En su respuesta a los tiroteos masivos en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, el presidente Donald Trump pidió una expansión de las leyes estatales que impiden temporalmente que alguien en crisis tenga o compre un arma.
Recientemente, un gran número de estados ha aprobado este tipo de leyes, conocidas como órdenes de protección contra riesgos extremos, que permiten que una corte intervenga cuando alguien muestra señales de alarma de violencia inminente. Aunque grupos de control de armas y defensores de la salud mental apoyan estas leyes, otros señalan que las medidas por sí solas no resolverán la epidemia de violencia con armas de fuego que vive el país.
Trump dijo que el atacante en la masacre de Parkland, Florida, el año pasado, «tenía muchas banderas rojas en su contra y, sin embargo, nadie tomó medidas decisivas; nadie hizo nada… Debemos asegurarnos que aquellos que se considera que representan un grave riesgo para la seguridad pública no tengan acceso a armas de fuego, y que, si las tienen, puedan sacárselas en un proceso rápido».
Según Everytown for Gun Safety, entidad que aboga por medidas más estrictas para reducir la violencia armada, aproximadamente la mitad de los que cometen tiroteos masivos muestran señales de advertencia de que eran una amenaza para ellos mismos, o para otros.
La senadora Dianne Feinstein (demócrata de California) ha presentado un proyecto de ley para proporcionar fondos federales a los estados para poner en práctica estas leyes. El representante Salud Carbajal (demócrata de California) presentó un proyecto de ley similar en la Cámara Baja. Después del discurso de Trump del lunes 5 de agosto, el senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) dijo que acordó con el senador Richard Blumenthal (demócrata de Connecticut) aprobar estos proyectos.
Una encuesta de 2018 halló que el 85% de los votantes registrados apoyan este tipo de legislación.
Al momento del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, en febrero de 2018, solo cinco estados permitían órdenes de protección contra riesgos extremos. Hoy, 17 estados tienen estas órdenes: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington; y también el Distrito de Columbia.
Defensores dicen que las órdenes de protección abordan las brechas en la ley federal, que prohíbe a las personas tener armas solo si han sido condenadas por ciertos delitos; si se determina que tienen una enfermedad mental o han sido internadas involuntariamente en un hospital psiquiátrico; o si están sujetas a una orden de restricción final por violencia doméstica. De acuerdo con la ley federal, las personas que no cumplen con estos criterios aún pueden comprar y tener armas, incluso si muestran señales de violencia inminente o suicidio.
Las órdenes de protección «sacan las armas de las manos de quienes no deberían tenerlas, sin violar los derechos de los dueños de armas respetuosos de la ley», dijo el doctor Mark Rosenberg, quien supervisó la investigación sobre violencia armada en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Las órdenes de protección son una «herramienta vital», que permite a las personas que tienen más probabilidades de darse cuenta cuando un ser querido o un miembro de la comunidad se convierte en un peligro tomar medidas concretas para desarmarlos, [bctt tweet=»Cómo asegurarse que quienes no deberían tener armas no las tengan? Extremistas, fascinerosos, trumpistas y, sí, un pequeño grupo de enfermos mentales. » username=»hispanicla»] fundado en honor de Gabrielle Giffords, la ex congresista que sobrevivió a un tiroteo masivo.
La National Rifle Association, que normalmente se opone a los esfuerzos para restringir el acceso a las armas, dijo que apoya las órdenes de protección estatales, siempre y cuando estas leyes incluyan ciertas disposiciones para garantizar los derechos de los propietarios de armas.
Un estudio de 2018 publicado en Psychiatric Services reveló que los suicidios relacionados con armas disminuyeron significativamente en Indiana y Connecticut después de la aprobación de leyes de protección contra riesgos extremos. Estos suicidios cayeron un 7,5% en los 10 años posteriores a que Indiana promulgara la ley, y un 13,7% en Connecticut. Alrededor del 60% de las muertes por armas de fuego son suicidios.
Sin embargo, la evidencia de que las órdenes de protección reducen la violencia armada es más «sugerida» que definitiva, dijo Rosenberg. Nadie ha realizado un gran estudio a largo plazo sobre estas leyes estatales, principalmente debido a una enmienda del Congreso de la década de los 90 que desanimó a las agencias federales a estudiar la violencia armada, explicó.
«Es una vergüenza horrible que no tengamos evidencia sobre lo que funciona para prevenir la violencia armada», agregó Rosenberg.
Algunos defensores de la salud mental criticaron a Trump por culpar a las enfermedades mentales por los tiroteos masivos.
«El 4% de la violencia en este país es atribuible a la enfermedad mental», dijo Ronald Honberg, asesor principal de políticas de la National Alliance on Mental Illness. “Eso significa que el 96% de la violencia no lo es. Entonces, si de alguna manera pudiéramos curar milagrosamente una enfermedad mental, lo que estamos lejos de poder hacer en este momento, no estaríamos reduciendo de manera apreciable la violencia».
Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de Kaiser Family Foundation que no está relacionado con Kaiser Permanente.
Liz Szabo, Senior Correspondent for Kaiser Health News, is an enterprise reporter focusing on acute care and end-of-life issues. She has an extensive background in medical reporting, including 12 years as a health writer at USA TODAY, where she led a yearlong series on the neglect of people with mental illness. Her work for USA TODAY won the prestigious Victor Cohn Prize for Excellence in Medical Science Reporting. Her investigation of dangerous doctors, written while working at The Virginian-Pilot in Norfolk, Va. in 2002, won two National Press Club awards and led Virginia lawmakers to toughen state laws for disciplining physicians.
