Cuadernos de la Pandemia / Condena a Chiquita Brands no es ni la punta del iceberg (Parte I)

Solo sonríe
—Uno de los slogans de Chiquita Brands

Tomó 17 largos años, pero lo que parecía imposible al fin llegó. El pasado 10 de junio el Tribunal del Distrito Sur de Florida halló culpable a la transnacional bananera Chiquita Brands International de contribuir al menos con $1.7 millones de dólares al financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las ahora extintas Autodefensas fueron un grupo paramilitar de extrema derecha, contrainsurgente y narcotraficante, que sembró el terror en vastas regiones del país desde 1997 al 2007, y está acusado de más de 4 mil masacres, algunas de ellas con el apoyo mismo del ejército colombiano. La sentencia contra Chiquita constituye un hito por ser la primera vez en la historia que una corporación estadounidense es inculpada por crímenescometidos fuera de los Estados Unidos.

La condena estipula que Chiquita Brands debe pagar $38.3 millones de dólares a ocho familias colombianas, nueve de cuyos miembros fueron asesinados por las AUC entre los años 1997 y 2004, período en el que estos escuadrones de la muerte aparecían en la nómina de pagos de la bananera. Los abogados de Chiquita han dicho que apelarán la sentencia, pero es poco probable que haya vuelta atrás en el dictamen federal. Las demandas en trámite ante tribunales de los Estados Unidos contra Chiquita, por delitos de las AUC bajo sus auspicios, comprenden a más de 4,500 víctimas. La conclusión de este juicio representa, en efecto, una mínima porción de los juicios pendientes contra la bananera.

Tanto el juicio como la sentencia no hubieran podido tener lugar (al menos no exitosamente), si el Departamento de Justicia de los EE. UU. no hubiera declarado a las AUC como grupo terrorista en 2001, y por tanto prohibiera a las compañías estadounidenses proveer apoyo a esta organización paramilitar (¿o sea que sin esa clasificación de terroristas sí podían hacerlo?). Tan solo dos años después, en 2003, bajo investigación del Departamento de Justicia, Chiquita admitió ante un tribunal del Distrito de Columbia haber financiado a las AUC y fue obligada a pagar una multa de $25 millones de dólares al gobierno de EE.UU., de los cuales ni un solo peso fue destinado para reparar a los familiares de las víctimas.

Pero ahora, casi dos décadas después de extenuantes litigios legales, la compañía bananera, en la actualidad la más grande del mundo, ha sido sentenciada a pagar la mencionada indemnización a los familiares del pequeño número de víctimas en los que se centró la demanda por la contundencia de las pruebas. Este acto de reconocimiento y justicia pudo llevarse a cabo gracias a la tarea de EarthRights International, un grupo legal norteamericano que lucha por los derechos humanos, y quienes junto a diferentes firmas legales han radicado denuncias en diversas cortes de Estados Unidos a nombre de miles de familias colombianas con parientes asesinados, secuestrados, desaparecidos, extorsionados, torturados o desplazados de sus tierras por las AUC. Entre estas otras firmas legales están Paul Hoffman, Arturo Carrillo, Judith Brown Chomsky y Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC.

En la demanda contra Chiquita, EarthRights indicó: “Los demandantes son familiares de sindicalistas, trabajadores bananeros, organizadores políticos, activistas sociales y otras personas de la región bananera de Colombia, que fueron atacados y asesinados por paramilitares durante la década de 1990 hasta 2004”. A modo de ilustración EarthRights menciona uno de los cuantiosos casos: “Esto incluye a John Doe 9 (un seudónimo utilizado para mantener a su familia a salvo), que era un trabajador de las plantaciones bananeras colombianas, un líder sindical y el único sostén de su familia. En 1997, fue torturado, decapitado y desmembrado por el grupo terrorista paramilitar conocido como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Ahora, su viuda y cientos de otras familias con historias similares están buscando justicia contra el gigante bananero Chiquita, que admitió haber financiado ilegalmente a las AUC durante años” (1).

Con su apoyo a la organización paramilitar, Chiquita, a través de su filial colombiana Banadex, buscaba seguir garantizándose tierras y ganancias de millones de dólares en una vasta región bananera del Urabá antioqueño y del Magdalena Medio. Según la ONU, las AUC son directas responsables de no menos del 80% de los asesinatos de civiles durante el conflicto armado en el que se calcula que murieron unas 260 mil personas.

Pero además del financiamiento con pagos a las AUC, Chiquita está acusada de haber ayudado a las AUC en el tráfico de drogas y armas en los barcos donde la empresa transportaba el banano. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, “La relación entre paramilitares y narcotráfico era de público conocimiento, en particular en Urabá. Por ello, cuando la empresa Chiquita Brands pactó con los paramilitares, asumió las implicaciones: estos escondían droga en los contenedores que llevaban banano. Chiquita Brands lo ha negado; sin embargo, versiones internas e incluso información de organismos de justicia e internacionales indican que sí hubo envíos de cocaína en buques de exportación de Chiquita Brands” (3).

Adicional a su vinculación con el narcotráfico, la multinacional estadounidense participó en el tráfico de armas para las Autodefensas Unidas de Colombia. Según un Informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Chiquita Brands ayudó al “desvío de tres mil [fusiles] AK47 y 2.5 millones de municiones de los arsenales nicaragüenses a las AUC en 1999: La transacción original era un intercambio legítimo entre la Policía Nacional de Nicaragua y una agencia privada de venta de armas en Guatemala, el Grupo de Representaciones Internacionales (GIR S. A.)”.

Sin embargo, continúa el Informe, “después de cambios en el trato inicial (se resolvió intercambiar cinco mil AK-47 excedentes de la policía por 3,117 armas en buen estado técnico de los inventarios del Ejército), las armas no fueron llevadas a Panamá sino que llegaron a Turbo, Colombia, desde donde fueron entregadas a las AUC”. El armamento fue transportado en el buque Otterloo (OEA, 2003). La multinacional Chiquita Brands ha sido relacionada con esta operación de tráfico de armas, al establecerse que su filial Banadex fue la empresa encargada de desembarcar de la motonave los contenedores en los que venía el arsenal (4). En una entrevista concedida por el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, al diario colombiano El Tiempo, expresó sobre el uso del barco Otterloo: “Es el mayor logro obtenido para las AUC.  A través de Centroamérica, cinco embarques, 13 mil fusiles» (5).

Una de las peculiaridades de este juicio es que el Tribunal del Distrito Sur de Florida echó mano del Código Civil colombiano para juzgar a Chiquita, por el hecho de ser una compañía de Estados Unidos cuyas acciones delictivas fueron realizadas en Colombia. Los artículos 2341 y 2356 del Código Civil señalan que quien cause daño a otro, ya sea por delito o culpa, debe indemnizar a la víctima, adicional a cualquier pena principal que la ley le imponga.

Una pregunta que resalta por su obviedad es, por qué después de tantas investigaciones la justicia colombiana no ha declarado culpable a Chiquita por el delito de asociación para delinquir con el paramilitarismo, como sí lo hizo el tribunal de Florida. Alrededor de esta pregunta, La Silla Vacía, un medio digital de periodismo investigativo colombiano, consultó a un experto jurídico y un politólogo, quienes indicaron que “adelantar casos en otras jurisdicciones es una tendencia marcada de grupos de víctimas, que pueden demandar a las casas matrices de empresas por las acciones de sus filiales en Colombia. Esto lo permite la Ley de reclamación por agravios contra extranjeros (Atca, por su sigla en inglés) en EE.UU., o la Ley de protección de víctimas de tortura, que fue la que se usó en el caso de Chiquita Brands” (2).

Resulta evidente de cualquier manera que la justicia colombiana ha sido históricamente negligente en adelantar juicios contra grandes compañías multinacionales y nacionales, en buena parte debido a la complicidad, sobornos y corrupción de jueces y magistrados, y a lo intricado y complejo de la ley colombiana para adelantar juicios de esta naturaleza. Aunque vale destacar que el sistema judicial de los Estados Unidos tampoco es conocido por resolver casos semejantes, como lo demuestra el hecho de que esta sea la primera vez que una de sus compañías nacionales es hallada culpable de crímenes en un país extranjero.

Hay que tener en cuenta que la multinacional bananera no ha sido la única empresa bajo la mira de la justicia tanto de los Estados Unidos como de Colombia por financiamiento al paramilitarismo. Entre otras grandes transnacionales de los EE. UU. que fueron investigadas estuvieron Coca-Cola y Drummond, esta última una corporación minera con grandes minas de explotación de carbón en el departamento colombiano del Cesar, que en su momento fue también territorio de las acciones terroristas de las AUC.

Otra empresa investigada ha sido Bavaria, por décadas la principal cervecería colombiana y actualmente parte del grupo belga Anheuser-Busch InBev, la mayor cervecería del mundo. La empresa privada colombiana de bebidas Postobón, y la compañía estatal de petróleos, Ecopetrol, también han sido objeto de investigación por sus nexos con el paramilitarismo. Pero estas demandas y acusaciones no han progresado hasta ahora ya sea por alegadas falta de pruebas, por prescripción, o por falta de medios económicos de los demandantes frente a los poderosos lobbies y recursos legales de estas compañías.

Lo cierto a estas alturas es que otras demandas contra Chiquita Brands siguen activas y a la espera de nuevos desenlaces sobre su participación en la desestabilización y violencia en países de América Latina, con el foco especial en Colombia en estos momentos. Lo que una buena parte de las noticias de prensa olvidan, o prefieren no mencionar en esta historia del triunfo judicial contra Chiquita Brands, es que es la heredera y continuadora de la funesta compañía bananera estadounidense, la United Fruit Company (UFC), conocida en América Latina como La Frutera, y El Pulpo, de donde los países centroamericanos llegaron a ser conocidos con el apodo despectivo de repúblicas bananeras.

La UFC es considerada como la compañía que sirvió de modelo al mundo del capitalismo depredador y extractivista desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente. Fue la mayor poseedora de tierras de Centroamérica, ayudó al establecimiento de dictaduras militares y al financiamiento de escuadrones de la muerte ultraderechistas. La enorme migración centroamericana en los años 80s y 90s, su relación con la guerra fría y el desarrollo de las pandillas salvadoreñas en Los Ángeles, entre otros traumas poblacionales de la región, tienen como uno de sus grandes telones de fondo la explotación bananera de la UFC.  Acosada por su funesta historia, en 1990 cambió su nombre por el de Chiquita Brands International, bajo el cual sigue operando hasta el día de hoy. Recuerda: solo sonríe.

Próximo artículo: Chiquita Brands y el sangriento arte de pelar un banano (Parte II)

Fuentes citadas:

1) “Doe v. Chiquita Brands International. Banana Giant Chiquita Paid Terrorist Group for Security”, por EarthRights International. Consultado, julio 29, 2024.
2) “La víctimas prefieren un caso corto afuera que uno largo en Colombia”, por Daniela Garzón y Eloísa Fagua Lozano. La Silla Vacía, junio 17, 2024.
3) “No matarás. Las ACCU y la industria bananera”. Comisiondelaverdad.co. Consultado el 30 de julio, 2024. Nota: Las siglas ACCU se refieren a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que en 1997 se unieron a bandas paramilitares de otras regiones del país y dieron origen a las AUC.
4) Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos sobre el desvío de armas nicaragüenses a las Autodefensas Unidas de Colombia”. OEA. 6 de enero de 2003.
5) “Ya tenemos instructores en Venezuela”, por Martha Elvira Soto F. y Orlando Restrepo. El Tiempo, 30 de junio de 2002.

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