Su nombre era Anadith y tenía 8 años

¿Cuántas veces los médicos tienen que revisar a una niña de 8 años que tiene condiciones médicas y se queja, antes que la internen? ¿Tres, cuatro, seis veces? ¿Cuánto tiene que sufrir antes que finalmente la escuchen? Pues en el caso de Anadith Danay Reyes Álvarez, 11 veces. Sí, 11 veces revisaron a la muchachita panameña. La revisaron nada menos que 11 veces hasta que finalmente los médicos (¿se los puede llamar “médicos”?) se decidieron a llamar a una ambulancia y llevarla a un hospital. Pero al final, ya era demasiado tarde.

El caso es gravísimo pues Anadith no se encontraba libre, sino que detenida en instalaciones de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos (CBP) durante toda una semana.

Una investigación de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia federal, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional, determinó que la niña no debería haber estado detenida durante tanto tiempo, especialmente considerando que el standard de CBP para estos casos es de no exceder 3 días.

Detención

A la familia la detuvieron en Brownsville, Texas, el 9 de mayo como parte de un grupo de 42 migrantes que se entregaron a las autoridades fronterizas. O sea, dos días antes que dejara de tener vigencia el Título 42. Una medida regulatoria, originalmente implementada por la Administración Trump, y que más tarde mantuvo Joe Biden, que permitía a las autoridades fronterizas negar asilo a migrantes en base a la crisis sanitaria que había provocado la pandemia.

Por eso muchos migrantes, ante rumores que las políticas migratorias cambiarían, trataron de cruzar la frontera antes del plazo del 11 de mayo. Y en esos días que la familia de Anadith lo hizo, el número de entradas al país batía récords y llegaba a 10,000 ingresos por día y los centros de detención, consecuentemente, no daban abasto.

Condiciones médicas

Cabe aclarar que la niña de padres hondureños tenía condiciones médicas que la ponían a riesgo. No solo tuvo una operación del corazón cuando tenía cinco años, sino que también tenía anemia con células falciformes. Pero aunque la familia había aportado esta información a las autoridades cuando fueron procesados en la estación de la Patrulla de Fronteras en Donna, Texas, todos los médicos que la trataron alegaron, durante la investigación, que no sabían de esta condición.

¿No sabían? ¿Qué sistema informativo se tiene que no facilita a los médicos acceder a la información de sus pacientes? ¿O mejor dicho, qué clase de médicos son estos que no parecen interesados en averiguar los antecedentes médicos de sus pacientes?

Responsabilidad y consecuencias

Las autoridades reaccionaron. Funcionarios afirmaron que se les dará prioridad a los migrantes con condiciones médicas. Y el Departmento de Salud y Servicios Humanos prometió que enviará medicos del Servicio Púbico de Salud a puntos clave de la frontera.

Troy Miller, comisionado interino de la Patrulla de Fronteras, aseguró que a “varios proveedores médicos involucrados en este incidente ahora se les ha prohibido que trabajen en las instalaciones de la Patrulla de Fronteras”.

¿»Prohibido que trabajen»? ¿Solamente prohibidos? ¿Eso es lo que vale la vida de una niña de 8 años? ¿No hay más consecuencias legales? ¿Responsabilidad criminal?

Después de todo, la niña y la familia no eran nada más que gente en camino de cumplir sus sueños de una vida mejor en el País del Norte. Nada más ni nada menos que gente escapando a la miseria económica y la inseguridad que se vive en distintas regiones del mundo. Y si bien Estados Unidos, como cualquier otro país soberano, tiene derecho a controlar sus fronteras, lo debe hacer de manera humanitaria y de acuerdo a los tratados internacionales y leyes internas vigentes.

Los migrantes que son detenidos y están bajo la custodia de la Patrulla de Fronteras, o cualquier otra agencia gubernamental, no han perdido sus derechos humanos. Simplemente están a disposición de estas autoridades a fin de ser procesados en el sistema migratorio. Son hombres, mujeres y niños a quienes se los debe proteger y, fundamentalmente, darle prioridad a su seguridad física. Algo que no ocurrió en el caso de Anadith.

De acuerdo a lo documentado en la investigación, entre la noche del 14 de mayo y la tarde del 17 de mayo, los médicos en el centro de detención de Harligen, Texas, la vieron 9 veces. Ninguno, absolutamente ninguno, se molesto en llamar al pediatra de turno con el que se podría haber consultado sobre los síntomas que experimentaba la niña.

Es más, una enfermera practicante que revisó a Anadith les confesó a los investigadores que se negó a llamar a una ambulancia a pesar de que la madre insistió nada menos que tres veces.

Finalmente, el día en el que la niña falleció, los médicos la vieron cuatro veces, incluyendo cuando tenía una fiebre de 104.9 grados Fahrenheit. A ninguno se le ocurrió transferirla a emergencia, hasta que la madre vino desesperada, por quinta vez, ya cargando a la niña en sus brazos que estaba experimentando convulsiones.

Anadith Danay Reyes Álvarez murió en el hospital.

«Mataron a mi hija, porque estuvo caso un día y medio sin poder respirar», dijo Mabel Álvarez, madre de la niña.

Este hecho no puede, no debe quedar impune. En el mejor de los casos se lo puede interpretar como irresponsabilidad profesional; en el peor, producto de una serie de actos criminales. Los médicos intervinientes, más allá de consecuencias laborales, deben responder judicialmente; las autoridades de los centros de detención en donde los hechos ocurrieron, deben ser disciplinados. La vida de una niña migrante de tan solo 8 años vale tanto como la vida de cualquier otro ser humano en la nación de Jefferson y Hamilton en donde se estampó en documentos fundacionales el derecho inalienable a la vida y a la seguridad de todas las personas.

Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative.