Detrás de muros y alambradas: voces de dolor bajo el régimen salvadoreño, por José Orlando Castro
Miles de familias esperan el día en que las prisiones se abran y el país recupere la justicia y la verdad que siguen encerradas
El eco de las prisiones retumba en las calles de San Salvador.
Desde hace más de tres años, miles de familias viven entre la esperanza y la angustia. Son los rostros del régimen de excepción, la medida que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha extendido para combatir a las pandillas, pero que también ha alcanzado a cientos de inocentes.
Según cifras divulgadas por Deutsche Welle en julio de 2023, más de 71,776 personas fueron detenidas desde que el régimen fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022. Bajo esta medida, se suspendieron garantías constitucionales y se otorgaron poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad.
Pero entre los números fríos, laten historias humanas.
“Mi hijo no es delincuente”
Con la voz entrecortada y los ojos cargados de cansancio, Blanca Estela Gutiérrez Mejía rompe el silencio. Su hijo, Martín Alfonso Vásquez Gutiérrez, de 29 años, fue capturado en marzo de 2023. Desde entonces, no ha vuelto a casa.
“Mi hijo no es delincuente y necesito que me lo liberen. Tiene dos resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y no es justo que siga detenido. Esto es un capricho de ellos”, reclama Estela. A su lado, un niño de mirada triste espera a su padre. “Mi nieto necesita de su papá porque lo van a operar de cataratas”, agrega con voz quebrada.
Denuncias que no son escuchadas
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) ha documentado decenas de casos como el de Martín. En días recientes, más de 85 familiares acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para entregar 150 informes sobre capturas arbitrarias, torturas y condiciones inhumanas en las cárceles.
“La procuradora no quiso recibirnos. Pero evidenciamos que no es cierto lo que dicen, que no hay denuncias”, afirma Samuel Ramírez, dirigente del MOVIR.
Sin embargo, el gobierno ha negado cualquier violación a los derechos humanos. La titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, recientemente reelecta para el período 2025-2028, declaró ante la Asamblea Legislativa que “no ha recibido ningún informe sobre violaciones a los derechos humanos”.
La otra cara del régimen: infancia y ausencia
El impacto del régimen va más allá de los muros de las prisiones. Ingri Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), reveló que más de 2,500 niños y niñas han quedado bajo la tutela de abuelas, tías o vecinos debido al encarcelamiento de sus padres. “La afectación es verdaderamente grande”, lamenta Escobar.
La misma organización ha denunciado más de 315 muertes bajo custodia del Estado y al menos 2,000 desapariciones forzadas. De acuerdo con sus investigaciones, cerca de 30,000 personas permanecen detenidas sin pruebas concluyentes.
“El principio de presunción de inocencia no se cumple”, insiste Escobar, mientras sostiene que el dolor de las familias crece a la par del silencio institucional.
Un movimiento que no calla
A pesar de los riesgos, el MOVIR ha mantenido viva su lucha. En 2025, fue galardonado con el Premio de Derechos Humanos de WOLA, reconocimiento que destaca su labor en favor de la justicia y la verdad.
“Vamos a seguir alzando la voz por los inocentes”, afirma Ramírez con determinación. “No descansaremos hasta que todos los que están injustamente detenidos recuperen su libertad.”
En cada marcha, en cada lágrima derramada, resuena un mismo grito: “¡No defendemos delincuentes, libertad para los inocentes!”
Mientras tanto, miles de familias continúan atrapadas entre la incertidumbre y el dolor. Esperan el día en que las prisiones no solo se abran, sino que el país también recupere la justicia y la verdad que aún permanecen encerradas.
