Con Norma Piña, en México habrá justicia para todo aquel que pueda comprarla

Bajo la supervisión de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México, magistrados han ordenado en cuatro ocasiones liberar al fiscal de Morelos que trató de proteger al perpetrador de un feminicidio.

Desafortunadamente, el fiscal fue liberado en el quinto intento.

Esto sucede a unos meses de que Piña recibiera el premio de Derechos Humanos 2023 por parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por su sigla en inglés) por supuestamente avanzar en la justicia el tema de las mujeres.

El mismo día, pero a horas de diferencia, otro juez en México estaba liberando al abogado Juan Collado, acusado de cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El letrado, quien ha representado a numerosos políticos poderosos, también señalados por corrupción, llevará el caso desde la comodidad de su hogar.

Uno de los casos más señalados y que provocó titulares e inconformidades por la ciudadanía durante varios días, fue la liberación de las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna, el mismo día que el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón era encontrado culpable por conspiración de narcotráfico en un tribunal de Nueva York. Este caso es emblemático por lo que representa el acusado y por el momento en que se realiza el descongelamiento de las millonarias cuentas.

Otro de los casos que enfureció a la ciudadanía fue el hecho de que un tribunal ordenara el descongelamiento de cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, director general de seguridad privada, mientras que García Luna era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón. El hasta ahora detenido fue acusado de tortura durante la detención de Israel Vallarta.

Pero uno de los casos más recientes fue el de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien debe al fisco la cantidad de 25,000 millones de pesos, pero que no quiere pagar; no obstante, como ya agotó todas sus opciones legales, recurrió al ministro Luis María Aguilar, quien ha congelado el caso, aparentemente para proteger a Salinas y dejar que pase el tiempo sin mayor repercusión.

Desafortunadamente estos casos son solo la punta del iceberg de la cascada de liberaciones a lo largo y ancho de la nación, en los que tribunales y jueces han participado, argumentando excusas como el error de un número en una dirección o una hora que no coincide por minutos, entre otros datos absurdos con los que, en muchas ocasiones, los jueces justifican su accionar.

El martes 19 de septiembre en la Mañanera, como se conoce a la conferencia de la presidencia de la República, en su sección de Cero Impunidad, del 5 al 18 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló cómo varios jueces y tribunales dejan en libertad a individuos acusados de narcotráfico, explotación sexual, delincuencia organizada, abuso sexual y feminicidios, entre muchos otros cargos.

Entre los casos presentados por las autoridades esta semana, les compartimos cinco situaciones donde los jueces favorecen a presuntos delincuentes:

Julio Veredín Sena Velázquez, juez séptimo de distrito de amparo en la Ciudad de México, otorgó una suspensión previsional el 7 de septiembre para evitar la extradición a Estados Unidos de Vicente N. (alias el Viceroy), acusado de 46 cargos, entre otros lavado de dinero, importación y posesión de cocaína con la intención de distribuirla.

Aníbal Castro Borbón, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en Sonora, dejó en libertad a Isidro N., quien ante la presencia de elementos del ejército mexicano se introdujo ilegalmente en una propiedad privada y agredió con una arma de fuego a los elementos castrenses; pero debido a que el morador del inmueble donde se introdujo Isidro N. ratificó los hechos de manera tardía por temor a represalias, el juez consideró razón suficiente para declarar nulas todas las pruebas y otorgar la absolución del individuo.

Anastacio Romo Vargas y los magistrados Jesús Díaz Guerrero, Marcela Elizabeth García Cante y Jorge Sebastián Martínez García, en Tlaxcala, dejaron en libertad condicionada a cuatro presuntos secuestradores, involucrados en secuestros de un adulto y un menor de edad. Los jueces otorgaron a los presuntos secuestradores el privilegio de llevar el caso en libertad, imponiéndoles una garantía económica y el uso de localizadores electrónicos, poniendo en riesgo a las víctimas y testigos que declararon en su contra.

Gerardo Genaro Alarcón López, juez de distrito especializado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en el caso de Emilio N. y agronitrogenados de Pemex, el juez ordenó la suspensión del procedimiento que se lleva a cabo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al incluirlo en el acuerdo de reparación del daño a Pemex por parte de Alfonso N., además de que este último no ha cumplido en el pago a la paraestatal.

Esta lista muy bien podría seguir hasta formar un libro, ya que son incontables los casos donde el departamento público que supuestamente debe de impartir justicia a la nación, lo que está haciendo es poner en libertad a un gran número de delincuentes, sobre todo de cuello blanco, y poniendo en peligro a la sociedad a la que debería servir; además, está creando un paraíso de impunidad con el que manda un claro mensaje a los criminales: habrá justicia para todo aquel que pueda comprarla.

Cabe mencionar, finalmente, que la ministra Piña ha contratado en su equipo a por lo menos dos empleados que trabajaron con el exsecretario de seguridad García Luna, quien está preso en Estados Unidos.