Ayuda legal para estudiantes indocumentados en colegios comunitarios

Mientras los debates sobre inmigración siguen moldeando el panorama nacional, los colegios comunitarios de California están intensificando sus esfuerzos para garantizar que los estudiantes y sus familias cuenten con el apoyo necesario para alcanzar sus sueños. Este fue el tema principal de la conferencia especial de American Community Media (ACoM) del jueves 2 de octubre, copatrocinada por el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) y la Foundation for California Community Colleges (Foundation CCC).

La moderadora, en esta ocasión, fue la directora de ACoM, Sandy Close, quien introdujo el tema así: “A través de Find Your Ally (findyourally.com) y el Proyecto de Servicios Legales para la Educación Superior, todos los estudiantes de nuestro sistema, ya sean de tiempo completo o parcial, matriculados en programas con créditos, sin créditos, de doble matriculación o de educación para adultos, tienen acceso a asistencia legal migratoria gratuita y de alta calidad. Esto incluye ayuda con solicitudes, peticiones familiares, consultas e incluso la cobertura de las tarifas de renovación de DACA”.

Sandy Close continuó explicando: “Este es el primer esfuerzo de este tipo financiado por el estado en el país, que garantiza que ningún estudiante tenga que afrontar solo los complejos desafíos migratorios. Refleja el compromiso de nuestro sistema con la promoción de la equidad, la eliminación de barreras y la creación de vías para que los estudiantes prosperen tanto dentro como fuera del aula”.

Y agregó: “Todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, pueden acceder a estos servicios. Los colegios comunitarios de California tienen 1.6 millones de estudiantes, de los cuales aproximadamente 35,000 son indocumentados. Nuestro panel discutirá qué servicios son cruciales para ayudar a los inmigrantes a alcanzar el futuro que desean, qué desafíos legales enfrentan, el papel que desempeña el programa en los colegios comunitarios y cómo se creó y financió”.

“Encuentra tu aliado”

El primer invitado fue Alonso García, gerente de Equidad de la Foundation for Community Colleges, quien supervisa la prestación de nuestros servicios legales de inmigración y el apoyo a estudiantes indocumentados en los 116 campus del estado.

Él explicó sobre el programa Find Your Ally: “La Foundation for California CommunityColleges tiene la misión de promover la equidad y el éxito estudiantil en la educación superior en California. Para ello, colabora con el Departamento de Servicios Sociales de California y otros diez proveedores legales de confianza en el programa Find Your Ally”.

Luego contó sobre el propósito del programa: “Nuestro objetivo es brindar servicios legales de inmigración integrales y gratuitos a estudiantes, profesores y personal de los 116 campus del sistema de Colegios Comunitarios de California (aproximadamente 2.1 millones de estudiantes). Es una iniciativa financiada íntegramente por el estado de California, con una inversión anual de aproximadamente 10 millones de dólares (y más de 40 millones de dólares desde su lanzamiento en 2019). Este financiamiento es continuo y no se ve afectado por un posible cierre del gobierno. No hay límite de ingresos para participar. Los servicios están disponibles para estudiantes, profesores de cualquier tipo, personal, y personas afiliadas a los programas de educación para adultos o doble matrícula, siempre que fueran estudiantes al momento de la admisión”.

En relación a los servicios Ofrecidos, remarcó: “El programa proporciona una amplia gama de asistencia legal de inmigración, incluyendo consultas generales, apoyo con la renovación de DACA y nuevas solicitudes cuando sea posible, también asistencia con las tarifas de trámite, solicitudes de naturalización o ciudadanía, permiso de viaje anticipado, fondos para la toma de datos biométricos y otros servicios integrales necesarios para el caso”.

Además, García remarcó sobre el anonimato: “Las universidades públicas garantizan la privacidad y seguridad de los estudiantes indocumentados, por lo que no se cuenta con un número exacto de ellos, la estimación es de 50,000 a 70,000, basada en datos de solicitudes como la Ley Dream de California. El proceso de inscripción: Es fácil y rápido, lleva menos de un minuto a través de finderally.com, que ofrece traducción a varios idiomas. La información de contacto es segura, confidencial y 100 por ciento privada. Esto porque se canaliza directamente a los proveedores de servicios legales y el nivel estatal no tiene acceso a ella”.

“Además –dijo García- se financian Centros de Recursos para Estudiantes Indocumentados en todos los campus, sirviendo como punto de contacto específico para estudiantes indocumentados, de estatus mixto e internacionales. Se proporcionan recursos adicionales como salud mental y bienestar, así como expertos en ayuda financiera para la Ley Dream de California y otras becas. Si un usuario selecciona la opción miembro de la comunidad en la página de admisión, recibe un PDF con más de 100 organizaciones que ofrecen servicios legales gratuitos o de bajo costo. Desde su lanzamiento en 2019, myAlly ha apoyado a más de 30,000 estudiantes. Los servicios se ofrecen de forma virtual o híbrida en los 116 campus, siendo el formato virtual un salvavidas para la seguridad de los estudiantes”.

Otro aspecto que destacó García es la amplitud del programa: “Cualquier persona afiliada al sistema de colegios comunitarios, es decir, a uno de los 116 campus, puede recibir los beneficios. Nuestra prioridad es apoyar a los estudiantes, pero aproximadamente el 95 por ciento de quienes atendemos son estudiantes, el 5 por ciento restante, aproximadamente, está compuesto por nuestro profesorado, personal y las personas que trabajan en nuestros campus, cocineros, conserjes, jardineros, personal de mantenimiento; cualquier persona que actualmente trabaje y esté afiliada a los colegios comunitarios puede recibirlos”.

Consultado sobre si hay programas similares en otros estados, dijo: “Actualmente, California es el único estado que ha financiado completamente los servicios legales de inmigración para los tres sistemas de educación superior.

Si bien los colegios comunitarios cuentan con esta infraestructura, Cal State y las UC también reciben fondos para brindar servicios legales de inmigración. Por lo tanto, también colaboran en este programa. Cuatro de las diez organizaciones que prestan servicios a los colegios comunitarios también prestan servicios al sistema de Cal State. Esto se hizo intencionalmente para garantizar la continuidad de los servicios si un estudiante se transfiere a uno de los 23 campus de la CSU. Además, si los estudiantes se transfieren a un sistema de la UC, este también ofrece servicios legales de inmigración gratuitos”.

En ese momento, HispanicLA, preguntó: “Para los estudiantes indocumentados, la seguridad es probablemente la prioridad número uno hoy en día, por supuesto. Así que, teniendo en cuenta que las autoridades migratorias no parecen respetar ningún límite, ni siquiera los límites legales, y han entrado en juzgados, escuelas, hospitales y otras instalaciones públicas para arrestar a los migrantes, ¿qué tan seguros deben sentirse los estudiantes al reunirse con sus representantes?”

Para responder a la pregunta, García dio la palabra a su colega, Yadira Gutiérrez Vargas, abogada de Servicios Legales Universitarios del Central American Resource Center (CARECEN). Ella dijo: “Tenemos diferentes niveles de seguridad. Como mencionó Alonso, existen medidas de seguridad para garantizar que, al inscribirse en una cita, la información se mantenga confidencial. Como proveedor de servicios legales, también contamos con un formulario de admisión y un contrato de consulta que estipulan la confidencialidad. Esto les informa sobre el privilegio abogado-cliente y la confidencialidad en general. En el campus, intentamos mantener la privacidad del lugar donde se solicitan los servicios hasta que alguien reserve la cita, y no compartimos la ubicación con el estudiante hasta muy poco antes. En los campus donde presto servicios, por ejemplo, también hemos tomado medidas para que la oficina sea lo más privada posible, ofreciendo puertas cubiertas y cosas similares. Siempre que sea posible, intentamos mantener las oficinas fuera de los Centros de Recursos Dream para, nuevamente, asegurarnos de que nadie que pase por allí sepa si nos reunimos para asuntos de inmigración o para otro tipo de reuniones. Organizamos capacitaciones sobre confidencialidad con los administradores de los diferentes campus. De hecho, la semana pasada tuvimos una capacitación con todos los campus para explicarles por qué no podemos compartir información, ni siquiera con ellos. A menudo, recibimos estudiantes derivados de los Centros de Recursos Dream y nos preguntan, por ejemplo, si pudimos reunirnos con ellos o si califican para algún programa. En todos los casos, nos vemos obligados a negarnos a responder a estas preguntas debido ala confidencialidad. Y también ofrecemos servicios virtuales, por lo que a menudo el estudiante no tiene que venir al campus si no se siente cómodo. También programamos visitas a nuestra oficina general en lugar del campus si la seguridad es una preocupación. Otras medidas que tomamos son, por ejemplo, cuando comparecemos ante el tribunal, en casos como el estatus especial de inmigrante juvenil que involucran un tribunal estatal, la opción de comparecer virtualmente. También podemos solicitarlo cuando comparecemos en procedimientos de deportación sin detención, por lo que nos aseguramos de ello”.

Las políticas federales y sus efectos disuasorios

A continuación, Yadira Gutiérrez Vargas continuó con su exposición y complementó lo de García: “El abogado tiene una conexión personal con las familias de estatus mixto y con el sistema CCC, además CARECEN presta servicios a 12 colegios comunitarios en el área de Los Ángeles y a ocho campus de la CSU. El programa es esencial porque los estudiantes indocumentados enfrentan desafíos únicos y complejos que requieren apoyo especializadoy el programa es único al ofrecer representación en una gran variedad de servicios y no tener requisitos de ingresos, lo que abre la puerta a más personas para buscar ayuda y segundas opiniones”.

En cuanto a los tipos de casos más comunes, Gutiérrez Vargas reseñó: “Renovaciones de DACA y primeras solicitudes, asistencia a residentes permanentes para obtener la ciudadanía, ayuda a personas con familiares con estatus legal para presentar peticiones, estatus especial de inmigrante juvenil (SIJS), ayuda creciente para menores de 21 años que han sido víctimas de abuso, abandono o descuido, y solicitudes de viaje al extranjero por estudios, emergencias o reunificación familiar”.

También comentó que el programa busca combatir varios obstáculos que enfrentan los estudiantes: “Desinformación y estafas, se combate a través de seminarios web regulares para educar sobre las formas de ayuda y el fraude notarial; en cuanto a la salud mental, los abogados no están totalmente equipados para manejar situaciones de salud mental, pero se esfuerzan por conectar a los estudiantes con recursos comunitarios o del campus; y el programa es crucial para conectar a los estudiantes con fuentes de pago de tasas de presentación (para DACA, Parole, naturalización, etc.), ya sean financiadores de la organización, fondos de campus o donantes privados”.

Por último, consultada sobre sus inquietudes o preocupaciones, Gutiérrez Vargas respondió: “Creo que mi mayor preocupación es que las medidas de la administración federal están teniendo un efecto disuasorio, y por eso muchas personas, incluso cuando son elegibles para algún tipo de ayuda, tienen mucho miedo de seguir adelante. Por eso creo que esa sería mi mayor preocupación: informar a las personas que, si aún son elegibles, deberían reunirse con un abogado para evaluar sus riesgos. Y si son elegibles, con suerte podrán seguir adelante, porque los casos siguen siendo aprobados”.