Cómo cambian los impuestos y a quiénes benefician

Con la nueva administración de Donald Trump, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está sufriendo un cambio drástico. El multimillonario Elon Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), planea eliminar miles de empleos, reduciendo su plantilla en un 18 por ciento para fines de mayo. Pero si bien el objetivo declarado es reducir costos, los expertos advierten que estos recortes podrían reducir los ingresos del gobierno hasta en $395 mil millones de dólares durante la próxima década.

Este fue el tema de la conferencia de American Community Media (ACoM) del viernes 11 de abril, donde Pilar Marrero actuó como moderadora, y empezó enunciando que “el Congreso controlado por los republicanos, presiona para extender los recortes de impuestos del primer gobierno de Trump”.

“Los analistas estiman que la extensión añadiría 4 billones de dólares a la deuda nacional en diez años, y que la mayoría de los beneficios irían a parar a los más ricos”, remarcó Marrero, quien pasó a presentar a los invitados.

Por perseguir a inmigrantes, 26 mil millones menos al año

Natasha Sarin, profesora de Derecho y Finanzas en Yale Law School and Yale School of Management, analizó el estado actual del IRS, los avances logrados durante la administración Biden y las consecuencias de los recientes recortes y cambios en la agencia. Ella, con experiencia directa en el Departamento del Tesoro, destacó: “El IRS recauda el 97 por ciento de los ingresos del gobierno federal (alrededor de $5 mil millones de dólares), pero pierde unos $700 mil millones de dólares anuales debido a impuestos no recaudados, especialmente de personas con ingresos elevados y formas complejas de generar dinero”.

También recordó que “durante la administración Biden, se invirtió fuertemente en el IRS a través de la Ley de Reducción de la Inflación, con el objetivo de modernizar la agencia, mejorar el cumplimiento fiscal y auditar a los más ricos, ya que cada hora adicional de auditoría puede recuperar alrededor de 4,500 dólares en impuestos”.

“Sin embargo, la nueva administración ha comenzado a revertir estos esfuerzos, despidiendo a 7,000 empleados clave y planteando reducciones del tamaño del IRS de hasta un 50 por ciento, lo que podría llevar a pérdidas fiscales entre $400 mil millones de dólares y $2.4 mil millones de dólares en la próxima década, debido tanto a menor recaudación directa como a una caída en el efecto disuasorio de las auditorías”.

Además, Sarín señaló la pérdida de confianza en comunidades indocumentadas tras un acuerdo del IRS para compartir datos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): “Esto puede reducir la disposición de muchas personas indocumentadas a pagar impuestos, estimando una pérdida adicional de $26 mil millones de dólares anuales, o más de $300 mil millones de dólares en una década”.

Además, expresó su preocupación por “el uso indebido de datos fiscales, incluyendo su intercambio con fuerzas del orden y actores políticos, lo cual podría provocar mayor evasión y desconfianza a largo plazo”.

Los pobres financian a los ricos

Por su parte, Michael Kaercher, subdirector del New York University Tax Law Center, y ex abogado del Internal Revenue Services, analizó el contexto actual en torno a los recortes de impuestos y sus posibles impactos, especialmente en el marco de la expiración de los recortes implementados por la administración Trump en 2017, cuando se aprobaron recortes fiscales masivos por $3.5 mil millones de dólares, que incluyeron una baja significativa del impuesto corporativo (del 35 al 21 por ciento) y beneficios fiscales para individuos, los cuales expiran a fines de 2025.

“La estrategia era hacer permanentes los recortes corporativos y temporales los individuales, confiando en que el Congreso extendería estos últimos”, dijo Kaercher.

Y agregó: “Ahora se planea un nuevo paquete fiscal de alrededor de $5 mil millones de dólares en recortes, con la mitad beneficiando al 5 por ciento más rico. Se está utilizando una técnica presupuestaria controversial, llamada línea base de política actual, que oculta el verdadero costo de los recortes, al asumir que las políticas temporales ya son permanentes, y esto distorsiona la evaluación del déficit y representa una ruptura con prácticas anteriores”.

Además, en cuanto a cómo se pagarían estos recortes, dijo que “se contemplan recortes de gastos por $1.5 mil millones de dólares, afectando programas como Medicaid (con hasta 808 mil millones de dólares de recortes, SNAP (cupones de alimentos); y estas medidas perjudicarían directamente a personas de bajos ingresos, que podrían perder beneficios clave mientras los más ricos reciben mayores alivios fiscales”.

Kaercher agregó que el gobierno federal está analizando otras fuentes de financiamiento y al respecto dijo: “Se consideran aranceles, que son impredecibles y funcionan como impuestos regresivos, afectando más a las familias pobres. También se menciona un supuesto ahorro por eliminar fraude y despilfarro mediante tecnología y control, pero estudios muestran que eso no compensa las pérdidas causadas por un IRS debilitado”.

En cuanto al impacto en el IRS y el cumplimiento tributario, dijo: “Los recortes al IRS reducen su capacidad de realizar auditorías, especialmente a grandes empresas y ricos, responder consultas de contribuyentes, ofrecer plataformas gratuitas como el programa de presentación directa, y todo esto afecta la equidad y la confianza en el sistema, ya que los ricos tienen más oportunidades para evadir impuestos si no son supervisados. Esto es así porque las tasas de cumplimiento voluntario son muy altas (99 por ciento) cuando hay retención e información de terceros, pero bajan al 50 por ciento cuando no la hay”.

En conclusión, dijo: “El nuevo paquete fiscal favorece principalmente a los ricos, financiado directa o indirectamente por los más pobres. Se prevé una reducción del cumplimiento tributario y de la efectividad del IRS, lo que afectaría la recaudación y la confianza pública en la justicia del sistema. Aunque la mayoría de personas y empresas pagan sus impuestos, las fallas en el sistema de reporte hacen que el incumplimiento sea más común en ciertos segmentos con ingresos menos transparentes”.

El vínculo IRS–ICE es negativo para toda la sociedad

En tercer lugar, tomó la palabra Aravind Boddupalli, investigador asociado del Tax Policy Center. Él organizó su análisis en tres puntos principales, expresando preocupación por el acuerdo de intercambio de datos entre el IRS (Servicio de Impuestos Internos) y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

En relación al impacto en la recaudación fiscal y la gobernanza, dijo: “El acuerdo socava la función del IRS, que es recaudar impuestos y garantizar el cumplimiento fiscal. Además, los inmigrantes indocumentados pagan más de $60 mil millones de dólares anuales en impuestos federales, pese a no acceder a muchos beneficios. Por eso, este intercambio de datos desalienta a los inmigrantes a declarar impuestos por miedo a ser deportados, lo que reduce la recaudación. Además, desvía la atención del IRS de tareas fundamentales como auditorías y servicio al contribuyente”.

Luego, en cuanto a la violación de la privacidad y pérdida de confianza, recordó: “El código tributario exige que la información fiscal sea confidencial y no se use para fines migratorios. Esta confidencialidad ha sido clave para mantener la confianza de los contribuyentes inmigrantes, muchos de los cuales esperaban que pagar impuestos mostrara buena fe para lograr estatus legal. Este acuerdo rompe un cortafuego histórico, establecido desde los años 70 para evitar abusos de poder, como los ocurridos durante la administración Nixon. Y casos recientes (como la filtración de datos de millonarios en 2024) muestran que hay consenso sobre la importancia de la confidencialidad fiscal”.

Por último, en cuanto a las consecuencias para familias y bienestar infantil, dijo: “El acuerdo tiene un efecto disuasorio generalizado, afectando no solo a indocumentados, sino también a residentes legales, refugiados, y ciudadanos naturalizados. Muchas familias evitan servicios básicos (como salud o educación) por miedo a llamar la atención de autoridades migratorias. Una encuesta del Urban Institute de diciembre de 2024 mostró que hasta un 60 por ciento de las familias con estatus migratorio mixto evitaban actividades esenciales”.

“Esto puede llevar a menos declaraciones de impuestos, menos retención de impuestos en nómina y pérdida de créditos fiscales clave (como el crédito por hijos o por ingresos laborales), afectando a millones de niños ciudadanos estadounidenses”, remarcó.

El autor compartió su experiencia personal como ciudadano naturalizado, recordando el miedo que sintió como titular de una visa de trabajo durante la primera administración Trump y subrayó que “el temor de los inmigrantes a usar servicios o declarar impuestos afecta negativamente a toda la sociedad”. Como conclusión, dijo: “El acuerdo IRS–ICE representa una pérdida para la recaudación fiscal, la privacidad y la confianza pública, y tendrá consecuencias económicas y sociales perjudiciales, especialmente para familias inmigrantes y niños ciudadanos estadounidenses”.

Debilita la estabilidad económica

Por último, habló Richard Prisinzano, Director de Análisis de Políticas, en The Budget Lab. Él también advirtió que las recientes medidas del gobierno federal podrían tener efectos negativos en la recaudación de impuestos, la economía formal y el bienestar de millones de familias inmigrantes en Estados Unidos. “El temor a que sus datos fiscales sean compartidos con agencias migratorias está empujando a muchos inmigrantes indocumentados a evitar presentar sus declaraciones de impuestos, incluso cuando les corresponde recibir reembolsos”, dijo Prisinzano.

Y continuó: “Se estima que una gran parte de los inmigrantes indocumentados obtiene ingresos mediante formularios W-2, lo que implica retenciones automáticas de impuestos. Sin embargo, muchos de ellos no reclaman sus reembolsos por temor a exponerse a investigaciones migratorias o posibles deportaciones. Es una doble pérdida: el Estado retiene más de lo que debería y el contribuyente pierde todo”.

Además, el experto advirtió que este clima de desconfianza podría incentivar la informalidad laboral: “Podríamos ver a más personas abandonando empleos formales o cobrando en efectivo, lo cual debilita la economía formal y reduce la base tributaria”.

En otro momento, Prisinzano advirtió: “La preocupación se agrava con reportes recientes de que algunas agencias están trasladando datos de inmigrantes al archivo de deudas de la Seguridad Social, e incluso al archivo de defunciones, supuestamente vinculándolos con actividades criminales sin pruebas claras. Este uso de información tributaria para fines migratorios se considera un posible abuso y ha generado alarma en la comunidad. Y el impacto no solo afecta a inmigrantes indocumentados. Ciudadanos naturalizados, residentes permanentes y personas con visas también podrían verse perjudicados. Muchos vivimos en familias de estatus mixto. Estas políticas siembran el miedo y amenazan el acceso a créditos fiscales, cuentas bancarias o servicios básicos”.

Además, dijo que “se teme que el uso de los ITIN (número de identificación fiscal para quienes no tienen SSN) se vea restringido. En varios estados, este número permite abrir cuentas bancarias o incluso obtener una identificación estatal. Si los ITIN se deslegitiman o generan sospechas, se empujaría aún más a los inmigrantes a la sombra”.

“El temor también podría reducir el acceso al crédito tributario por hijos, un beneficio económico clave para muchas familias con hijos ciudadanos estadounidenses. ¿Qué pasa si dejan de reclamarlo por miedo a que se use esa información en su contra? En resumen, las nuevas políticas fiscales y migratorias podrían debilitar no solo la recaudación, sino también la estabilidad económica de millones de hogares, afectando especialmente a los más vulnerables. Estas medidas nos hacen retroceder y nos perjudican a todos, no solo a los inmigrantes”, concluyó.