Alerta: Este es el proyecto migratorio de Trump para su segunda presidencia

Entre 1929 y 1939, Estados Unidos deportó a entre medio millón y dos millones de mexicanos. Entre ellos había centenares de miles de ciudadanos estadounidenses, lo que era tanto entonces como ahora totalmente ilegal. Los iban cazando en las calles de Los Ángeles y otras ciudades. Los llevaban a campos de concentración. Los trenes salían llenos a la frontera y regresaban vacíos. 

La deportación de los años 30 fue el fruto del odio y el racismo. 

En 1954, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, Estados Unidos deportó a 1.3 millones de mexicanos. Entre ellos, también, a miles de mexicoamericanos, ciudadanos estadounidenses. También los llevaban a campos de concentración, desde donde los expulsaban en autobuses, barcos y aeroplanos.

Algunos murieron en el camino o ni bien llegaron a parajes mexicanos que no conocían, por insolación, por enfermedad o por violencia. 

Esta nada gloriosa operación se llamó Operation Wetback, espaldas mojadas, el epíteto despectivo con el que se designaba a los mexicanos indocumentados (el término nació en Texas y se refería a quienes cruzaban el Río Grande para llegar a Estados Unidos)

La deportación de 1954 fue el fruto del odio y el racismo. 

Aquel mismo año, se cerró en Nueva York el centro de procesamiento de inmigrantes de Ellis Island, por el cual pasaron más de un millón de provenientes de Europa a partir de 1892. 

Según el profesor e historiador Francisco Balderrama, con quien estudié en Cal State Los Ángeles, el 60% de ellos eran mexicoamericanos. El resto, en su gran mayoría habían llegado como parte del programa Bracero. Es decir, eran legales. 

Entre febrero de 1942 y el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos encerró a 120,000 japoneses y japoneses americanos – otra vez, ciudadanos estadounidenses -, bajo sospecha infundada pero repetida hasta convertirla en verdad inapelable que eran espías del enemigo. Solo japoneses: a los inmigrantes alemanes o italianos (of franceses, o de otras nacionalidades que colaboraron con el nazismo) no les pasó nada. Los campos de concentración albergaron a las familias hasta poco antes del fin de la guerra. Cuando volvieron a sus casas, las encontraron saqueadas, destruidas o directamente en manos de otros. Llevó años hasta que en 1988 un presidente republicano, Ronald Reagan, reconoció la barbaridad la ilegalidad y pidió perdón. La Corte Suprema de Justicia, inicialmente resistiéndose, y luego, demasiado tarde, había hecho lo propio. 

La concentración de japoneses en campos de detención fue el fruto del odio y el racismo. 

No existe una reacción contraria.

Donald Trump por el momento es la persona que con mayor probabilidad ganará las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Para efectos de este artículo, concederemos que es el 6  de noviembre y que Joe Biden concede la victoria de Trump. 

Para su segunda presidencia, este llegará mucho mejor preparado que en la caótica primera. Él y sus secuaces, también basándose en el odio y el racismo contra los que no son blancos, han desarrollado un plan similar. Sean indocumentados o legales, el plan, metódico y cruel, tiene como blanco a los centroamericanos y mexicanos que vienen a vivir aquí. Como en las veces anteriores, no existe una reacción contraria. Ni del partido Demócrata, muchos menos dentro del partido Republicano que está a los pies del aspirante a dictador. 

El discurso del magnate está calibrado para despertar en la audiencia multitudinaria aullidos de apoyo causados por las imágenes de fuerza y ferocidad. Ellos, a su vez, lo entusiasman a él, insuflan en él alegría por ser adorado, venerado, y entonces repite lo que quizás estaba hasta ahora leyendo, y gesticulando, lo adorna y aumenta, inventando datos que no existen y desparramando insultos a cualquier lado. 

El mismo día en que asuma el poder presidencial, les dice Trump, iniciará la deportación más grande en la historia del país. 

¡Viva, le dicen, viva!  

Es que hay un plan, y está en camino y es detallado, calibrado y presupuestado y debatido entre los asesores de Trump. 

En el camino a la expulsión del país, incluye la creación de gigantescos campos de concentración cerca de la frontera Texas-México, de los cuales los detenidos serán trasladados a aeropuertos cercanos para los vuelos de expulsión o llevados al otro lado directamente en camiones militares.

Entre ellos estarán el casi millón de jóvenes hasta ahora protegidos por el programa DACA que instauró el presidente Obama: son quienes llegaron en su niñez, de la mano de sus padres que eran indocumentados; quienes aquí crecieron y se creen estadounidenses en todo menos en los papeles. Al asumir el cargo, el presidente Trump tendrá la seguridad de que esta vez, la Suprema Corte avalará su decisión. 

Me detengo aquí para comentar que si alguien piensa que esos campos serán solo para inmigrantes que están aquí ilegalmente, que lo piense otra vez. Ahí estarán los inmigrantes legales y otros grupos de la población que a él no les gusta: musulmanes, por ejemplo. Mujeres que abortaron, por ejemplo. Y es el comienzo. La historia sí se repite, si es que lo permitimos. 

Trump ya anunció que renovará su prohibición de ingreso al país para personas de naciones de mayoría musulmana. Que utilizará el derecho que le confiere el pasaje de la ley llamado Título 42 para rechazar solicitudes de asilo afirmando que los migrantes portan tuberculosis u otras enfermedades infecciosas. 

Al tiempo que ampliará notablemente el personal de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), completará sus filas con agentes federales reasignados de otras agencias. 

Pero la puesta en efecto del plan no será posible sin la cooperación – sin la ayuda activa – de los gobernadores de estados republicanos, que “donarán” para esta operación soldados de su  Guardia Nacional, y de alcaldes y supervisores de condado, que enviarán a policías y agentes del Sheriff. 

No Congress, no problem 

Otro pensamiento: No, dirán, el Congreso no va a aceptar tamaña barbaridad. Incluso si estuviera en manos de los republicanos y especialmente si alguna de las Cámaras fuese controlada por los demócratas. Simplemente, dirán, no aprobarán fondos para esto. 

Pues no es necesario que aprueben nada. Las eminencias grises detrás de estos planes utilizarán la autoridad presidencial para utilizar fondos militares, provenientes del presupuesto del Pentágono. Ya lo hicieron una vez, en 2018. No Congress, no problem. 

Y sí, puede ser que el Congreso rechace propuestas de ley antiinmigrantes. Pero este plan, lo ha dicho su autor Stephen Miller, no las necesita, porque se basa totalmente en la legislación ya existente. 

El New York Times agrega detalles:  “En una segunda presidencia de Trump, se cancelarían las visas de estudiantes extranjeros que participaron en protestas antiisraelíes o pro palestinas. Se ordenará a los funcionarios consulares de Estados Unidos en el extranjero que amplíen la evaluación ideológica de los solicitantes de visas para bloquear a las personas que la administración Trump considera que tienen actitudes indeseables. A las personas a las que se les concedió un estatus de protección temporal porque son de ciertos países considerados inseguros, lo que les permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, se les revocaría ese estatus”.

¿Qué más?

Para aquellos cuya estadía en el país se había permitido mientras se procesan sus solicitudes de asilo, estas serán rechazadas y ellos serán echados inmediatamente. Esto incluye, dice el matutino, a decenas de miles de afganos que llegaron al país cuando se derrumbó la ocupación estadounidense y que habían colaborado con el gobierno anterior, opuesto al Talibán que hoy gobierna. 

¿Y qué más? El gobierno de Trump emitirá una nueva interpretación de la enmienda 14 de la Constitución, la que confiere ciudadanía estadounidense a todos los que nacieron aquí. A partir de 2025, los hijos de inmigrantes indocumentados serán considerados también ellos como indocumentados, ilegales. No podrán recibir tarjetas del Seguro Social como hasta ahora. Afuera. 

Una vez más, dirán que es imposible que los jueces, de los locales, a los federales hasta la Suprema Corte, den la razón a los esbirros del próximo gobierno, que se impondrá el apego a la Constitución, a las leyes que rigen nuestras vidas. Olvidan que Trump ha conseguido instalar una súper mayoría ultraconservadora en el tribunal máximo, y que ha nombrado, en sus cuatro años de gobierno, a 235 jueces, entre ellos 54 que ejercen en los tribunales de apelación. Todos fueron aprobados por el Senado. 

Él piensa que los tiene a todos ellos en la manga y es probable que eso sea cierto. 

Los planes del próximo gobierno son operativos

Están escritos como declaraciones ejecutivas; el personal para dirigir este proceso sin antecedentes en la historia del país está siendo elegido, entrevistado, nominado, contratado. 

¿Veremos dentro de un año redadas migratorias en las calles de nuestras ciudades? La respuesta es positiva: es una parte integral e importante en el proyecto, por su capacidad de aterrorizar a la población inmigrante. Solo que esta vez las redadas serán la norma, más frecuentes que en el pasado y, hasta llevadas a cabo con la colaboración de grupos de supremacistas blancos armados. 

Si, el plan quizás despierte la protesta de millones de oponentes que comprenderán que al proteger a los inmigrantes se protegerán a sí mismos. Quizás hasta sea posible que la Suprema Corte despierte antes de que cambie la naturaleza del estado. Pero para asegurar que esto no suceda, Donald Trump no puede ser presidente de Estados Unidos. 

Este artículo está respaldado en su totalidad o en parte por fondos proporcionados por el Estado de California, administrado por la Biblioteca del Estado de California en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de California sobre Asuntos Estadounidenses Asiáticos e Isleños del Pacífico como parte del programa Stop the Hate. Para denunciar un incidente de odio o un delito de odio y obtener apoyo, vaya a CA vs Hate.

This article is supported in whole or in part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library in partnership with the California Department of Social Services and the California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs as part of the Stop the Hate program. To report a hate incident or hate crime and get support, go to CA vs Hate.