¿Vivir en Arizona? ¡Ni con papeles!

Si tratamos de medirlo de manera convencional, es decir con números y estadísticas, no llegaremos muy lejos. Es muy difícil saber el daño que la ley de Arizona SB1070 le ha hecho al estado. No hay manera fiel de saber cuántas personas han huido hacia otras entidades o de regreso a sus lugares de origen.

Tampoco sabemos cuántos negocios propiedad de personas indocumentadas han sido mal vendidos o cerrados antes de verse envueltos en problemas mayores.

De la misma manera, estamos limitados para averiguar cuánto le han costado a Arizona las docenas de boicots que le han decretado grupos, condados, ciudades, estados e instituciones diversas. Unos hablan de que ya se han perdido cientos de millones de dólares, otros dicen que no pasan de cincuenta.

Pero una cosa sí es cierta y por demás evidente: el racismo en Arizona anda al galope.

Y eso sí tiene un alto costo, que quizás tampoco pueda medirse, pero sí advertirse en el sufrir de mucha gente.

Este estado donde vivo no era difícil para vivir. Cierto que ha sido tradicionalmente conservador y mayoritariamente republicano, pero no iba muy lejos en sus extremos. Nada que ver con la Alabama y otros rumbos de los 50 y los 60.

No le podemos echar la culpa a California, pero queriéndolo o no, ha sido el vecino del lado oeste quien, por reflejo, comenzó a cambiar a Arizona. En 1994 California aprobó la Proposición 187 (conocida como “Save our State”) que incluía, diferencias más diferencias menos, lo que dicta la hoy mundialmente famosa ley SB1070 de Arizona.

Pero además la 187 les negaba acceso a los indocumentados a vivienda, educación, salud y todo tipo de servicios públicos.

Por qué Arizona

Los legisladores de Arizona no tardaron nada en imitar a los de California (a pesar de que la 187 nunca entró en vigencia porque los tribunales anularon en su mayor parte, por anticonstitucional) y comenzaron a aprobar leyes estatales cada vez más específicas contra la población indocumentada, que en los 90 estaba muy lejos de ser tan numerosa como es ahora.

En ese mismo 1994 se estableció en el área fronteriza Tijuana-San Diego la Operación Guardián (“Gatekeeper”) que consistía en levantar una barda triple, instalar sofisticados equipos de vigilancia con capacidad para visión nocturna e incrementar enormemente el número de agentes de la Patrulla Fronteriza.

El resultado fue igual al de una lancha con varios agujeros. Cuando se tapa uno, por los otros entra más agua. Los grupos de indocumentados que ingresaban por aquella zona vinieron a unirse a los que ya entraban por la extensa frontera desértica de Sonora con Arizona, convirtiendo a ésta en una región sumamente conflictiva. No sólo aumentó voluminosamente la población de residentes indocumentados sino que también florecieron otras actividades ilegales como el coyotaje, el narcotráfico, el secuestro, etc.

El 4 de febrero de 2003, en el momento en que el entonces presidente Vicente Fox descendía del avión presidencial en el aeropuerto de Phoenix, cerca de allí, en la transitada carretera Interestatal 10 rumbo a Tucson, se liaban a balazos los integrantes de tres vehículos. Dos de ellos transportaban a 24 inmigrantes indocumentados. El resultado fue de 4 muertos, 5 heridos y una docena de arrestados.

La versión oficial fue de un encuentro entre coyotes y “bajadores” (quienes les roban su carga humana a los traficantes) pero no todo el mundo lo creyó, pues hay quienes afirman que grupos paramilitares locales y grupos racistas organizaron la operación justo cuando se tenían preparada una fuerte, ruidosa y alborotada protesta de grupos extremistas afuera del recinto donde Fox daría su discurso ante miles de mexicanos residentes en Arizona.

El objetivo sería lograr lo que hoy se ha logrado: llamar poderosamente la atención hacia el fenómeno de la inmigración indocumentada y obligar a actuar al gobierno federal o justificar la creación de leyes estatales con el mismo fin.

Napolitano, la culpable

La encargada de darle la bienvenida a Fox fue la entonces gobernadora y hoy secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano, quien había sido una suerte de escudo contra las acometidas cada vez más frecuentes y más agresivas de los republicanos. Aunque habían logrado que se promulgaran algunas leyes como la que priva de licencias de manejo a los indocumentados, Napolitano les había frenado mediante el veto otras piezas, incluyendo la primera intentona de criminalizar a los inmigrantes. Sin embargo, no se opuso a dos leyes, la “anticoyote” y la “antinegocios”, que claramente invadían el fuero federal y que todavía hoy están siendo impugnadas en los tribunales.

En Arizona, cuando concluyó la última década del siglo anterior y fue tomando fuerza la primera del siglo 21, el movimiento antiinmigrante ya había rebasado ampliamente los límites de la discreción. Y mucho tenían que ver en ello dos individuos cuya conducta, en el quehacer político, ha estado estrechamente ligada con su propia ideología.

El primero de ellos es alguien del que trataré de hablar poco porque es lo que le gusta, que hablen de él, que lo entrevisten, que lo ataquen y de esa manera se contribuya a su popularidad.

Joe Arpaio (sí, usted adivinó que era él) se postuló en 1992 por el Partido Republicano para alguacil del Condado Maricopa. Ganó y volvió a ganar en 1996, 2000, 2004, 2008 y si no lo parte un rayo seguirá ganando. La eficacia de Arpaio para combatir el crimen está muy en duda pues existen pocas evidencias – excepto las que él mismo prepara y

divulga – de que ha logrado abatir los índices de criminalidad en su área. Pero para sus simpatizantes y sus electores, de su misma tendencia ideológica, eso es lo de menos mientras se mantenga como un paladín en la lucha contra los indocumentados a quienes persigue, detiene y encarcela -en su famosísima “Tent City” o “Cárcel de las Carpas”- con lujo de crueldad y desprecio.

El otro personaje crucial en la batida contra los indocumentados es el senador estatal Russell Pearce, cuya delirante tendencia a la creación de leyes contra la inmigración y los inmigrantes le hace olvidar que existen otros rubros que también requieren de legislación.

Pearce ha tenido una trayectoria muy controversial como miembro de grupos policiacos y como burócrata. Fue, incluso, separado de su cargo al frente de la División de Motores y Vehículos del estado cuando una investigación reveló que había cometido malos manejos.

Igualmente, son bien conocidos sus nexos con grupos de supremacía blanca. En 2006, Pearce avaló públicamente a un candidato al Cabildo de Mesa, Arizona, de nombre J.T. Ready, un conocido líder neonazi cuyo grupo comenzó la semana pasada a patrullar armado la zona fronteriza de Arizona con México, en busca de indocumentados y narcotraficantes.

Ese es el Russell Pearce creador de la infame  ley SB1070.

Gobernadora sin buscarlo

Cuando Janet Napolitano aceptó el llamado de Obama para ocupar la cartera de Seguridad Interna hizo que ascendiera a la gobernatura la entonces secretaria del Estado, Janice Brewer, una republicana que había deambulado sin mucho lucimiento durante décadas por la legislatura estatal y los altos puestos de la burocracia arizonense. Arpaio, Pearce y compañía sintieron que se habían sacado la lotería. Ninguna amenaza de veto se divisaba en su futuro legislativo antiinmigrante. El camino estaba libre de obstáculos.

Aunque no fue redactada por él, la SB1070 se debe a Russell Pearce quien durante años soñó con hacerla realidad. Cuando finalmente logró que fuera aprobada por la Legislatura estatal y se envió a Brewer para que la firmara, la vetara o dejara pasar el plazo que fija la ley para que automáticamente se promulgara, Pearce sabía perfectamente que haría lo primero. Entre ellos ya había un acuerdo.

Pero el legislador quizás nunca imaginó el enorme favor que le estaba haciendo a la gobernadora. Al firmarla, frente a las cámaras de TV, en trasmisión en vivo, y sobre un tablado que parecía el escenario de un teatro, Jan Brewer se convirtió en una celebridad con una repentina fama y una estatura política que no buscó y nunca imaginó tener.

En ese momento ya era aspirante a reelegirse, pero nadie daba un cacahuate por ella.

Andaba en los últimos lugares de las encuestas. Nadie sabe para quien trabaja y Pearce sin saber trabajó muy bien a favor de la desconocida gobernadora que hoy está al frente de las encuestas tranquilamente enfilada a la reelección. Tiene mucho que agradecerle a Napolitano y a Pearce.

Odio u oportunismo político

Hasta quienes la apoyan saben que la ley SB1070 es muy severa, pero la justifican diciendo que es necesaria ante la ineficacia del gobierno federal para poner alto a una inmigración indocumentada, que ciertamente se ha convertido en un serio problema.

Pero no muchos advierten que el gobierno federal, el estado de Arizona, sus ciudadanos, el país y los indocumentados mismos se han vuelto rehenes de la política y la retórica electoral. La verdad es que Barack Obama, como antes George W. Bush y todos los presidentes, no pueden hacer mucho por sí solos cuando dependen de los votos de un Congreso cuyos miembros, como la cabra, siempre tienden hacia el monte de sus conveniencias políticas. Veamos:

En 2005, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la llamada “ley Sensenbrenner”, en honor al senador que la propuso, y que dejaba pequeña a la SB1070 de Arizona. La ley Sensenbrenner también criminalizaba a los indocumentados en cualquier parte de la nación y prácticamente desataba una persecución en su contra, en medio de un despliegue de insensibilidad y crueldad. Afortunadamente, la draconiana pieza legislativa fracasó cuando fue analizada y votada en el Senado. Muchos sabemos que esa ley tenía más sustento en el odio que en la realidad.

En el año 2006, el republicano John McCain, quien ha representado a Arizona en el Congreso federal desde 1982, primero como congresista y después como senador, se unió al fallecido senador demócrata Edward Kennedy y ambos patrocinaron un proyecto de reforma de las leyes de inmigración que tenía el apoyo de Bush. Pero el intento naufragó frente a legisladores de la extrema derecha. El tema ya se había polarizado enormemente, aunque nadie se imaginaba que llegaría a extremos entonces insospechados.

Así pues, en la nación, en Arizona y en otras entidades el tema de la inmigración indocumentada se había convertido en prioridad mientras que, a nivel mundial, a diario se hablaba del que entonces se conocía como “muro de la tortilla” que Estados Unidos construía en su línea divisoria con México.

En 2008 sucedió lo nunca imaginado: Un hombre de raza negra ganó holgadamente la presidencia de Estados Unidos frente a –¡miren ustedes qué casualidad!- el arizonense John McCain, quien también ya viajaba en el carro del oportunismo electoral y estaba por convertirse en otro antiinmigrante extremista e irracional.

Estados Unidos estaba sumido en la peor crisis económica desde la Gran Depresión y frustrado por las fracasadas guerras de Irak y Afganistán, situaciones adonde habían conducido las políticas equivocadas de Bush. Urgía un cambio y el que mejor lo representaba era Obama. Su carisma, su elocuente y convincente discurso hizo olvidar a muchos que no era, racialmente, parte del “american way”.

Hoy muy pocos lo reconocen pero resulta evidente que el resurgimiento de sentimientos y actitudes de extremismo y conductas de odio se deben al sector étnico al que pertenece Obama. El “americano” típico –incluido el hispano nacido en Estados Unidos o asimilado a su sociedad- se siente incómodo con un presidente afroamericano y lo manifiesta con un reavivamiento de sentimientos raciales que se han ido convirtiendo en una conducta nacional aceptable.

Si la ley SB1070 de Arizona estuviera escrita de otra forma y contuviera un código de aplicación diferente encajaría en el tipo de ley necesaria –eso es entendible y aceptable- para defender la soberanía de la entidad y del país. Todo estado y toda nación hace eso en pleno derecho.

Pero no es así. La SB 1070 no sólo fue concebida, y ahora defendida e impulsada, por personas cuyos antecedentes los ubican en el extremismo ideológico. Lo niegan con palabras, desde luego, porque las leyes de Estados Unidos prohíben y castigan la discriminación y el racismo, pero su comportamiento y conducta lo reconoce y confirma.

El reclutamiento en las escuelas de Tijuana

Migrantes, la pelota siempre en el aire

La intolerancia en la era Trump