

Luego, recordó: “Históricamente, este derecho ha sido atacado por sectores con visiones racistas y excluyentes, y está profundamente vinculado a la historia de la inmigración, especialmente la asiático-estadounidense”.

Y vinculando la historia con el presente, dijo: “Es evidente que esta administración ha adoptado este enfoque de intentar romper algo sin comprenderlo, de inundar a la comunidad de miedo y confusión sin pensar realmente en las consecuencias ni en un plan de implementación. Y eso es un problema”.

En relación a las consecuencias pragmáticas de esta orden ejecutiva, advirtió: “No hay una guía clara sobre qué podría suceder si esta orden ejecutiva se aprueba. Sé que la orden ejecutiva incluye un lenguaje estándar sobre las agencias que están considerando su implementación. Pero hasta la fecha, no tenemos una idea clara de cómo se implementaría realmente, especialmente si la Corte Suprema decide que una orden judicial a nivel nacional no es apropiada, y que tal vez se implementaría en algunos estados y no en otros. Eso generaría mucha confusión y muchos dolores de cabeza, no solo para las familias, obviamente, sino también para los estados, los hospitales, los estados que deben emitir certificados de nacimiento y los hospitales que deben decidir qué decirles a sus pacientes. Existe mucha preocupación”.

La medida de Trump aumentará los inmigrantes ilegales

En Segundo lugar, habló Julia Gelatt, directora asociada del US Immigration Policy Program en el  Migration Policy Institute, quien compartió algunos resultados de una investigación reciente: “Comenzamos con la idea de que el objetivo de la orden ejecutiva es reducir la inmigración ilegal, pero lo que encontramos es que, se produciría exactamente lo contrario. La orden ejecutiva aumentaría la población de inmigrantes no autorizados en 2.7 millones de personas durante los próximos 20 años y en 5.4 millones en 50 años, en comparación con el tamaño que probablemente alcanzaría dicha población según las interpretaciones actuales de la Decimocuarta Enmienda. Esto refleja una estimación del número de niños que nacerían en Estados Unidos de un inmigrante no autorizado o titular de una visa temporal y, por lo tanto, nacerían sin ciudadanía ni estatus legal en Estados Unidos”.

En relación a esas personas por nacer, dijo: “Cada año nacería un mayor número de bebés en el país sin ciudadanía ni estatus legal. Estimamos esa cifra en 255,000 bebés nacidos en Estados Unidos cada año sin ciudadanía ni estatus legal. Esto suma 12.8 millones de nacimientos para 2050. Cabe mencionar que algunos podrían vivir en Estados Unidos y otros no. Sin la ciudadanía por nacimiento, millones de niños nacidos en Estados Unidos crecerían en el país sin acceso a prestaciones públicas. Crecerían sin acceso, en muchos casos, a ayuda financiera para pagar la universidad y sin la posibilidad de desarrollar una carrera profesional y trabajar legalmente en Estados Unidos, ya que carecerían de autorización de trabajo. Generaría grandes costos y cargas administrativas que afectarían no solo a los inmigrantes en Estados Unidos, sino a todos nosotros, ya que enfrentaríamos nuevas cargas administrativas y trámites burocráticos para demostrar nuestra ciudadanía y la de nuestros hijos nacidos aquí en Estados Unidos. Pero lo más importante es que revocar la ciudadanía por nacimiento tendría la consecuencia imprevista de aumentar la población inmigrante no autorizada en lugar de reducirla”.

Ante la pregunta sobre la falta de nacionalidad de esos niños por nacer, respondió: “Depende de las políticas del país de origen. Los hijos de ciudadanos mexicanos nacidos en Estados Unidos pueden obtener la ciudadanía mexicana, y sus padres podrían llevarlos a un consulado mexicano aquí en Estados Unidos para registrarse. Sin embargo, muchas personas enfrentarían obstáculos, sobre todo si hablamos de refugiados. Muchos de estos niños nacidos en Estados Unidos podrían ser apátridas”.

Deshumanización y privación de derechos

En tercer término, tocó el turno a César Ruiz, abogado asociado de Latino Justice, quien comenzó diciendo: “La orden ejecutiva y esta política de Trump forma parte de un patrón más amplio de deshumanización y privación de derechos hacia los latinos y otros inmigrantes”.

“En febrero, poco después de la emisión de la orden ejecutiva que pretendía negar la ciudadanía a hijos de ciertos inmigrantes –recordó-, se presentó una impugnación legal en Nueva York, un estado simbólico por su historia de acogida a inmigrantes. La demanda fue presentada en nombre de dos organizaciones (la Coalición de Inmigración de Nueva York y Ministerios Rurales y Migrantes) y dos mujeres embarazadas potencialmente afectadas, cuyos hijos podrían quedar apátridas”. Y a continuación, Ruiz señaló las cuatro razones clave para esta demanda:

“La ciudadanía por nacimiento es un derecho humano, constitucional e histórico, y no debe depender del estatus migratorio de los padres.

La orden ejecutiva es una extralimitación del poder presidencial y parte de un patrón de ataques sistemáticos a la comunidad latina, incluyendo deportaciones injustas como la del caso de Kilmara Branco.

No existe fundamento legal ni constitucional para esta medida, que responde únicamente a motivaciones ideológicas de la administración.

La ciudadanía garantiza derechos fundamentales, como trabajar, viajar y vivir libremente en Estados Unidos, y limitarla pone en riesgo todos esos derechos”.

Finalmente, Ruiz subrayó la importancia de “humanizar la lucha de los inmigrantes y proteger los principios constitucionales, alertando sobre las graves consecuencias de permitir que un presidente reescriba la Constitución unilateralmente”.

En cuanto a otros efectos antidemocráticos de esta medida, Ruiz marcó: “Creo que, en cuanto al riesgo para la democracia, socavaría el derecho al voto tanto de los miembros de la comunidad latina como de la asiática, e incluso de los afroamericanos. Los inmigrantes no son monolíticos, aunque así lo presenten los medios. Son inmigrantes de diversas etnias. Esto socavaría gravemente su capacidad para ejercer sus derechos, entre ellos el derecho al voto. Esto privaría a muchos grupos de todo el espectro étnico y racial de ese crucial derecho al voto. Y, por lo tanto, representa un riesgo muy significativo para nuestra democracia, que ya lidia con muchos flujos”. En relación a su experiencia personal, Ruiz remarcó: “Soy profesional en derecho electoral. Hemos librado muchas batallas sobre la redistribución de distritos. Esto tendría un impacto directo en la representación en ciudades con grandes poblaciones inmigrantes, aunque la subestimaría. En general, impactaría la representación en estados clave que determinan al presidente. Por lo tanto, en general, veríamos efectos en poblaciones inmigrantes que se verían afectadas por la orden, cuyos hijos se verían privados de ella”.

En resumen, advirtió sobre los efectos nocivos de la medida: “Uno de los riesgos es que, si bien podría estar modificando en cierta medida la orden ejecutiva, las órdenes ejecutivas están sujetas a cambios. El presidente podría, si el tribunal le otorga esta facultad, intentar debilitar a aún más grupos o referirse a los inmigrantes o a la ciudadanía en términos aún más amplios”.

Una cadena ininterrumpida de 127 años

Por último, tomó la palabra Robert Chang, Director Ejecutivo del Korematsu Center for Law & Equality en UC Irvine School of Law. El profesor hizo un repaso histórico sobre el tema: “En la fundación de este país, ¿quiénes podían ser miembros de pleno derecho de esta comunidad política? En 1790, el Congreso creó una ley de naturalización que permitía a las personas blancas libres naturalizarse. Desde el principio, restringió quiénes podían ser miembros de pleno derecho de esta comunidad”.

Chang hizo hincapié en un caso paradigmático: “En 1857 se planteó en los tribunales si una persona negra podía demandar en un tribunal federal de distrito, porque para demandar tenía que haber sido reconocida como ciudadana. Entonces, el presidente del Tribunal Supremo, Roger Taney, afirmó que las personas negras, independientemente de cuántas generaciones hayan sido libres en este país, jamás podrían convertirse en ciudadanos de esta nación. Y eso, de hecho, precipitó una crisis que desembocó en la Guerra Civil. Posteriormente, el Congreso intentó abordar este problema mediante las Enmiendas de la Reconstrucción, la Decimotercera, la Decimocuarta y la Decimoquinta. Así que la Decimocuarta Enmienda pretendía reparar el daño causado, pero dejó ciertas preguntas sin respuesta”.

Luego, Chang se preguntó: “¿Qué pasa con las personas que se parecen a mí? Bueno, en 1882, la Ley de Exclusión China, que prohibía la entrada de trabajadores chinos a este país, incluía una disposición explícita que establecía que las personas chinas no podían naturalizarse. Así que, bueno, las personas de ascendencia china no pueden naturalizarse. ¿Y qué hay de sus hijos? Y ahí es donde llegamos al caso de 1898, de Wong Kim Ark contra Estados Unidos. ¿Es ciudadano? En esa decisión, la Corte Suprema de Estados Unidos afirmó que sí, que esa era la interpretación de la Decimocuarta Enmienda. Nació en Estados Unidos, sujeto a su jurisdicción, y, por lo tanto, es ciudadano estadounidense. Desde entonces, y no tengo tiempo para analizar otros casos que lo confirman, tenemos una cadena ininterrumpida de 127 años de reconocimiento de la ciudadanía por nacimiento”.

Finalmente, la moderadora pidió una reflexión final de cada invitado para los medios de comunicación.

Julia Gelatt: “El mensaje clave de nuestro trabajo es que revocar la ciudadanía por nacimiento para algunos niños nacidos en Estados Unidos, en realidad, aumentaría la población inmigrante no autorizada. No la reduciría”.

César Ruiz: “Esta lucha necesita profundizarse porque lo cierto es que el presidente no tiene el poder y que nuestra constitución nos garantiza la ciudadanía por nacimiento”.

Martin Kim: “La idea de que se puede quitar la ciudadanía a toda una clase de personas en función de los caprichos de una sola persona en realidad debilita el poder de la ciudadanía para todos”.

Robert Chang: “Espero que quienes estén interesados ​​en este tema comprendan la conexión con la justicia social más amplia y los esfuerzos antirracistas, todo está conectado”.