El Salvador: detrás del COVID-19, desaparición y asesinatos
Nayib Bukele no sólo mandó a encerrar “absolutamente y por tiempo indefinido” a los pandilleros condenados y a los líderes de las “maras”, sino que ordenó a la policía y a los soldados que patrullan por todo El Salvador a que usen su “fuerza letal” en la autodefensa cuando sean atacados o en defensa de la población indefensa
SAN SALVADOR – “Es esto dramático… Todo el país está desde hace días en cuarentena domiciliar y las desapariciones de personas no cesan. No sé ni qué decir…”, dijo a HispanicLA el jefe de la misión en El Salvador del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Olivier Martín, quien agregó que “en un día, 9 personas se están reportadas como desaparecidas en El Salvador”.
Martín afirma tener un cálculo de esta otra epidemia en la nación más pequeña de América Continental: solo en marzo pasado se registraron 159 denuncias de personas desaparecidas y buscarlas se complica tremendamente con la situación de la cuarentena domiciliar a causa de la pandemia.
Las cifras de la Fiscalía General salvadoreña detallan que 542 personas desaparecieron en el primer trimestre de este año. Febrero registra la mayor cantidad de casos de desaparecidos (198), seguido de enero (187) y por último marzo (157). “Claro que no significa que todos los desaparecidos estén muertos o hayan sido asesinados, como ocurría en la guerra civil; algunos jóvenes escaparon de sus casas y emigran clandestinamente, otros en la actualidad están retenidos y llevados a centros de contención por violar la cuarentena… Pero preocupan los que nunca vuelven a aparecer”, asevera el funcionario del CICR.
Familias como víctimas
“La persona que desaparece no es la única víctima. La incertidumbre sobre su paradero se extiende y afecta a miles de familias enteras, que ven rotos sus vínculos y viven en una angustia cotidiana por no saber si su ser querido sigue vivo, si está sufriendo, dónde está…”, recalca Martín, quien reitera que la desaparición de personas es un grave crímen, de lesa humanidad.
El gobierno de Nayib Bukele promulgó desde el pasado 21 de marzo una rígida orden de Cuarentena Domiciliar para todo El Salvador, decreto que fue acompañado por una ley de restricción de Garantías Constitucionales, aplicadas en función de proteger lo máximo posible a la población salvadoreña de la pandemia. En el mundo, está a punto de tener contagiadas a tres millones de personas, con más de 200,000 muertos y otros millones más hospitalizados o en sus casas como sospechosos de ser portadores del virus.
El Salvador, país pobre que sobrevive de las remesas que envían los migrantes que residen en Estados Unidos, una tercera parte de sus habitantes; pequeño y con una mayúscula densidad de población (316 habitantes por Km cuadrado – España tiene tres veces menos), en la actual pandemia del COVID-19 registra 323 contagiados y 8 fallecidos (una tasa de 1.18 muertos por millón de habitantes – España registra 2 muertos por millón de habitantes).
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El gobierno salvadoreño atribuye ese logro a las medidas de emergencia que ha tomado, las cuales se anticiparon en muchos días a lo ocurrido en algunos de los países europeos y de Norteamérica, que en la actualidad llevan el peso de una incomparable catástrofe sanitaria.
60 homicidios el fin de semana
Por otra parte, los asesinatos se han incrementado en las últimas 72 horas; oficialmente el reporte indica que se registraron 60 muertos y enlutan más de la cuenta a El Salvador. De acuerdo con la policía y fiscalía locales, el viernes hubo 23 homicidios; el sábado 13 y el domingo 24.
El mandatario ordenó medidas radicales en las cárceles, porque según explicó en las redes sociales “la inteligencia policial” detectó que desde ahí salieron “las órdenes de matar”. El promedio de asesinatos se había mantenido desde el 21 de marzo hasta el 24 de abril en dos diarios; incluso hubo tres días de cero homicidios.
Nayib Bukele no sólo mandó a encerrar “absolutamente y por tiempo indefinido” a los pandilleros condenados y a los líderes de las “maras”, sino que ordenó a la policía y a los soldados que patrullan por todo El Salvador a que usen su “fuerza letal” en la autodefensa cuando sean atacados o en defensa de la población indefensa y que sea agredida por los mareros o pandilleros, quienes habrían desplegado un reponte del asesinato contra presuntamente aquellas personas que no pagan las extorsiones o las rentas.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado las medidas de “mano dura” asumida por el mandatario salvadoreño.
Incluso José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, escribió en su cuenta de Twitter: “Bukele pretende darle carta blanca a miembros de la fuerza pública para matar. Sus órdenes a la policía y fuerzas armadas contradicen los estándares internacionales. Bukele parece decidido a convertirse en un verdadero autócrata”.
