Dejen tranquilo a George Gascon: hace lo que prometió
El 6 de noviembre pasado, junto con la elección de Joe Biden como presidente, los votantes del condado de Los Ángeles eligieron a George Gascón fiscal de distrito. Derrotó a la titular desde 2012 Jackie Lacey, después de una campaña electoral muy reñida.
Su oficina procesa los delitos graves que ocurren dentro del condado y los delitos en las áreas no incorporadas del condado y muchas de sus 88 ciudades.
Es también el distrito más grande de Estados Unidos. Tiene mil abogados, 300 investigadores y 800 personal de apoyo.
Gascón recibió más del 53% de los votos (2,002,805). Lacey concedió dos días después.
Desde que asumió el puesto de fiscal del Distrito y a un ritmo acelerado, George Gascón ha comenzado a implementar los cambios que prometió y detalló durante su campaña electoral, y que de prosperar traerán a nuestro condado más cerca al ideal de la justicia.
Gascón está construyendo un sistema de justicia centrado en la rehabilitación, más que en el castigo.
En diferentes circunstancias, hemos apoyado este tipo de reformas a lo largo de los años. Finalmente hay un fiscal de distrito con agallas para llevar a cabo estos cambios. Pero no le dejan trabajar.
George Gascón puso fin al uso de la pena de muerte, que es un castigo inhumano y cruel, innecesario en nuestros días.
Gascón anunció el fin de las sentencias circunstanciales en las que se agrega al castigo si por ejemplo, el condenado estaba en una zona escolar, o si tenía condenas previas. Lo mismo, si pertenecía a una pandilla (gang).
Ordenó terminar la práctica frecuente de juzgar a menores de edad en tribunales de adultos, lo que les asegura un castigo mucho más severo y donde carecen de protección por su edad.
Ordenó eliminar la fianza en efectivo, que ha permitido a quien puede pagarla quedar libre hasta el fin de los procedimientos legales y obligado a quien carece de fondos quedarse encarcelado.
Desde que era fiscal de distrito de San Francisco dio fin a la guerra contra las drogas recreativas cuando anunció que aplicaría la Ley de Uso de Marihuana para Adultos de California retroactivamente a las condenas por lo mismo a partir de 1975.
Nombró como sus más cercanos colaboradores, entre otros y por primera vez, a un grupo de defensores públicos, en directo contacto con el mundo de las víctimas y los acusados, y para diversificar los puntos de vista de su oficina. Sus voces, casi con certeza, hubieran sido ignoradas bajo administraciones anteriores.
George Gascon cree en la rehabilitación del delincuente y en la prevención del crimen. Numerosos estudios muestran que las condenas excesivas aumentan la reincidencia y en consecuencia, la cantidad de víctimas en el futuro.
Simultáneamente a los anuncios de estos cambios, inició una campaña orquestada y poderosa en contra de Gascon.
Ni bien asumió su puesto el 7 de diciembre comenzó esa campaña, dentro y fuera de su propio departamento. No le dieron ni siquiera los consabidos 100 días de gracia.
Un político merece crítica, censura o intento de destitución cuando, una vez llegado al poder, se desdice de sus promesas de campaña. Cuando hace lo contrario, traicionando la confianza de los votantes.
Pero en este caso es al revés.
Criticaron y censuraron a George Gascon porque está cumpliendo lo que prometió en su campaña electoral.
Todos sabían lo que haría Gascon al asumir.
Y una vez que los votantes dieron su veredicto, esa campaña debería detenerse. Se debería juzgar – y criticar si cabe – a Gascon por los resultados de los cambios por los que fue electo.
En cambio, se lo tacha de cualquier cosa y se monta una campaña feroz en su contra.
El primero de enero vimos en los titulares a familiares de víctimas indignados porque los culpables de sus desgracias podrían quedar en libertad una vez cumplida su sentencia ya que Gascon pedía borrar de la misma los agravantes.
Por eso, anunciaron el inicio de una campaña de destitución (“recall”). Tratarán de juntar, en poco más de cinco meses, 580,000 firmas válidas para que su reclamo sea puesto a votación del público.
Además, lo demandaron en corte. Un juez detuvo la implementación de muchas de sus reformas. Él anunció que apelará.
Cuando la población carcelera del condado crece en 70% en 25 años, es evidente que algo anda mal con un sistema centrado exclusivamente en el castigo. Casi tres cuartas partes de los que cumplen la condena vuelven a delinquir y a prisión. Todo esto genera un sistema que cuesta miles de millones de dólares que, en definitiva, lo pagamos los contribuyentes, además que entroniza el carácter represivo y racista de una sociedad que no puede avanzar sin medidas punitivas y sin brutalidad.
Por ello, opinamos que la campaña contra George Gascon debe cesar.
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