Del Río: ¿Un fiscal federal que aplica la ley como corresponde o que discrimina?

Cuando un año atrás Abdul Wasi Safi finalmente llegó a la frontera de Estados Unidos, pensó que su drama concluiría. Después de todo, en su Afganistán natal había sido un oficial de operaciones especiales que había peleado para defender al gobierno pro estadounidense. Pero cuando la situación política cambió, fue perseguido por los talibanes. Por eso Estados Unidos para él era algo más que el tradicional ´American Dream´: era sobrevivir. Pero al llegar a la frontera no recibió la recepción que esperaba. En vez de abrirle las puertas, las autoridades migratorias estadounidenses lo arrestaron.

Gracias a la presión de políticos destacados, finalmente a Abdul Safi lo liberaron. Pero ese no es el caso de muchos otros migrantes que terminan detenidos y que, de acuerdo a una investigación de Los Angeles Times, incluye un número desproporcionado de personas de países islámicos.

A Wasi, como a otros, lo arrestaron por no entrar al país por un puesto de ingreso establecido y por no reportar su ingreso a las autoridades aduaneras. Una violación del código penal, U.S. 1459, que tradicionalmente no resultaba en un cargo judicial, pero que ahora las autoridades lo usan contra un pequeño número de migrantes, entre los cientos de miles que son aprehendidos y deportados. Y ese pequeño número incluye un porcentaje desproporcionado de migrantes de países islámicos.

Esto es particularmente preocupante en Texas. Más específicamente en Del Río, una ciudad de unos 35,000 habitantes que se encuentra en la frontera sudoeste del estado y que está separada de Ciudad Acuña, del lado mexicano, por el Río Grande. Un sector que, como es de imaginar, tiene mucha actividad migratoria.

De acuerdo a Los Angeles Times, entre octubre de 2021 y marzo de 2023, el fiscal federal con jurisdicción en Del Rio presentó cargos contra 200 migrantes por violar la Ley 1459.

Esta es una ley que requiere que toda persona que cruza la frontera lo haga a través de un puesto migratorio y se reporte a la autoridad de aduana correspondiente.

La ley, que establece una pena de hasta un año en la cárcel, en realidad se promulgó décadas atrás para combatir el tráfico de drogas, pero raramente se la utiliza. Sin embargo, en Del Rio parece que el fiscal federal tiene su propia agenda.

Pero no son los traficantes de drogas los arrestados y acusados, sino migrantes. Y migrantes que en su mayoría son de países islámicos.

De acuerdo a estadísticas de la misma autoridad migratoria, los migrantes de países islámicos representan menos de un 5% de los que cruzan la frontera, pero sorprendentemente son nada menos que un 60% de todos a los que se les han hecho cargos judiciales.

¿Por qué este ensañamiento?

No hay una explicación clara y funcionarios gubernamentales no quieren comentar. Pero como se ha sugerido, el arresto de personas islámicas sería una manera de poder controlar a este grupo de gente que proviene de países como Afganistán, Siria e Irán que inquietan a las agencias de seguridad nacional estadounidenses.

La mayoría de los migrantes a los que se les hace ese cargo no tienen recursos y, consecuentemente, no puede contratar a un abogado, no hablan inglés, se les hace casi imposible armar una defensa legal y optan por declararse culpables.

Muchos han sido condenados a varios meses y hay casos de algunos que han estado detenidos más de un año.

La cárcel, como también se ha sugerido, sería un contexto ideal para agencias de contrainteligencia, como el FBI, para que puedan ´trabajar´ con quienes quieran cooperar y así obtener  inteligencia.

Aunque el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional insisten en que no hay nada irregular, apenas la investigación de Los Angeles Times se hizo conocer, la presentación de cargos en Del Rio se suspendió.

¿Casualidad o presiones superiores porque se reconoció que se estaba procediendo irregularmente? Después de todo, de acuerdo a las mismas regulaciones de las agencias federales, a todos los migrantes se los debe tratar por igual.

Pero la suspensión de cargos en base a violaciones a la Ley 1459, no significa que no se continúe deteniendo a migrantes de países islámicos. Lo único que cambió es el tipo de cargos que el fiscal promueve. Ahora ya no es el de no entrar por un puesto migratorio, sino que es un cargo simple de ingreso no autorizado, relacionado con la la Ley 1325, que no conlleva penas tan serias.

De todos modos, el problema continúa porque de un grupo de  50 migrantes que confrontan el cargo desde abril, alrededor de la mitad continúa siendo de países islámicos. Una selección con un causal que genera interrogantes éticos y legales sobre el criterio que están utilizando las autoridades migratorias y el fiscal federal de Del Rio. La pregunta es si se está aplicando la ley de acuerdo a los estatutos o si se está discriminando.

Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative.