Bolivia, octubre de 2025: condicionantes socio políticas y nuevo gobierno

Bolivia confirma una de las más generalizadas condicionantes sociopolíticas en América Latina y el Caribe, en esta tercera década del Siglo XXI: la polarización política que, entre otros riesgos, conlleva paralización en diversas actividades.

En efecto, de manera específica, el triunfo del centroderechista Rodrigo Paz Pereira (1967-)  quien asumirá la presidencia el 8 de noviembre, marca un histórico fin de ciclo para los veinte años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales.

La economía boliviana está en crisis

La evidencia lo confirma. Bolivia junto a Nicaragua, Honduras, Guatemala, Haití y Venezuela, forma parte del grupo –“cluster”- de países menos funcionales en Latinoamérica y el Caribe. De allí que el nuevo gobierno hereda un panorama complejo, donde el agotamiento del modelo económico estatal se suma a una sociedad antagónica y a desafíos urgentes en materia de gobernabilidad, seguridad y medio ambiente.

Existe consenso entre los principales analistas locales que la economía boliviana se encuentra en un punto crítico, evidenciando el agotamiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), modalidad de gestión macro económica y social del MAS; el cual se ha basado en la nacionalización de hidrocarburos y la promoción del mercado interno con el uso de cuantiosas Reservas Internacionales Netas (RIN).

Este modelo ha mostrado claros signos de desgaste, especialmente en términos de crisis de divisas y del tipo de cambio. Ciertamente una de las dificultades más apremiantes en la Bolivia actual, es que la disminución de reservas pone en riesgo la política central de tipo de cambio fijo (o peg cambiario), que ha sido un pilar de la estabilidad de precios durante los últimos años. Los reportes indican que esta baja genera temores sobre la sostenibilidad del tipo de cambio, el cual se ha mantenido en $6,86 a $6,96$ bolivianos por dólar.

Por otro lado, también influye la inflación, variable que como se sabe, afecta el nivel de precios y por tanto el abastecimiento de bienes. Estas dificultades se sienten ya entre la población. La escasez en el abastecimiento de combustible y el aumento de precios en productos básicos han provocado bloqueos de carreteras y masivas protestas, especialmente en regiones clave como Santa Cruz. Las proyecciones inflacionarias para 2025 se sitúan en torno al 7.5%.

Un tercer elemento que también ilustra la delicada situación económica de Bolivia en la actualidad, es la deuda y la significativa dependencia de los hidrocarburos. No obstante, el notable crecimiento de las exportaciones no tradicionales (i.e. industria manufacturera), la economía sigue siendo altamente dependiente de los hidrocarburos y minerales.

Una nueva coyuntura

La necesidad de ejecutar nuevos proyectos de exploración en gas y petróleo es vista como crucial para garantizar tanto la exportación como el consumo interno, como lo establecía el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025.

En lo referente a las condiciones socio políticas, se evidencia una clara fragmentación política y la necesidad de forjar alianzas para la gobernabilidad. Parte de la dinámica actual es el fin del ciclo del MAS. El triunfo de Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano – PDC), quien ganó la segunda vuelta con el 54.5% de los votos, marca el primer cambio  de gobierno, en 20 años sin que el MAS esté en el poder.

Además, es de tomar en cuenta que el nuevo gobierno no contará con mayoría propia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que fue definida en la primera vuelta de agosto. Esto obliga al presidente electo a negociar con otras fuerzas políticas, lo cual es un desafío en un ambiente post-electoral tenso. La polarización se alimenta de conflictos internos dentro de las filas del propio MAS y de la presencia de una oposición diversa y dividida.

Desafíos en economía y en recursos naturales

La coyuntura actual hace que el nuevo gobierno enfrente desafíos que requieren soluciones tan inmediatas como medidas de largo alcance. Uno de los principales retos consistiría en restaurar la confianza en la economía y sanear las finanzas públicas. Esto implica, entre otras consideraciones: diseñar una estrategia creíble para recomponer las RIN y garantizar la estabilidad cambiaria sin recurrir a políticas que ahonden la escasez;  afrontar la crisis de abastecimiento de dólares y combustible a corto plazo para mitigar el descontento social; y –esto es por demás esencial- promover y consolidar una transición productiva más allá de los hidrocarburos, fomentando agroecología y economías locales, algo que en el mejor de los casos, podría reducir la vulnerabilidad a choques externos.

En términos del manejo de recursos naturales, el nuevo gobierno debe encarar la situación de la minería ilegal del oro, que contamina ríos en la Amazonía, y la deforestación causada por la agroindustria. Se exige la anulación de las llamadas «leyes incendiarias» y la protección de las áreas naturales. Por si eso no fuera suficiente, las nuevas autoridades deben asumir un reto estratégico: definir y ejecutar un efectivo plan para la industrialización de las vastas reservas de litio del país, buscando maximizar el beneficio nacional en el contexto de la transición energética global.

No existe lugar para muchas dudas. El nuevo gobierno de Bolivia tiene la oportunidad histórica de reencauzar al país hacia un desarrollo más sostenible y menos dependiente de los recursos extractivos tradicionales. Sin embargo, el éxito dependerá de su capacidad para forjar consensos políticos y aplicar disposiciones económicas que reviertan la actual espiral de crisis y desconfianza