Texas expulsará a inmigrantes
El gobernador Greg Abbott promulgó una ley migratoria que muchos consideran inconstitucional ya que asume funciones que pertenecen a la jurisdicción del gobierno federal
La nueva ley migratoria del estado de Texas, promulgada el lunes 18 de diciembre, nos va introduciendo definitivamente en el clima electoral de 2024. Un clima electoral que paulatinamente (o quizá rápidamente) parecería que va a estar cargado de violencia, física y simbólica.
El odio y el miedo nuevamente serán las principales armas, sobre todo des la extrema derecha. Incluso con propuestas sorprendentes, increíbles, desopilantes y grotescas, como viene sucediendo en otros lugares del mundo. Los ataques, la furia y los insultos reemplazarán definitivamente a las propuestas. Y no importará lo que se puede o no se puede. En el mundo fragmentado de las campañas por redes sociales, lo importante no es la verdad sino la repetición.
Por eso, que el tema migratorio sea jurisdicción del Gobierno Federal, es una cuestión menor. Lo importante es la puesta en escena del gobernador republicano Greg Abbott, justo al lado de la cerca fronteriza, firmando una ley que permite a la policía local expulsar a inmigrantes al otro lado del Río Bravo. No importa si esa ley, al ser estatal, es inconstitucional. Las cuestiones legales hoy son secundarias, el mejor ejemplo es el del propio Donald Trump, con un prontuario atestado de procesos penales, pero que no hace mella en su carrera presidencial.
No importa tampoco que Abbott cite cifras astronómicas de cuántos migrantes cruzaron la frontera sin evidencia concreta ni fuentes fidedignas. Lo importante es vociferar esas cifras, acusar al gobierno de Joe Biden de implementar una política de “fronteras abiertas” y remarcar que la nueva ley, conocida como SB4, es “una respuesta a la oleada de ingresos”.
Todo esto en el marco de lo que prácticamente fue un set cinematográfico, una mesa al lado de la valla fronteriza, y el gobernador Abbott rodeado de policías y militares, todos blancos caucásicos prolijamente elegidos. Alguien podría sorprenderse, ya que estamos hablando de un estado como Texas, con 12 millones de hispanos, la minoría más numerosa que representa casi el 40 por ciento de los 30 millones de habitantes. Pero eso también forma parte de los nuevos fenómenos políticos que estamos viviendo.
Volver al futuro
A esta escena distópica, debemos sumarle un componente histórico paradójico: estamos hablando de un estado que es símbolo de la enajenación por parte de Estados Unidos de dos tercios del territorio mexicano, en la primera mitad del siglo XIX. Todo empezó con los colonos estadounidenses declarando la independencia de la República de Texas en 1836. Uno de los principales motivos fue la abolición de la esclavitud en México en 1829. Eso conspiraba contra los estadounidenses, porque no eran simples colonos, sino grandes esclavistas. Casi una década después, Texas terminó incorporándose a la Unión en 1845. Después siguieron otros territorios, entre ellos California.
Ese emblemático estado de Texas es donde Abbott acaba de agregar 1,500 millones de dólares a los ya más de 9 mil millones que viene gastando en alambres de púas, patrullas migratorias y muros fronterizos. ¿Cuántos proyectos productivos podría encarar el estado de Texas con más de 10 mil millones de dólares? Es mucho dinero. Esas sí son atribuciones legales de un estado, y sus resultados no serían sólo en beneficio de miles de inmigrantes que podrían trabajar ahí, sino que sus ganancias podrían destinarse a mejorar la vida cotidiana de la totalidad de los ciudadanos de Texas. Queda en evidencia, nuevamente, que lo importante no es el bien común, sino la retórica que haga crecer al personaje en las encuestas. En definitiva, queda en evidencia que hoy los proyectos basados en el miedo y el odio son más lucrativos políticamente que los basados en el progreso colectivo.
No es algo que sorprenda del gobernador Abbott, que ya ha expulsado a 65 mil inmigrantes al otro lado del Río Bravo, y no se sabe cuántos miles más ha desplazado fronteras adentro, a las llamadas “ciudades santuarios” como Chicago. El racismo es uno de sus sellos de identidad. Recordemos también que, en 2021, el Senado de Texas reformó los planes de estudios borrando la historia del racismo histórico que impregna el presente. Desde hace dos años, los y las maestras y profesoras no pueden hablar a sus alumnos y alumnas sobre la esclavitud, el Ku Klux Klan, o incluso, las luchas por los derechos civiles de la década de 1960.
Nada nuevo bajo el sol, ni siquiera son originales, sino que siguen coherentemente una línea de pensamiento y acción explotadora y racista que viene de siglos. El motivo de la expansión de Estados Unidos hacia el sur en el siglo XIX era, principalmente, ampliar el negocio de los esclavistas y de las plantaciones. Un tiempo antes, John Calhoun, vicepresidente de los Estados Unidos entre 1825 y 1832, había anunciado: “Si nos tocara la suerte – y confío en que así será – de adquirir Texas, el precio de los esclavos aumentaría”.
En su retórica de extrema derecha, Abbott se metió de lleno en la campaña sucia que se viene: “La deliberada falta de acción del Gobierno de Joe Biden ha hecho que Texas deba defenderse a sí mismo. Los autores de nuestra Constitución previeron una situación donde el Gobierno federal dejaba desatendido a los estados si estos enfrentaban retos en sus fronteras”.
Recordemos también que la Constitución de Texas de 1836, como la de Estados Unidos de 1787, daba mayor valor y acceso a derechos a los ciudadanos anglosajones que a los de origen mexicano y, obviamente, afroamericanos y pueblos originarios. Nada ha cambiado en 187 años para Abbott.
Los derechos humanos en cuestión
Concretamente, la SB4 que entrará en vigencia en marzo próximo estipula que es un delito ingresar ilegalmente y autoriza a la policía local a mandar a México a cualquier persona, incluso si tiene otra nacionalidad que no sea la mexicana. Y si se tratara de una reincidencia, la pena podría ser de hasta 20 años de prisión efectiva.
En el mismo paquete legal, Abbott se jactó de endurecer también las penas para los traficantes de personas, previendo hasta 10 años de cárcel… o sea que a los mafiosos traficantes les correspondería la mitad de lo que podría corresponder a la víctima del delito, el inmigrante desesperado, que podría ir hasta 20 años a prisión.
Por supuesto, estas normas están siendo duramente cuestionadas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, y también están generando demandas judiciales. “La ley 4 del Senado sustituye a la legislación federal, promueve el perfilamiento racial y el acoso y autoriza inconstitucionalmente a las autoridades locales a deportar a personas sin debido proceso, sin importar si los inmigrantes buscan asilo u otras protecciones humanitarias”, dijo Oni Blair, la directora de La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas.
Por su parte, Krish O’Mara Vignarajah, presidenta del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, dijo: “La seguridad y dignidad de los solicitantes de asilo está en peligro. Al criminalizar el acto mismo de buscar refugio, Texas les está dando la espalda a los valores de compasión y al debido proceso que hacen de nuestra nación el modelo mundial de liderazgo humanitario”.
A su vez, 30 ex jueces del área de inmigración (tanto de administraciones demócratas como republicanas) firmaron el mes pasado una carta conjunta en la que califican la norma de inconstitucional.
Como no podía ser de otra manera, también llegó la réplica desde el otro lado de la frontera. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México calificó la medida de Abbott como de corte político porque “la aplicación de las leyes migratorias, el control de la frontera y la negociación de acuerdos internacionales son facultades exclusivas del gobierno federal”. El presidente Manuel Andrés López Obrador, por su parte, fue incluso más duro: “Es politiquería para ganar popularidad. Él (por el gobernador Abbott) está usurpando funciones, tiene que ver con política exterior y eso corresponde al Congreso y al presidente de Estados Unidos”. Y agregó: “Se está haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley y, además, nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Les digo a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiéndolos”.
En el fondo, el trumpismo
Todo lo que está haciendo el gobernador Abbott va en línea con el que parece ser uno de los ejes principales de la campaña de Donald Trump, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Uno de esos ejes es la mano dura con los inmigrantes, pero otros son la libre portación de armas, la lucha contra el aborto y contra los derechos de las diversidades sexuales.
Es más, no se debería descartar la intención del texano de hacer buena letra para ocupar un lugar expectante, por si el ex presidente no es habilitado legalmente para ser candidato. Lo más reciente es la decisión de la Corte Suprema de Justicia del estado de Colorado de decretar a Trump como imposibilitado para ser elegido presidente por haber impulsado la toma del Capitolio y el ataque a la democracia de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Al seguir al pie de la letra la retórica antiinmigrante de Trump, Abbott está agazapado, siempre listo. Eso sí, cuidándose de no hacerle sombra al magnate, porque sabemos cuáles son sus reacciones en esos casos, incluso con aliados.
En noviembre pasado, Abbott acompañó a Trump en una visita a la frontera, la misma que escenificó este lunes su promulgación de la polémica ley. En aquella ocasión, el gobernador sobreactuó su subordinación hacia su jefe político: “Necesitamos que vuelva a la presidencia de Estados Unidos, para devolver la ley y el orden a la frontera”.
La respuesta del patrón fue contundente: “No tendrá que preocuparse más por la frontera, gobernador. No tendrá que preocuparse por la frontera en Texas o Arizona o en cualquier otro lugar. Desde el primer día voy a poner fin a todas las políticas de fronteras abiertas de la Administración Biden, voy a parar la invasión por la frontera sur y comenzaré la más grande y masiva operación de deportación en el país”.
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