Publicar los documentos de Rubén Salazar

Publicar los documentos de rubén salazar


Al periodista Rubén Salazar, reportero del Los Angeles Times, columnista y director de noticias de KMEX, lo mató un policía del Sheriff con un proyectil de gases lacrimógenos. Hasta aquí nadie disputa los hechos. Pero el misterio alrededor de las circunstancias de su muerte creó una controversia y un debate político de proporciones históricas, de manera tal que lo relaciona con nuestra existencia como grupo cultural en Los Angeles, la lucha por los derechos civiles y especialmente, las persistentes dudas sobre la integridad de las fuerzas policiales.

Fue el 29 de agosto de 1970, en el antiguo café Silver Dollar en la calle Whittier, en el Este de Los Angeles. Acaeció al finalizar una manifestación de latinos contra la guerra de Vietnam en el marco de la Moratoria Nacional Chicana. El bar estaba a una milla de la marcha. Salazar estaba descansando, merendando y conferenciando con colegas.

El instante del disparo y la identidad del agente fueron inmortalizados por la cámara de Raúl Ruiz, editor de la publicación La Raza. Una mujer grita al agente que no dispare, cuenta. El interior del local parece a oscuras.

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El cartucho, en trayectoria directa, lo hirió en la cabeza, provocando su muerte inmediata.

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Desde entonces, el sheriff de Los Angeles Peter Pitchess y su sucesor Sherman Block dedicaron recursos para impedir toda investigación independiente; el departamento se negó a entregar o exhibir los documentos de la investigación. Junto con la Policía municipal, cerró filas en torno al agente responsable y clamó que existía una conspiración para desacreditar al arma. Un forense definió el caso como homicidio. Un jurado investigador se dividió en sus conclusiones y el procurador estatal Evelle Younger se negó a presentar cargos contra el agente.

El caso no murió. El secretismo de aquel entonces, la hostilidad hacia los manifestantes, los latinos, y en algunos casos, la prensa, solo alimentaron la percepción de que había algo nefasto que ocultar y animó a aquellos que vieron en la muerte de Salazar no un accidente sino el asesinato político premeditado de quien estaba investigando en esos momentos la conducta de la policía de Los Angeles.

Las circunstancias reales de su muerte se desdibujaron tanto desde entonces que con los años las descripciones se ajustaron más a ideologías claramente definidas que a los hechos.

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Pasaron cuatro décadas. En un acto de sensibilidad y consideración por la realidad, el Sheriff Lee Baca comisionó en agosto pasado la investigación de la desgracia.

Ayer, el comité dio a conocer sus hallazgos, algunos de los cuales fueron publicados el domingo.

Según lo publicado hasta ahora, el grupo determina que no hubo premeditación ni intento de atacar precisamente a Salazar, quien habría estado en el “lugar equivocado, en el momento equivocado”. Concede que hubo errores tácticos y prácticos entre los oficiales a cargo, que llevaron a la muerte del periodista.

¿Y ahora? El mismo domingo, la hija de Salazar salió de décadas de silencio y envió a los medios un comunicado expresando insatisfacción con los hallazgos ya que los documentos relativos siguen siendo secretos. Demandó darlos a conocer.

Queriendo antecederse a los ecos de este pedido, el Sheriff Baca anunció el martes que mostrará los papeles oficiales – ocho grandes cajas – a ciertos académicos y periodistas.

Una idea excelente. Pero Baca no entregará los papeles ni permitirá que sean copiados o fotografiados.

Su explicación: los documentos podrían ser alterados.

La explicación y la oferta, en lugar de ayudar, complica nuevamente el caso.

Millones de documentos históricos están en poder del público, guardados en bibliotecas, archivos universitarios, centros de estudio. El gobierno de Estados Unidos, por ley, publica cada año decenas de miles de informes de inteligencia que eran secretos, para la investigación histórica.

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¿Qué hay en esos papeles que sea más secreto que informes de la CIA y cuestiones de seguridad nacional?

La discusión podría continuar, en tanto los documentos del archivo Salazar no salgan del poder del departamento del Sheriff, que es, quiéralo o no, parte de la controversia. Que sean entregados al público para su examinación. El dolor por Rubén Salazar sólo cicatrizará si toda la información sobre su deceso se hace de dominio público.

PD: En una entrevista en La Opinión con el concejal Bernard Parks, le pregunté ayer su opinión sobre el caso. “Esto sucedió hace más de 40 años. Si había algo confidencial en los documentos, ya no puede haberlo. Los protagonistas no están más. No veo motivos para mantenerlos fuera del alcance público”.

La posición de Parks importa, porque antes de ser concejal, fue el jefe de la policía de Los Angeles.

Gabriel Lerner
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Editor en jefe del diario La Opinión en Los Angeles. Fundador y co-editor de HispanicLA. Nació en Buenos Aires, Argentina, vivió en Israel y reside en Los Ángeles, California desde 1989. Es periodista, bloguero, poeta, novelista y cuentista. Fue director editorial de Huffington Post Voces entre 2011 y 2014 y anteriormente editor de noticias, también para La Opinión.

2 Comments

  1. Estimado Gabriel. Yo no confío para nada en ese reporte policial. Cuando todo salga claro y a la luz sin misterios, creeré entonces en ese llamado reporte. En Estados Unidos es común cambiar los hechos y casi siempre la policía sale librada de esos “asesinatos sospechosos:” Tal vez, por venir de un estado policíaco no confío en las informaciones de esas fuerzas. Ya sé que en nuestros países ocurren muchos y mayores crímenes. Aunque no es crimen la muerte, incluso accidental de alguien, precisamente como Salazar. ¿Qué esconden?¿Por qué no pueden ser públicos los documentos?¿Cuál es la motivación política del reporte? Yo pienso que no es más que otra conspiración sea cual sea el resultado de la verdad, si es que algún día se llega a conocer.

    • Quizás se comenzaron a complicar la vida en el momento del homicidio (definición del forense que examinó el cuerpo); los jefes del Sheriff y el departamento de Policía dieron entrevistas atacando a los críticos, denunciando una supuesta cacería de brujas… obstinadamente se negaron a ordenar en la investigación cualquier cosa que debilitara el arma. Sucede a menudo, cuando una agencia tiene el derecho monopólico no solamente al uso de la violencia sino también a la investigación de acciones ilegales que deriven de lo primero. Desde el comienzo no debían ser ellos los investigadores, sino, por ejemplo, la FBI, como se ha hecho en otros casos. Las cosas se arreglaron de manera tal que una vez comenzado ese proceso, fuese imposible para posteriores jefes cambiar de actitud; ello implicaría no solamente combatir a los ex jefes a quienes sucedieron sino a una cultura policial angelina. Esta última, por cierto, existe, es distintiva y ha sido estudiada por académicos.

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