La defensa del asilo como última esperanza

De un tiempo a esta parte, particularmente durante los cuatro años de la presidencia de Donald Trump, los republicanos conducen un ataque orquestado, no solo contra los indocumentados, sino contra los inmigrantes con documentos y los solicitantes de asilo. Esto, en un país como Estados Unidos, que se precia de ser el faro de esperanza para necesitados y perseguidos.

Baste recordar que hacia noviembre de 2019, todavía en el gobierno de Trump, el más antiinmigrante de la era moderna, quienes habían solicitado asilo rebasaban los 24 mil en un momento en que se mantenía la imposición del programa “Quédate en México”; sin embargo, la triste realidad fue que solo 117 de los solicitantes recibieron el asilo, es decir ¡el 0.4%!, de acuerdo con información compartida en ese momento por la Universidad de Syracuse. Las cosas actualmente, claro, no han cambiado mucho, a pesar de la iniciativa del gobierno de Biden de acelerar los procesos de asilo, pues aún hay al menos 1.5 millones de casos pendientes.

En ese sentido, el ataque a las leyes de asilo es real. Quizá usted, un familiar o un conocido es beneficiario de asilo y tal vez piense que lo que pase de aquí en adelante no le importa, pues ya aseguró su estancia en Estados Unidos. Pero debería recordar que la vida es como una rueda: unas veces estamos arriba y otras abajo. Y quizá no sea usted el que requiera asilo, pero sí algún otro familiar, conocido, compatriota o cualquier ser humano de otras latitudes, porque la inestabilidad en muchas partes del mundo, incluyendo América Latina, sigue latente.

Lo puede comprobar en los miles de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Haití y otras naciones que llevan meses varados en la frontera México-Estados Unidos intentando presentar sus solicitudes de asilo, pero impedidos de hacerlo debido al Título 42, esa medida sanitaria que permite la expulsión de migrantes sin la posibilidad de solicitar asilo porque el gobierno de Trump, y luego el de Biden, decidieron que la pandemia del Covid-19 amerita la implementación de dicho programa.

A ello se suma el hecho de que por más políticas migratorias tendientes a disuadir a los indocumentados, las razones de origen que expulsan a miles de ellos de sus respectivas naciones se intensifican cada día, desde la pobreza y la falta de empleo, hasta la violencia endémica que consume poblaciones enteras.

Es un círculo vicioso que se niegan a analizar y a entender quienes con simpleza y desde la comodidad de su cuenta de Twitter o Facebook condenan el derecho que tienen esos miles de seres humanos a existir y a sostener a sus familias; círculo vicioso del que Estados Unidos también ha sido responsable, luego de las continuadas invasiones del siglo pasado en la región centroamericana, pero de las que muy pocos se acuerdan cuando se trata de justificar la salvaguarda del modo de vida estadounidense.

Pero, al menos, el gobierno de Biden anunció que a partir del 23 de mayo dejará de implementar el Título 42, lo que generó reacciones a favor, pero también en contra, de quienes argumentan que Estados Unidos no podrá maniobrar el alza de migrantes que se anticipa en la franja fronteriza, una vez se levante la restricción del Título 42.

En el Congreso, legisladores republicanos y demócratas moderados han unido esfuerzos para evitar que el Título 42 se elimine. Los senadores demócratas de Arizona, Kyrsten Sinema y Mark Kelly, presentaron un proyecto de ley que busca retrasar por 60 días la fecha para eliminar el Título 42. La medida tiene como coauspiciadores a los senadores James Lankford (R-Okla.), John Cornyn (R-Texas), Joe Manchin (D-WV), Shelley Moore Capito (R-WV), Jon Tester (D-MT), Rob Portman (R-OH), Maggie Hassan (D-NH), Thom Tillis (R-NC), y John Thune (R-SD).

Por otro lado, recientes sondeos indican que los estadounidenses parecen favorecer que el Título 42 se mantenga ante la percepción, alimentada por los republicanos, de que lo que se producirá será una “invasión”; la otra percepción es de que una potencia como Estados Unidos será incapaz de manejar el aumento de migrantes en la franja fronteriza. Esos mismos estadounidenses, 56%, apoyan que los migrantes centroamericanos soliciten asilo.

Digamos que la controversia del Título 42 le ha venido como anillo al dedo a los planes republicanos de seguir minando las leyes de asilo, esta vez con la excusa de la pandemia, que utilizan políticamente cuando les conviene, pero que protestaron airada y fanáticamente cuando se recomendó que por salud pública usaran cubrebocas y su pusieran la vacuna; argumentaban que eso era “una imposición” que “violaba” sus derechos, como si el mundo girara en torno de su endémico egoísmo y falta de comprensión global sobre el significado real de una pandemia.

Pero quienes se han beneficiado del asilo, incluyendo muchos latinoamericanos que apoyan al Partido Republicano, deberían cuestionar las intenciones reales de los políticos a quienes le dan su apoyo y su voto. Porque los ciudadanos de países como Venezuela o Cuba que han logrado huir y han encontrado en Estados Unidos el asilo que les ha permitido continuar con sus vidas, contribuir a esta nación y, en muchos casos, combatir desde acá, no deberían apoyar políticas que en realidad persiguen limitar que otras personas como ellos, incluyendo sus propios connacionales, tengan la oportunidad de solicitar asilo.

Esa sería una contradicción que dañaría directamente la propia filosofía de ayuda amplia y sin cortapisas, que ha promovido Estados Unidos a lo largo de su historia, y que está provocando un choque de fuerzas inevitable entre quienes pugnan por que el país mantenga sus brazos abiertos al desvalido y quienes les cierren las puertas de una manera grotesca, convirtiendo a esta nación en una especie de fortaleza antiinmigrante.

La verdadera intención de los republicanos no es limitar la inmigración por razones económicas, como siempre argumentan, porque de hecho se acaba de revelar que los límites impuestos a dicha migración durante la administración Trump produjeron una escasez de trabajadores —tras la baja de 2 millones de inmigrantes que hoy mismo están haciendo falta—, lo que a su vez provocó una baja de suministros y resultó, lógicamente, en incrementos de precios de los productos.

El plan republicano es más maquiavélico, pues consiste en limitar el ingreso al país de los migrantes que ellos consideran atentan contra su meta de evitar que esta nación siga siendo diversa e incluyente. Su falsa teoría del “reemplazo cultural” no revela otra cosa que un obtuso fanatismo con el que evidencian un profundo sentimiento antiinmigrante y un racismo execrable.

Quienes se han beneficiado del asilo y quienes defienden que esta nación siga siendo ese faro de esperanza, deben alzar su voz y no solapar a quienes promueven agendas nativistas, discriminatorias y racistas.