México: Jueces a juicio, por Samuel Schmidt
El poder judicial es uno de los pilares de la democracia. Reza el principio político que Todos somos iguales ante la ley, pero como ya hemos visto, hay de iguales a iguales, o como sentenció Orwell: Todos los cerdos son iguales pero hay unos más iguales que otros.
Se contrapone al principio de igualdad el hecho que nos encontramos que alguien tiene más recursos que nosotros: amigos, posición jerárquica, tiempo, o dinero, y sabe usar esos recursos para imponer la desigualdad; pero también puede ser que encontremos a un juez proclive a darle un peso superior a esos recursos, lo que lo lleva a no creer que el principio de igualdad deba cumplirse a pie juntillas.
Un factor para asegurar que todos fuéramos iguales consiste en que quien aplica o administra la ley debería ser totalmente objetivo y juzgar sin inclinar la balanza artificialmente o fuera de la letra y espíritu de la ley, lo que nos lleva a la justicia.
Que bonita simbología esa que pone a la justicia como una balanza sostenida por una mujer cegada. Sin duda que las mujeres pueden ser más objetivas, pero nada garantiza que no se dejen acariciar por la muestra de los recursos, especialmente en un sistema guiado por el principio militar de que no hay general que se resista a las caricias del tesorero general de la federación.
A partir de esta visión de ley, justicia y democracia, llegamos al modelo federal y sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En contra de la noción de que cada uno de los poderes funciona como contrapeso de los otros, lo correcto es verlos como un sistema de equilibrio y complementariedad.
Ningún poder puede pesar más que los otros, pero tampoco verse como un contrapeso que puede/debe inhibir o invalidar al otro, porque la invalidación produce una inmovilidad que afecta seriamente la democracia, y antes que nada, daña el interés general. Ahí está el ejemplo de Estados Unidos y el daño social y económico profundo que se ha provocado cuando un poder (el legislativo) es secuestrado por intereses facciosos dañando severamente a la sociedad.
Parte del equilibrio necesario implica generar capacidades para frenar los excesos de un poder, o que ciertas decisiones afecten a la sociedad. En México este es el juicio de amparo, que debe proteger al individuo, pero en justicia no puede desproteger a la colectividad.
Un juez amparó a una persona contra la construcción de un hospital, otro amparó a un grupo contra la construcción de un puente, uno más se apresuró a amparar al vapor a empresarios eléctricos aún violentando el derecho de amparo y uno más le negó el amparo a un grupo de activistas que tratan de proteger playas federales y zonas de protección a las tortugas.
Se dan amparos contra órdenes de aprehensión emitidas por un juez y hasta para exigir que le den buen trato en la cárcel a un delincuente. Se emiten amparos a tontas y locas y se sospecha que muchos de ellos llevan asociado un costo, que favorece al juez. El juez que se apresuró a amparar empresas violentó la ley de amparo que dice que solamente el demandante recibe la suspensión de la acción, él la extendió a otras empresas.
¿Por qué tantas empresas acuden ante ese mismo juez?
Pero éstas no son todas las irregularidades. Como en las demás áreas de poder, encontramos que la corrupción campea por el poder judicial, desde venta de exámenes de ingreso, venta de jueces para liberar delincuentes, y nepotismo. Se encuentra que un juez le pide a otro que contrate a su pariente y así entre ellos llenan las cortes de familiares, ellos contentos porque creen no haber violado la ley, sino haberle encontrado la falla. ¿Se imagina con qué objetividad actuará un juez de esos?
La (Tremenda) Suprema Corte se excede, admite juicios que no le corresponden y los jueces tratan de legislar en la práctica.
Un tema que no es menor, es su resistencia a someterse a la ley que prohíbe salarios superiores al del presidente, lo cuál los convierte en abusivos
La supervisión anti corrupción es inefectiva para todos y los jueces lo saben muy bien.
Los jueces son responsables de asumir en lo personal el Estado de Derecho, de promover la cultura legal porque con eso apoyarán el principio igualitarista, pero hacen lo contrario. Al corromperse violentan el principio de igualdad ante la ley y con eso pisotean la ley y el principio democrático.
El presidente de la Tremenda Corte dice que la independencia judicial es parte de la democracia, y está en lo correcto, pero la proclividad de los jueces a violar la ley, a corromperse, a ser nepotes, hace que esa independencia sea ficticia y por lo tanto su actitud y conducta es anti democrática.
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