Dictamen histórico que expande derechos de la comunidad LGBTQ
La máxima autoridad judicial extiende la interpretación del Acta de 1964, que prohíbe la discriminación por género, y concluye que los empleadores no pueden despedir a trabajadores por su orientación o identidad sexual
En un acto con trascendencia histórica, la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de dictaminar, en un voto de 6 a 3, que el Acta de Derechos Civiles de 1964 protege a la comunidad LBGTQ contra discriminación.
La decisión de la corte, que tiene mayoría conservadora, fue posible gracias a que dos de los jueces, John Roberts y Neil Gorsuch, se sumaron a la minoría liberal para posibilitar la aprobación de la medida.
Título VII
La máxima autoridad judicial extiende la interpretación del Título VII del Acta de 1964, que prohíbe la discriminación por género, y concluye que los empleadores no pueden despedir a trabajadores por su orientación o identidad sexual.
“En el Título VII, el Congreso Nacional adoptó un lenguaje amplio que hace ilegal que un empleador se base en el sexo de un empleado a la hora de decidir despedirlo”, dice la opinión de Gorsuch. “Hoy no dudamos en reconocer una consecuencia necesaria de esa elección legislativa: un empleador que despide a un individuo simplemente por ser gay o transgénero desafía la ley”.
Derrota conservadora
Irónicamente, Gorsuch es un juez que fue nombrado por el Presidente Donald Trump después que falleciera Antonin Scalia, el juez más ultraconservador que la corte haya tenido en las últimas décadas. Un juez admirado por el presidente quien, no cabe la menor duda, no es es ningún amigo de la comunidad LGBT.
Es más, en este caso, la Administración Trump estuvo del lado de los empleadores y en contra de las demandas de la comunidad LGBTQ. Y como evidencia de este mismo sentimiento, el presidente acaba de firmar un decreto que bloquea las posibilidades de personas transgénero de calificar en planes de salud.
Al presidente no le ha quedado más que aceptar la derrota y solo comentó que “…alguna gente se sorprendió. Pero ellos dictaminaron y viviremos con su decisión”.
Un sentimiento completamente diferente cuando se lo contrasta con el entusiasmo de Joe Biden, quien dijo que el dictamen representa “un paso adelante para nuestro país”. El candidato presidencial del Partido Demócrata recordó que, hasta ahora, una persona de la comunidad LBGTQ podía casarse legalmente, pero al otro día lo podían despedir del trabajo.
Los otros cuatro jueces que votaron a favor del dictamen son Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Los conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh votaron en contra.
Tres casos
La decisión en Gerald Bostock vs el Condado de Clayton resulta de la apelación de dictámenes de tres cortes inferiores. El caso principal es el de Gerald Bostock que trabajaba para el Condado de Clayton, en Georgia, y a quien lo despidieron después de participar en una liga deportiva de gays.
La otra apelación es la de Donald Zarda, de Nueva York, que era un instructor de paracaidismo y que perdió su empleo después que le comentara a un cliente que era gay. Zarda murió en un accidente. El tercer caso es el de Aimee Stephens, que trabajaba en una casa funeraria en Detroit y que fue despedida al aparecer en su trabajo como mujer. Stephens acaba de fallecer el mes pasado.
“Un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transgénero despide a esa persona por características o acciones que no habría cuestionado en los miembros de un sexo diferente”. Esa conducta, de acuerdo al dictamen de Gorsuch, es ilegal.
Después de los históricos disturbios de Stonewall, de 1969, cuando simbólicamente nace el movimiento de liberación de la comunidad gay, y después del dictamen de Obergefell vs. Hodges, cuando en 2015 la Corte Suprema declaró la constitucionalidad del matrimonio de personas del mismo sexo, la actual decisión incuestionablemente expande los derechos civiles de la comunidad LGBTQ. Derechos que, no hay que olvidar, no son absolutos ni definitivos y que, como bien sabe esta comunidad, deben seguir siendo defendidos, día a día, con todas las armas legales y de presión política disponibles para evitar que las fuerzas conservadoras, que están al acecho, intenten desmantelar las conquistas.
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