Cuadernos de la Pandemia / La aberrante explotación laboral de niños migrantes en los Estados Unidos
Quién salvará a ese chiquillo
Menor que un grano de avena?
De dónde saldrá el martillo
Verdugo de esta cadena?
—El niño yuntero, Miguel Hernández
Se estima que solo desde el año 2021 hasta el presente más de 300 mil niños y niñas, la mayoría de ellos de países centroamericanos (sobre todo de Guatemala y Honduras), han entrado a los Estados Unidos por la frontera con México, sin un acompañante adulto y sin documentos. Y cada día siguen llegando más, como una marejada que arroja sus despojos en las extensas fronteras del desierto. Exponiendo su vida a todos los peligros imaginables atraviesan países dejando parientes atrás, esperando encontrar parientes, o una persona generosa que quizás los acoja a este lado de la frontera que conciben como un sueño idealizado, o al menos como un escape. Pero al cruzar la frontera se encuentran con una realidad hostil, más dura quizá que el largo camino para llegar aquí.
Una porción de esos menores podrán reencontrarse con sus familiares después de permanecer en refugios que operan como cárceles provisionales. Otros serán puestos en manos de patrocinadores que se ofrecen a responder por ellos mientras resuelven su situación legal. Pero lo que constituye el verdadero drama a largo plazo es que miles de estos menores vendrán a ser parte de una creciente masa de niños y niñas que terminan siendo explotados en trabajos de agricultura, fábricas, hoteles, restaurantes, obras de construcción. Otros trabajarán en oficios menos visibles y tal vez peores, muchas veces gestionados por las mismas personas que se ofrecen a ser sus patrocinadores y custodios, y a los que las autoridades, en su urgencia de deshacerse de los menores, no les chequean adecuadamente sus antecedentes.
El pasado 27 de julio, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (DOL) dio un vislumbre de ese panorama desolador. Según un reporte del DOL, desde el 1 de octubre de 2022 y hasta julio de este año, han encontrado a 4,474 migrantes menores de edad siendo explotados en 765 lugares de trabajo de distintos estados del país. La cifra representa un aumento del 44% en comparación con el año fiscal pasado (1), y un aumento del 83% desde 2015. Pero, como todas las estadísticas de migración, estos datos cambian continuamente y son apenas un porcentaje de una realidad mucho más trágica. El rastreo que hace el DOL y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), responsable de los niños migrantes, es difícil y complejo, no solo por el personal insuficiente, los trámites y el papeleo burocrático, sino porque los migrantes menores de edad, aún después de que han sido aceptados permanente o temporalmente en el país, suelen desaparecer de los radares institucionales y se convierten en presas fáciles y vulnerables a la explotación.
Las autoridades y el personal de estas dos agencias federales debían haber sido las que denunciaran y tomaran acciones a tiempo contra estos atropellos. Sin embargo, fue la periodista Hannah Dreier, del The New York Times, quien hizo sonar las alarmas con una investigación a fondo que le tomó desde finales de 2022 hasta principios de este año. Dreier entrevistó a decenas de niños migrantes que estaban siendo explotados, y consultó con abogados, trabajadores sociales, maestros de escuela y oficiales del gobierno en 20 estados para crear un cuadro amplio de flagrantes violaciones a los derechos de los niños, que dio a conocer a finales de febrero pasado. La periodista ilustra el caso de adolescentes migrantes trabajando toda la noche en aserraderos donde cortan madera con grandes sierras; niños de 12 a 15 años haciendo labores pesadas de construcción; lavando ropa de cama de hoteles en horario nocturno; empacando cereales en medio de poleas y engranajes filosos donde pueden perder los dedos, como ha ocurrido; en fábricas con ruidos atronadores que les afectan la salud y les quitan el sueño; en jornadas de trabajo de doce o más horas diarias (2).
En otro artículo, publicado pocos días después, Dreier menciona entre los explotadores a compañías reconocidas como “Ben & Jerry’s, Fruit of the Loom, Ford, General Motors, J. Crew, Walmart, Whole Foods y Target”, y la enorme planta “Hearthside Food Solutions, una empresa que fabrica y envasa alimentos para otras marcas como General Mills, Frito-Lay y Quaker Oats” (3). Después de estos hallazgos, el conjunto de estas compañías ha recibido multas por cerca de 7 millones de dólares; una cifra irrisoria comparada con la gravedad del abuso laboral y el maltrato a que son sometidos estos menores.
A nadie debe sorprenderle que la explotación y esclavitud laboral de menores de edad (definidos por las Naciones Unidas como niños y niñas de menos de 18 años) haya existido desde los orígenes de este país. Niños y niñas negros en las plantaciones de los colonos blancos eran forzados a trabajar junto con sus familiares adultos largas horas sin ningún pago ni oportunidades de ir a la escuela y con poco tiempo para el descanso. Lo mismo ocurrió con los niños de las poblaciones indígenas, cuyas tierras les fueron arrebatadas, y los sobrevivientes fueron sometidos a la esclavitud por los colonos.
Fue solo hasta 1938 cuando se aprobó la llamada Fair Labor Standards Act (Ley de Normas Laborales Justas) en el marco del New Deal de F.D. Roosevelt, que buscaba, entre otras cosas, la abolición del “trabajo infantil opresivo”. En dicha ley se indica que “Ningún empleador usará mano de obra infantil opresiva en la producción de bienes para el comercio” (4). La ley especifica que los menores de 14 años no deben trabajar en gran parte de las industrias y limita el tiempo de trabajo a tres horas en los días de escuela hasta los 16 años, a la vez que prohibe el trabajo peligroso hasta los 18 años. Pero esta ley federal incluye una trampa (o un mico, como dicen en Colombia): no solo dejó por fuera la explotación de los niños y niñas en la agricultura, sino que su interpretación y aplicación a nivel estatal ha estado siempre acomodada al beneficio explotativo de las compañías agrícolas. Para agravar aún más el problema, el término “agricultura” está definido en esta ley como una actividad bastante abarcadora, que incluye no solo el cultivo del suelo, sino también la ganadería, crianza de aves y el empacado y envío de estos productos.
La Federación Estadounidense de Maestros (AFT) ha denunciado que en la actualidad hay un promedio de 500 mil niños y niñas trabajando en la agricultura sin la protección del sistema legal, y en abierta violación a las leyes y acuerdos internacionales del tratamiento a menores de edad. Uno de los efectos a los que apunta la AFT es que la mayoría de estos niños no tiene la oportunidad siquiera de terminar la escuela secundaria. “Muchos”, dice la AFT, “comienzan a trabajar a edades tan tempranas como los 8 años, y las semanas de trabajo de 72 horas (más de 10 horas por día) no son infrecuentes” (5). No debería, por tanto, ser extraño, como apunta esta federación de educadores, que el día de hoy los niños migrantes sean la mayoría de los que trabajan en pesadas tareas en los campos, sin ninguna o muy escasa protección legal.
El problema del trabajo infantil es una de las grandes y perpetuas pandemias en un país que de manera estructural privilegia el lucro por encima de la vida de los más desfavorecidos. Pese a que los Estados Unidos ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, es el único país del mundo que se ha resistido a ratificarla, reservándose la libertad de establecer sus propias normas, que en la práctica solo han conducido a una mayor servidumbre y saqueo de los derechos de los niños migrantes, y también de los niños de grupos racializados y empobrecidos, entre los cuales el tráfico humano y toda clase de abusos son también elevados.
Aunque el Departamento de Educación señala que todos los niños migrantes tienen el derecho a estudiar al menos hasta terminar la secundaria, y a que se les preste la atención debida para lograr esa meta, la realidad es que el sistema es deficiente para la cantidad de niños y niñas arribando al país. En cambio, el sistema funciona bien para que estos menores sean empujados a trabajar a edades muy tempranas, como lo muestran las investigaciones de las fuentes mencionadas y de otras organizaciones. Como consecuencia, el año pasado la Human Rights Watch (HRW), una de las principales agencias independientes de derechos humanos, le dio una calificación de “D” y “F” a 46 estados del país en términos de los estándares internacionales de protección de los niños en las áreas de trabajo infantil, castigos corporales, matrimonios de niños y abuso del sistema judicial. Solo cuatro estados restantes, Nueva Jersey, Ohio, Iowa y Minnesota obtuvieron una “C” (6).
Según el Instituto de Política Económica (EPI), la cancelación en 2022 de la ayuda económica que implementó el presidente Biden (el crédito tributario por hijos menores en familias que calificaban para esta y otras ayudas durante la pandemia), hizo disparar el número de niños viviendo en la pobreza de 3.8 millones en 2021, a 9 millones en el 2022. Como dice el informe del EPI, los índices de “pobreza siguieron afectando a los niños afroestadounidenses, hispanos e indígenas de los Estados Unidos y los nativos de Alaska más del doble de lo que ha afectado a los niños de la población blanca” (7). A su vez, el mismo informe del EPI revela que, “El número de menores empleados en violación de las leyes sobre trabajo infantil aumentó un 37% en el último año y al menos 10 estados introdujeron o aprobaron leyes que revocaron las protecciones contra el trabajo infantil en los últimos dos años”. El resultado de esto es que más niños, incluyendo a los migrantes más recientes, seguirán engrosando el número de menores obligados a trabajar con mínima o ninguna protección legal.
La Organización Internacional del Trabajo, con el apoyo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lanzó hace dos años, en plena pandemia, la entusiasta campaña “2021, Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil”, con el propósito de crear conciencia y un esfuerzo concertado entre las naciones del mundo en la lucha por justicia social para los niños, y de modo particular para los más desprotegidos, entre los que están los niños migrantes solos. El hecho de que los Estados Unidos no haya ratificado hasta ahora la Convención de los Derechos del Niño, lo exime de estar obligado legalmente a sumarse a estos esfuerzos y lo mantiene en este, como en todos los demás asuntos de sus relaciones con el resto de las naciones, en esa esfera autónoma y supremacista en la que solo tiene que rendirse cuentas a sí mismo. Y los resultados hasta el presente no son necesariamente los mejores.
Fuentes citadas:
1) “Department of Labor, Interagency Task Force announce recent actions to combat exploitative children labor with new partneship, innovative tactics, ramped up enforcement”. Department of Labor. News Release. 27 julio 2023.
2) “Solos y explotados, niños migrantes desempeñan trabajos crueles en EE. UU.”, por Hannah Drier. The New York Times, 25 febrero, 2023.
3) “El gobierno de Biden anuncia medidas enérgicas contra la explotación de menores migrantes”, por Hannah Dreier. The New York Times, 28 febrero 2023.
4) “The Fair Labor Standards Act Of 1938, As Amended”. U.S. Department of Labor Wage and Hour Division WH Publication 1318, Revised May 2011.
5) “Trabajo infantil en los Estados Unidos”. American Federation of Teachers. Consultado el 15 de septiembre, 2023.
6) “US States Fail to Protect Children’s Rights”. Human Rights Watch, September 13, 2022.
7) “The end of key U.S. public assistance measures pushed millions of people into poverty in 2022”, por Ismael Cid-Martínez y Ben Ziperer. Economic Policy Institute, September 12, 2023.
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