Los papeles de Lozoya: una lección en realpolitik mexicana

Javier Lozoya, ex director de PEMEX y una de las manos más importantes para impulsar la Reforma Energética del presidente mexicano Peña Nieto, negoció con el gobierno para convertirse en testigo cooperador. Esto hizo con una denuncia de hechos, o sea, un documento legal dónde implica a varios actores políticos de primer nivel que se involucraron en el intento de bancarrota de la industria petrolera y en la compra de votos en el senado a favor de la reforma energética, que en la práctica privatizaba la industria enegética, en contra del gran valor simbólico nacionalista que esta tenía desde 1938.

A este documento lo hemos llamado los Lozoya Papers, o los papeles de Lozoya, debido a su potencial efecto sobre la política mexicana.

Es importante abordar este tema a partir de la categoría legislación simbólica que es uno de los sustentos del sistema mexicano y que consiste en la aprobación de leyes, en ocasiones de avanzada mundial, pero sin la intención de que se cumplan.

Los funcionarios pueden mostrar sustento legal para los descalabros que producen sabiendo que cuentan con impunidad. Para un auditor basta con encontrar sustento para el gasto, por ejemplo, una factura, sin revisar si la factura es legal. Fue así como el gobierno, sus socios y cualquiera que quisiera evadir impuestos, podían demostrar la “legalidad” de los gastos, ya sea simular compras, cubrir las grandes comisiones pagadas para operaciones con el gobierno, ya que la kleptocracia cobraba hasta el 40% en ciertas áreas.

De esa manera el negocio de las facturas falsas de 2014 a 2019 alcanzó 354,512 millones de pesos, unos 17,700 millones de dólares, que cubrían en buena medida negocios hechos con el gobierno. Es frecuente escuchar que se descubren fraudes realizados a partir de empresas fantasmas que facturaban gigantescas operaciones. El actual gobierno (2020) está investigando el apoyo en la Secretaría de Hacienda a los “factureros”.

Dada la tolerancia política al fraude y hasta la sanción gubernamental a negocios fraudulentos para beneficiar a políticos, los papeles de Lozoya pueden considerarse, más allá de su implicación judicial, como un documento político. La primera consideración es que se rompe la omerta política mexicana y un político acepta haber sido un instrumento clave en graves casos de corrupción económica y política, como la compra de votos legislativos.

Una paradoja mexicana es que la democracia aceleró la corrupción, porque con la alternancia los políticos entendieron que no había carreras de largo alcance y se toleró la búsqueda de la seguridad económica. Los partidos que toman el poder se empeñan en mejorar y agrandar las formas de corrupción que habían sido el cemento estabilizador de la larga época del PRI.

Lozoya banaliza la corrupción, se dice manipulado e intimidado, y aunque el “yo obedecí” es baladí en la justicia mexicana porque no ayuda a aligerar el castigo, él seguramente piensa que le ayudará en el juicio de la opinión pública. Pobre Lozoya, es la víctima de jefes corruptos y descarnados, pero él supo quedarse con grandes tajadas, mostradas por su gusto por las grandes mansiones.

Parece en esencia no haber diferencia entre la banalidad del mal de Eichman quien como buen burócrata se encarga de que los trenes del exterminio corran a tiempo, y la banalidad de la corrupción de Lozoya que se encarga que los sobornos fluyan con eficiencia. Ambos se dicen miembros menores de una maquinaria perversa. Ambos tratan de despertar conmiseración.

Los papeles de Lozoya hacen públicos los mecanismos de la corrupción, y aunque nos muestran morbosamente la punta del iceberg, el mecanismo ha quedado claro. Como también queda claro que la voluntad del Presidente debe cumplirse aunque pisotee la ley y la decencia, aunque tal vez, para entrar a las filas de la kleptocracia, decencia es lo único que esta de más. Según Lozoya pasamos del argumento de es la hora que usted quiera Sr. Presidente, a la promoción de fraudes que le interesan al Presidente.

El Presidente y diversos actores políticos de primera línea tienen agentes que producen negocios y entregan las ganancias en efectivo o a salvo en algún paraíso fiscal. Lozoya menciona a varios de los agentes de Peña, aunque al parecer no son los únicos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a uno de ellos que buscaba negocios para su amigo el Presidente y sabía muy bien mencionar en su momento para quién era el negocio.

Un proveedor de la CFE nos comentó que Emilio Gamboa tenía su agente en esa empresa, y si rascamos, podremos enterarnos de cuántos políticos tenían agentes que les buscaban y administraban negocios para poder saquear la hacienda pública y aprovechar la información privilegiada.

Desde el año 2,000 la alternancia destruyó los diques de la corrupción mexicana que no eran muy sólidos que digamos. El diezmo del señor aceptado ampliamente social y políticamente, se derrumbó ante la inseguridad política de los políticos. Así, la política se convirtió en un instrumento para hacer negocios en el gobierno.

Si es cierto que Estados Unidos presionó a Zedillo para que entregara el poder a cambio de los 20,000 millones de dólares de préstamo ante la catástrofe del error de diciembre de 1994, los políticos supieron que la presión podía volver a llegar generando procesos políticos nuevos. Nunca más se reproduciría el modelo del PRI. Y de esta manera nació la kleprocracia.

A los panistas les bastaron 12 años para buscar crear su propia burguesía que ayudaría a financiar campañas y oportunidades económicas para los políticos. Refinaron las formas de evadir la ley. Durante esos años se hicieron grandes fortunas: la familia de Francisco Barrio se volvió una de las más ricas de Chihuahua en “cinco años”. La corrupción empezó a penetrar los resquicios más profundos de la estructura de poder y gubernamental. Se establecieron los moches sobre los recursos asignados en la cámara de diputados y la exigencia de contratar empresas cercanas a los diputados. Se inició la venta de los votos en el poder legislativo.

Institucionalizando la impunidad, un diputado acusado de nexos con el narcotráfico fue metido de contrabando a la cámara de diputados para que asumiera el puesto y la inmunidad con el cargo. Un criminal salió de la cárcel pagándole un gran soborno al Presidente (sólo 20 millones de dólares).

Los políticos llegaron para hacer negocios poniendo a la gobernación en segundo plano. Se estableció un modelo de negocio que convierte al gobierno en un gran aparato de oportunidades para los avezados, los que tienen conexiones y la inteligencia para sacar ganancias.

Pero en la legislación simbólica se actúa, hay investigaciones aunque no siempre hay las consecuencias apropiadas. Actualmente hay por lo menos tres instancias que investigan: Secretaría de la Función Pública, Unidad de Inteligencia Financiera que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Fiscalía General de la República. Existen traslapes y competencia entre estas agencias. Esta competencia o colaboración, en una democracia madura, debe arrojar luz y transparencia sobre los casos investigados.

Estabilidad política antes que nada. Uno de los vicios de la política mexicana es el principio de la necesidad sistémica de estabilidad, lo que se constituye en un límite de facto para muchas acciones legales, evitando llegar a las consecuencias establecidas por la ley.

A partir de este aspecto se puede cuestionar por qué no se investigó el destino del dinero que recibió Bejarano. Todo quedó con su desafuero como diputado y un castigo de cárcel en 2004 suspendido porque el juez no encontró evidencia. No queda clara la fecha de la grabación, ni se demostró que el dinero era para una campaña de AMLO, porque en esas  fechas él era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006).

¿.

Y el IFE/INE desde su fundación se contenta con multar a los partidos, con lo cual la falsificación de firmas como se detectó para la candidatura de Margarita Zavala y el registro de México Libre de Calderón, o el peculado de El Bronco para sustentar su campaña presidencial de 2018, o que siete de las nuevas asociaciones que buscan convertirse en partido político, entre ellos de nuevo México Libre ya hayan sido multadas por malos manejos financieros en 2020.

La legislación simbólica funciona: se castiga menormente las violaciones a la ley y se facilita los actos impunes. Ya nos dirán que se le otorga el registro a un partido porque así lo quiso el pueblo, aunque muchas firmas del pueblo sean falsas.

La denuncia de hechos que hemos denominado Los papeles de Lozoya (2020) demuestran que el PRI recibió fondos del exterior para la elección de Peña Nieto (2012) lo que es una violación a la ley. ¿Continuará la investigación? ¿Cuál es la sanción pertinente? ¿Se requiere una lección ejemplar, o veremos una democratización del engaño y la violación de la ley?

La legislación simbólica contiene mecanismos de negociación ocultos a la visión social, y al parecer hay acusaciones que parecen haberse convertido en mensajes políticos encubiertos y tapados por  posibles acuerdos. Nos entregan nombres de sospechosos que luego son desmentidos.

Se nos anunció en 2020 que el líder priista en el Senado, Osorio Chong,  estaba siendo investigado pero el asunto se terminó rápido. Luego de regreso se anuncia que él ha entregado pruebas de que no hay inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales. ¿Será que se buscaba enviar un mensaje político y no crear una tensión innecesaria con el PRI en el Senado, ya que se ha puesto del lado de MORENA con frecuencia?

Los papeles de Lozoya son un caso interesante para analizar el funcionamiento del sistema político mexicano que está organizado para no funcionar. Veamos una hipótesis que recoge los pedazos de información enviados en los medios de comunicación:

La kleptocracia dañó a PEMEX y CFE deliberadamente, con el fin de privatizar ambas empresas en el marco de la Reforma Energética. Para eso era importante que la reforma pasara a toda costa (2013). El precio no importaba, la hacienda pública estaba abierta.

Para el gobierno actual (2018-) era importante encontrar la hebra de la corrupción para detener a un pez mayor y de ser posible, someter a juicio a expresidentes. Aunque AMLO ha sostenido en múltiples ocasiones que no haría de esa persecución un objetivo político, dijo que se haría si era consecuencia de una indagación jurídica o si se aprobaba en una consulta pública, la que no ha promovido.

La vía fue PEMEX, que era conocida como una fuente de corrupción y efectivamente dio frutos. Su exdirector general, Emilio Lozoya Jr. huyó del país en 2019, según los rumores buscando refugio en Alemania, país del que supuestamente gozaba de ciudadanía debido a que su madre y esposa son alemanas.

El gobierno aumentó la presión emitiendo ordenes de aprehensión contra la madre, la hermana y la esposa, debido a que Lozoya Jr. las expuso al depositar dinero en cuentas de ellas y contra la esposa porque se compró una casa a nombre de ella con fondos provenientes de sobornos.

De repente Lozoya Jr. deja su refugio alemán (2020) y se mueve a España, donde es rápidamente localizado, apresado y sometido a juicio de extradición. Pero sorpresivamente, bajo el consejo de su abogado Baltasar Garzón, acepta una extradición acelerada y la oferta de colaborar con el gobierno mexicano.

Se hizo público que quién negoció la entrega fue Emilio Lozoya Sr., exsecretario de Energía, quién sale a defender a la familia, especialmente a su esposa, hija e hijo, pero tal vez protegía otras cosas. Se puede pensar que la maniobra de ir a España es parte del proceso de entrega y colaboración, aunque no sabemos todos los detalles de la negociación. Su madre ha sido vinculada a proceso por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa y enfrenta el juicio en detención domiciliaria. Su hermana y esposa siguen prófugas.

Lo que si sabemos es que Lozoya no pisó y tal vez no pisará la cárcel. Aunque una ONG reclama ser considerada como víctima para cooperar con la Fiscalía tratando de eliminar el trato de testigo cooperador para que vaya a la cárcel unos 20 años.

Es un trato distinto al de Rosario Robles cuya participación en la estafa maestra implicó 7,000 millones de pesos, pero al parecer decidió no cooperar y se somete a la omerta. El criminal el Mencho ya solicitó un arreglo similar al de Lozoya. El mecanismo existe en la ley y seguramente se usa buscando delincuentes de mayor rango.

En algunos casos, como con un narcotraficante, el gobierno busca dar una lección ejemplar y no tanto que le cuenten quienes son los capos, cosa que tal vez ya sepan y no les interese que se haga público.

En 1999 Samuel le sugirió al Procurador de Justicia de Chihuahua que se aplicara el análisis de redes para descubrir a los actores centrales de las redes criminales y solamente acertó a decir que era muy caro, nunca le preguntó ni le dijo cuanto cuesta un análisis de éstos, aunque metodológicamente podrían empezar por interrogar, dentro de la tortura, a los criminales detenidos sobre quienes son sus amigos, lo que ayuda a construir la red.

En los papeles de Lozoya se implica directamente a Peña y a otros políticos, pero especialmente a Carlos Salinas, un némesis de AMLO. Así queda en el aire la pregunta de por qué Lozoya Sr., íntimo amigo de Salinas desde la facultad de Economía a finales de los 1960s – donde junto con Manuel Camacho les decían los toficos – estaría dispuesto a hundir a su amigo. Posiblemente el amor a su esposa e hijos tenga ese poder, o posiblemente haya otra motivación oculta tras las filtraciones.

Desde que estaba en España empezaron las especulaciones sobre lo que diría Lozoya y se iniciaron las filtraciones, ya en México se especulaba sobre filtraciones sin que se mostraran pruebas, hasta que un buen día se filtró un video  (https://www.youtube.com/watch?v=-xA1hCymFqs ) en una cuenta supuestamente del hermano de Lozoya Jr., donde se muestra la entrega de millones a funcionarios legislativos panistas. Unos días después, se filtra la declaración ante la Fiscalía.

La consecuencia legal de la filtración es mayor.

Hay solamente dos posibilidades: la Fiscalía o Lozoya y la secuela es muy distinta. La filtración conlleva el efecto corruptor del proceso, que según la Suprema Corte de Justicia es:

“Efecto corruptor del proceso penal, de acuerdo a lo establecido por esta Primera Sala, no podrá pronunciarse sobre la responsabilidad penal del acusado, ya que el actuar de la autoridad ha provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conllevan la falta de fiabilidad de todo el material probatorio, viciando tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados, por lo que procede decretar la libertad del acusado cuando la violación produce la afectación total del derecho de defensa” 

El gran beneficiario de la filtración es Lozoya, ya que se cancela el debido proceso. Se afectan los efectos de la investigación que debe ser de secrecía.

Para la defensa es correcta la estrategia de entregar información para abonar al criterio de oportunidad. Eso beneficia a su cliente al buscar un juicio abreviado y la reducción de la condena.

Si la filtración proviene de la fiscalía, se configura un grave delito, porque se violó la secrecía, que es un principio fundamental en el nuevo sistema penal mexicano, y en última instancia se puede configurar la obstrucción de la justicia.

Pero sea quién sea el filtrador, se ha enmarañado el proceso. La denuncia de hechos realizada por Lozoya seguramente no podrá utilizarse en la capeta de investigación, ya que se ha perdido la igualdad en el proceso. Al juez no le sirve porque se violentan derechos (humanos). De esa manera las acusaciones tendrán que probarse de otra manera y no con esos papeles, lo cual aparentemente beneficia a Salinas, Peña, Videgaray y los demás mencionados.

Aún si los papeles llegaran a perder su valor jurídico, su misma naturaleza les da un rango político, así que veámoslos con una óptica política.

Si AMLO fue aconsejado sobre la inadmisibilidad, para la carpeta de la denuncia, de hechos de Lozoya, entonces la promoción de su lectura en una conferencia de pensa en Zacatecas en agosto de 2020, para que la gente se entere sobre los mecanismos de corrupción de los gobiernos anteriores y tenga información sobre los titiriteros que movían los hilos de la gran corrupción, le aporta una gran ganancia política.

Pero existe la posibilidad de que no haya sido informado correctamente y él esté abonando para el efecto corruptor del proceso como concepto legal. Esto apoyaría al criterio de oportunidad que facilitaría una pena reducida y hasta posible liberación de Lozoya, con lo cual el caso se revierte en su contra.

Con esto Lozoya Sr. pudo haber realizado una jugada de tres bandas para salvar a sus familia y sus amigos. Entregar al hijo y con él propiedades para algo de reparación del daño. Eventualmente una condena limitada de privación de la libertad que puede ser detención domiciliaria. Liberar al resto de la familia y liberar a su amigo Salinas y al resto de los acusados por la dificultad para probar las acusaciones, cosa que Lozoya Jr. posiblemente ya no haría al librar la cárcel. La cuenta les resultaría barata.

De suceder la maniobra de Lozoya Sr., AMLO se llevaría un fuerte golpe, sería el hazmerreir en el mundo por su fallida cruzada anticorrupción, se derrumbaría la credibilidad de su gobierno y la Fiscalía, cargaría con acusaciones de ineficiencia y la renovación del argumento de que firmó un pacto de impunidad con Peña que sería magnificado por los texto servidores, estos periodistas que golpean al unísono al gobierno en base a lo que hace y a lo que no hace.

Esto ya empezó: el 19 de agosto en el programa Tercer Grado de Televisa, un periodista anunció que los millones grabados al ser entregados a empleados panistas del senado, eran la nómina del Senado, aunque desde hace años que la nómina se paga con deposito directo en los bancos.

Esto le daría un gran respiro al PRIAN con vistas a las elecciones de 2021, que de por sí serán complicadas para MORENA por los efectos de la pandemia y la caída económica. En caso que el potencial impacto negativo del caso no funcione para 2021, las baterías se concentrarán en 2024 para bloquear a los candidatos más cercanos a AMLO.

Para 2018 la derecha promovió su beneplácito con Marcelo Ebrard, pensando que así debilitaban a AMLO. Ahora para el 2024, seguramente rechazarán cualquier opción de MORENA, incluido Ebrard. Y mucho más si la candidatura recae en alguien cercana a López Obrador y de izquierda como Claudia Sheinbaum, cuya llegada concretaría la idea de una mujer en la presidencia y la continuidad del proyecto de AMLO.

Hay quién sostiene que los papeles de Lozoya son un teatro armado en conjunto entre el gobierno y Lozoya Sr., basándose en el argumento de que en la política mexicana no se mueve ninguna hoja sin la autorización presidencial. Esta versión se rehúsa a considerar que vivimos nuevos tiempos, que el estilo de AMLO no necesariamente repite los estilos y necesidades del pasado, y tampoco queda claro que ganaría el gobierno si se da el escenario de nulidad del juicio.

Un elemento central en el proceso ha sido la conexión Garzón. Se maneja, aunque no hay confirmación, que el juez, desde España, ha manejado los hilos de la estrategia para contaminar el proceso, de tal manera que la carpeta no le sirva al juez.

Su contacto mexicano para facilitar las filtraciones, según indica Carlos Ramírez debe buscarse en la filial de la Fundación Baltasar Garzón en México, donde tiene un papel fundamental Antonio Navalón, quién actualmente es colaborador de Reporte Índigo.

Navalón salió de España y llegó a México después de ser acusado de extorsionar a Mario Conde (BANESTO). Aquí se le ubicó en el Grupo PRISA (El País, Santillana, Radio), de dónde salió al parecer por un ajuste en el grupo PRISA. El sabe bien que la prensa mexicana se vende al mejor postor y que se concentra en los aspectos morbosos de la noticia, aspecto útil para el efecto corruptor de la denuncia de hechos de Lozoya.

De esa manera los medios de comunicación juegan un papel importante para la estrategia de la defensa y para la estrategia político-electoral de Salinas y asociados del PRIAN.

Hacia el futuro. ¿Acaso los papeles de Lozoya abren un macro proceso o una gran cruzada? ¿Es la hebra que destapará la gran corrupción? Idealmente debería ser un buen principio, pero difícilmente se logrará. Ni el gobierno tiene los recursos humanos suficientes de gente honrada que embista a las mil cabezas de la corrupción, ni está dispuesto a arriesgar una gran inestabilidad. Posiblemente eso llevó a AMLO a no fijar como política de Estado la persecución judicial de los expresidentes.

Los acusados por Lozoya niegan los cargos. Se dicen agredidos y agraviados en su dignidad inmaculada. Uno que se pagaba $700,000 mensuales como funcionario jura que nunca sobornó ni fue sobornado. Algunos han anunciado que podrían demandar por daños, lo que sirve para efectos políticos.

Podríamos estar ante golpes de precisión intentando efectos políticos sin buscar eficacia jurídica, recuerde usted la legislación simbólica. El principio de difama, que algo queda, adquirirá un papel importante.

Por lo pronto ya se filtró un nuevo video (el primero se mostró en 2015) mostrando al hermano de López Obrador (Pío) recibiendo una bolsa de papel que se dice contiene dinero, haciendo suponer que fue para la última elección (2018).

La respuesta de AMLO es que se debe hacer la denuncia ante la nueva Fiscalía General de la Republica (fundada el 20 de diciembre de 2018), debe investigarse y está dispuesto a declarar.

¿Estaremos ante denuncias directas y no en litigio en los medios como sucede normalmente? Ante la posibilidad de que los delitos vayan prescribiendo, los efectos políticos adquieren relevancia.

¿Se debe ser optimista de los alcances de los papeles de Lozoya? Posiblemente no, no hay garantía que más políticos rompan con la omerta o que logren pescar a otro pez mayor.

¿Es el inicio de la cruzada anticorrupción? Siempre se ha castigado a políticos y eso no implica que se abstengan de hacer negocios o extorsionen a la gente. Las ganancias son muy altas como para que sean derrotadas por la moral y la buena conciencia.

Un político del grupo de Peña le mencionó a Schmidt que en una ocasión le dejaron un cuadro de Coronel en su cuarto de hotel en Nueva York. Por supuesto que se lo llevó a casa. Según él era un regalo anónimo y aunque violaba la ley no se le ocurrió entregárselo a un museo o al gobierno.

Conclusión

Ya han caído algunas cabezas corruptas por hechos cometidos durante la administración de AMLO: la Secretaría de la Función Pública sancionó a 4,700 servidores públicos de todos los niveles de gobierno en 15 meses del actual gobierno. Pero la lucha está muy lejos de alcanzarse.

En México hay una sólida cultura corrupta, la gente cree en dichos como “no me den pónganme donde hay”, “el que no tranza no avanza”. Las leyes castigan la corrupción, solamente falta derrotar la legislación simbólica por medio de la conciencia social para ajustarse a la ley, aunque sea más caro y tardado, y voluntad política para que la justicia funcione adecuadamente.

Samuel Schmidt (Universidad de Texas, Austin) y James W. Wilkie (UCLA).

Samuel Schmidt

Visiting scholar, University of Texas Austin. Director asociado de la revista Araucaria (Universidad de Sevilla). Director del semanario El Reto. 

Testigo experto en juicios de asilo político y para frenar deportación de mexicanos en Estados Unidos. Miembro fundador de Chacmool cuyo objetivo es cambiar la percepción de los mexicanos en Estados Unidos, miembro de COFEM en Los Angeles.

Posdoctorado en Historia, University of California, Los Angeles. Doctor en Ciencias Política (UNAM), Maestría en Ciencias Sociales, Universidad Hebrea de Jerusalén, Lic en Ciencia Política, UNAM.

40 libros publicados y más de 1,000 artículos. Traducido al inglés, francés e italiano. Crimen Autorizado será publicado por Random house en 2020 y Geografía Política será publicado por la UNAM en 2020. Sometido ante FCE la traducción del libro Memo para gobernantes. Preparando líderes políticos para salvar a la humanidad de sí misma de Yehezkel Dror y la novela El Yerno.

Pionero en varias áreas de investigación: análisis de redes políticas, estudios sobre humor político, Crimen Autorizado, democratización en México y temas fronterizos (agua, migración y seguridad). Autor de los conceptos Tejido político, Legislación simbólica y crimen autorizado.

Fue Director de El Colegio de Chihuahua, Vicepresidente de la Fundación UDG US, subdirector general de Proyectos Académicos y de Intercambio Académico en la UNAM y asesor en la Cámara de Diputados.

James W. Wilkie