Las políticas fiscales para el desarrollo y los riesgos que afectan a Europa

El viernes 7 de febrero de 1992 fue histórico para Europa. En aqel día se firmó el Tratado de Maastricht, mediante el cual se consolidaba en el acuerdo de la Unión Europea, el euro, así como políticas coordinadas de diferente índole: primer nivel, monetario, fiscal y cambiario; segundo nivel comercial, laboral, crediticio y de competitividad.

La Unión Europea y su balance ante la crisis

En específico, respecto a lo fiscal, es posible identificar que Europa lleva más de tres décadas tratando de respetar condicionantes que contienen límites definidos. Las famosas reglas de Maastricht son déficit inferior al 3% y deuda por debajo del 60% del total de producción de cada país (producto interno bruto, PIB). Estas dos normas esenciales fueron presentadas como un blindaje contra la irresponsabilidad gubernamental y la inestabilidad que podría llegar a tener la moneda común, el euro.

Además, esas disposiciones, también han aspirado a servir como mecanismos para evitar que el desorden fiscal de un país arrastrara al resto. Sin embargo, la realidad ha demostrado una situación contrastante: las normas no han evitado las crisis, no han generado convergencia económica y, mucho menos han garantizado estabilidad.

En ese febrero de 1992, funcionarios europeos enfrentados a la necesidad de establecer un criterio claro para ordenar las cuentas públicas, recurrieron a una fórmula que resultó funcional para la coyuntura. Que esa cifra siga siendo hoy un punto de referencia para numerosos países refleja más bien la inercia institucional que caracteriza a muchos procesos de integración. Esto erosiona la credibilidad que se puede tener en las organizaciones, al no propiciar resultados que sean imprescindibles para la legitimidad.

Los desafíos que enfrenta el Viejo Continente

Esta falta de base técnica estricta también aparece en otros episodios. A comienzos de la década de 2010, ciertos estudios que sugerían una relación negativa entre un nivel de deuda superior al 90% del PIB y el crecimiento económico adquirieron gran influencia en el diseño de políticas. Sin embargo, luego se descubrieron errores en la base de datos utilizada, lo cual llevó a replantear parte de sus conclusiones y recomendaciones.

Aun así, estos argumentos fueron usados para apoyar estrategias de consolidación fiscal durante un periodo en que Europa enfrentaba desafíos profundos. Esto muestra cómo, en ocasiones, decisiones relevantes se apoyan en análisis que luego requieren revisión o matización, algo que forma parte del aprendizaje de cualquier política pública.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) por su parte, sostuvo durante muchos años que el impacto del gasto público sobre la actividad económica era relativamente reducido. Esta visión respaldó la implementación de medidas de ajuste en momentos de crisis. Con el tiempo, y a medida que nuevas evidencias salieron a la luz, el propio organismo reconoció que había subestimado los multiplicadores fiscales. Este reconocimiento, lejos de ser una contradicción, refleja la evolución del conocimiento económico; es necesario adaptar las políticas a realidades cambiantes.

Las reglas fiscales europeas, en efecto, no siempre han logrado los resultados esperados. No impidieron que países de peso como Francia y Alemania superaran los límites establecidos. Tampoco evitaron que el euro enfrentara tensiones importantes durante los episodios más críticos de la última década, tensiones que solo pudieron aliviarse mediante la acción decidida del Banco Central Europeo.

La difícil apuesta de estabilidad en contextos disímiles

De manera similar, la convergencia entre las economías de la región no ha avanzado al ritmo prometido, dejando a algunos países en trayectorias de crecimiento más modestas. Esto se estaría articulando a la prevalencia de una Europa de dos velocidades. Un ejemplo de ello, aunque es más complejo, ocurrió con la crisis griega de los primeros años del Siglo XXI.

Abordando un contenido más específico, las políticas de austeridad que se aplicaron especialmente a partir de 2007 no lograron reducir la deuda pública en la medida anticipada. Esto se explica, en parte, en que la consolidación fiscal, en momentos de debilidad económica, puede frenar la actividad y, en consecuencia, disminuir la recaudación. La experiencia europea muestra la dificultad de aplicar reglas uniformes a realidades diversas y en contextos económicos muy distintos.

La reciente reforma del marco de gobernanza fiscal pretende corregir algunas de estas limitaciones. Ha sido presentada como un paso hacia una mayor flexibilidad, con un enfoque más adaptado a las circunstancias particulares de cada país. No obstante, algunos análisis, como el de la economista italiana Claudia Ciccone, sostienen que ciertos supuestos utilizados en las nuevas proyecciones pueden requerir una revisión más profunda.

Como ilustración, la idea de que los efectos de la consolidación fiscal se disipan totalmente en un plazo de tres años no siempre encuentra respaldo claro en la evidencia histórica. Si varios países ajustan sus cuentas simultáneamente, el impacto sobre el crecimiento puede ser más considerable de lo previsto.

En la actualidad Europa enfrenta un desafío complejo: conciliar la necesidad de estabilidad fiscal con la urgencia de promover un crecimiento sostenible e inclusivo. La región afirma querer reducir la deuda y, al mismo tiempo, activar sus economías. Pretende fortalecer el bienestar social sin comprometer la disciplina presupuestaria. Esta tensión no se debe necesariamente a errores o contradicciones deliberadas, sino al equilibrio delicado que toda unión política y económica debe gestionar, situación que constituye un mayor reto en países de economías emergentes, como son los casos de Latinoamérica y el Caribe.