Niños migrantes esperan en campos abiertos: una historia de odio y burocracia
En estos días resurge el odio contra el otro social. El que causa el hecho que los pigmentos de la piel del otro son más oscuros que los de uno. El odio a quien adora o sus antepasados lejanos adoraban a un dios tan invisible como el de uno (y tan inexistente) pero diferente. Al hombre que ama a un hombre, o a la mujer que ama a otra mujer. A todo un grupo, porque pone en la boleta electoral un papelito con letras diferentes.
Hay odios más terribles. Son los institucionales, los sancionados por los gobiernos, los justificados por las leyes imperantes, los utilizados para dominar no al objeto del odio sino también al pueblo que odia.
En esta categoría está la política antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos.
De cualquier gobierno de Estados Unidos, a lo largo de su historia.
Una política estrechamente relacionada al odio que la justifica y que incrementa.
Peter Schey
A los 77 años de edad y por complicaciones de linfoma falleció la semana pasada el abogado Peter Schey, una de las voces más importantes en la defensa legal de los inmigrantes en Estados Unidos.
Peter Schey fue un gran luchador contra el odio social. Y si bien es nacionalmente reconocido por haber liderado el equipo que llevó a revocar la Proposición antiinmigrante 187, no menos importante es su contribución al Acuerdo Flores, que en 1997 determinó las obligaciones del gobierno en el trato dado a los niños indocumentados que intentan entrar al país.
El Acuerdo Flores de 1997 es un decreto de consentimiento, resultado de la decisión Flores vs. Reno de la Corte Suprema, que en 1993 estableció los estándares nacionales mínimos para el tratamiento de menores de edad inmigrantes detenidos y que entre otras partes ordenó que los menores no acompañados estén en instalaciones no carcelarias y con licencia estatal para cuidar a niños. Asimismo, limitó el lapso durante el cual pueden estarlo. Lleva el nombre de Jenny Lisette Flores, una niña no acompañada de 15 años de edad proveniente de El Salvador.
Fue una victoria notable que llevó 15 años – desde julio de 1982 en que fue presentado – conseguir. Una victoria que desde entonces ha prevenido una y otra vez más abusos por parte del gobierno contra niños migrantes.
Pero que ya no alcanza, porque el odio está volviendo a la primera plana como política del estado.
El caso permanece hasta el día de hoy bajo la supervisión de la jueza de distrito estadounidense Dolly Gee en el Distrito Central de California.
Flores vs. Reno
Las partes en el acuerdo confiaban que suministraría respuestas para las diferentes situaciones que podrían presentarse en el futuro sobre el bienestar – palabra mal usada aquí – de los niños inmigrantes.
Sin embargo, a partir de 2019 la situación en la frontera superó los límites del Acuerdo Flores. Miles de niños fueron cruelmente separados de sus padres por el gobierno de Donald Trump. Y aunque la práctica de separación de familias fue anulada ni bien Joe Biden lo reemplazó en la presidencia, en algunos casos los rastros de los hijos se han perdido irremediablemente. Es que, adrede, no registraban sus nombres cuando su trato pasaba de la jurisdicción de una agencia federal a otra.
En julio de aquel año, los demandantes originales en el caso Flores volvieron a la historia y pidieron una orden de restricción temporal (TRO) que impida las peores manifestaciones del odio contra los niños. La jueza Gee, la misma que muchos años antes había aprobado “Flores”, ordenó a las partes participar en discusiones de mediación ante la monitor especial independiente Andrea Sheridan Ordin.
Los solicitantes de asilo no son ilegales
En esos días muchos miles se amontonaban a ambos lados de la frontera. Como ahora. Ya eran más quienes solicitaban asilo que los que trataban de cruzar ilegalmente. Y eso que cruzar la línea corriendo había sido lo común por muchos años.
Los solicitantes de asilo no contravienen las leyes y no son inmigrantes ilegales. Eso es así si es que les permiten presentar su solicitud, detalle explotado por los gobiernos de turno que de mil maneras les negaban, no el asilo, sino la posibilidad de solicitarlo.
Pero en definitiva, depende del gobierno de turno dictaminar si, como se hizo durante muchos años, se les permite entrar al país y permanecer aquí hasta que las autoridades determinen si su solicitud de asilo tiene mérito. Tienen los gobiernos ese derecho y está bien, porque las fronteras son una de las principales características de toda nación.
Si no se los admite, su otra opción es esperar en México, donde como se sabe se crearon condiciones desastrosas para los migrantes con el pasar del tiempo.
El nuevo gobierno de Joe Biden ha buscado la vía de detener a los inmigrantes en campos temporarios. Por horas y días.
Campos a la intemperie
Estos campos están a la intemperie porque no contienen edificios permanentes para albertar a las familias. Y las condiciones imperantes son lamentables.
“Al menos siete áreas de retención de migrantes han surgido en varios puntos a lo largo de la frontera de California”, escribía en marzo Emily Baumgaertner para el New York Times. “Uno es un gran parche de tierra en el desierto al lado de una carretera; Otra es una meseta en el desierto montañoso; Otra es la brecha estrecha entre dos paredes fronterizas paralelas que se han erigido a pocos pies de la Ciudad de Tijuana de Tijuana”.
Todos esos lugares son “campamentos improvisados» donde instruyen a los solicitantes de asilo que se alineen para el conteo, se quiten los cordones de los zapatos, se desvistan a una capa de ropa y esperen.
Hay allí niños con laceraciones profundas, huesos rotos, fiebres, diarrea, vómitos, convulsiones. Algunos se esconden dentro de contenedores de basura. Un niño asmático sin inhalador jadea en el humo acre de los incendios de basura.
Estos campamentos están situados en California, específicamente en el Valle de la Luna en la región de San Diego.
Esta situación llevó a que hace ya dos años, en 2022, la misma jueza Dolly Gee, a instancias de los demandantes originales, tuvo que intervenir y gestionar una resolución de continuación entre las partes en el litigio, para contribuir a la solución de los problemas de sanidad y condiciones de vida entre las personas detenidas en las estaciones fronterizas del CBP (Customs and Border Protection), la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. en los sectores de El Paso y el Valle del Río Grande, en Texas.
El acuerdo de 2022 exigía el tratamiento de menores en su custodia “con dignidad, respeto y con especial preocupación por su vulnerabilidad particular como niños”.
Aquí se puede encontrar el texto completo del acuerdo.
Establecía también que “después del arresto, el INS (agencia ya caduca desde 2003; se refiere al Departamento de Seguridad Interna y sus agencias fronterizas) mantendrá a los menores en instalaciones seguras y sanitarias y que son consistentes con la preocupación del INS por la vulnerabilidad particular de los menores. Las instalaciones proporcionarán acceso a baños y lavabos, agua potable y alimentos, así como asistencia médica apropiada si el menor necesita servicios de emergencia, adecuado control de temperatura y ventilación, supervisión adecuada para proteger a los menores de otros, y contacto con miembros de la familia que fueron arrestados con el menor”.
Casi un calco de lo estipulado hace muchos años en el Acuerdo Flores y en las decisiones ulteriores.
Otra decisión, esta semana
Sin embargo y a pesar de tanto detalle, fue necesaria otra resolución más, en donde el juzgado, con casi las mismas palabras, delinea las responsabilidades de las autoridades de inmigración.
Efectivamente, esto fue lo que esta semana ayer la jueza Gee, en el caso No. 2:85-cv-4544 Flores vs Garland hizo. Gee encontró al CBP responsable por la situación de los niños detenidos y ordenó que a la brevedad corrija los problemas de nivel de vida existentes.
Aquí está el texto completo – 12 páginas – de la decisión judicial de abril de 2024.
A diferencia de los debates y dictámenes anteriores, esta vez, CBP, lejos de refutar la gravedad de las condiciones de vida de los niños detenidos, alegó en corte que estos no estaban bajo su jurisdicción o responsabilidad y por tanto, no tiene la obligación de procurar su bienestar. Dijo también que CBP solo trasladaba a los niños a instalaciones de la Patrulla Fronteriza, no las propias.
Esto, si fuese aceptado por la corte, nos hubiera devuelto a foja cero.
Pero la excusa del “yo no fui” fue rechazada por la jueza, con base en que los agentes previenen que los residentes abandonen los campos, lo cual los convierte en la práctica en campos de detención.
El dictamen de esta semana, según detalla el servicio de noticias de las Cortes, “requiere la colocación de niños en instalaciones de prioridad juvenil, donde se les dará, entre otras cosas, acceso a baños y duchas, comidas y bocadillos apropiados para la edad, calefacción y ventilación adecuadas, evaluaciones médicas y tratamiento, ropa y mantas, mantas, cuidadores y supervisión adecuada para proteger a los menores de otros”.
Y también “Los niños que fueron detenidos en la frontera con familiares adultos permanecerán con estos donde sea factible”.
Dijo la jueza Gee: “Era hora, después de tanto tiempo”.
La nueva decisión, escribe esta misma semana Emily Baumgaertner en el New York Times, estableció que los menores de los sitios al aire libre estaban bajo custodia legal del Departamento de Seguridad Nacional y, por lo tanto, deben recibir un refugio seguro, incluso si aún no se habían procesado formalmente”.
Despreocuparse y negar responsabilidad
Entonces, el acuerdo de 1997 fue ignorado en 2019, requiriendo otro más que recién se terminó de plasmar tres años, pero después para ser nuevamente ignorado ahora, en 2024.
Uno se pregunta por qué es necesario una y otra vez, bajo distintas administraciones presidenciales y supuestamente diferentes políticas migratorias, que un puñado de activistas casi sin recursos, tengan que demandar a las autoridades para que hagan lo que ellas bien saben que tienen que hacer: facilitar a los migrantes mínimas condiciones de vida.
Tanto clamor de ignorancia, tanta negación de responsabilidades, no pueden ser casualidad. Son el resultado de una indiferencia consciente.
De por sí los niños y sus familias llegan a la frontera en condiciones deplorables, después de días o semanas de atravesar grandes distancias sin protección ni recursos.
Llegan con problemas de deshidratación, insolación por el calor diurno e hipotermia por el frío de las noches. Y esos problemas pueden seguir desarrollándose mientras esperan al aire libre.
¿Qué le hubiera costado al gobierno reconocer que esos no son lugares para habitar seres humanos? ¿Por qué no podía mantener al menos la semblanza de normalidad sin tener que ir a corte, donde iba a perder sin duda porque estaba claramente violando la ley? La actitud actual es diferente a la hostilidad criminal de los años Trump, cuando los chicos estaban literalmente enjaulados, pero todavía están allí la hostilidad, el racismo, el odio, y la burocracia cerrándoles los ojos.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California y administrados por la Biblioteca del Estado de California.
