Una California progresista en la mira de un Trump autoritario
La administración Trump ha puesto en la mira a California, y en particular a Los Ángeles, para implementar medidas drásticas contra la inmigración. Pero el estado, tanto desde el punto de vista legal como a través de las acciones de sus ciudadanos, se está convirtiendo en un líder en la resistencia a estas redadas indiscriminadas. Este fue el tema de la conferencia de prensa de American Community Media (ACoM) del viernes 27 de junio, en la que actuó como moderadora la editora Pilar Marrero, quien presentó el tema: “Desde su primer mandato, el presidente Donald Trump ha chocado frecuentemente con California, un bastión de políticas progresistas en materia de inmigración, salud, medio ambiente y cuestiones sociales que se oponen a la agenda de su administración”.
Luego recordó que la gran población inmigrante de California y sus leyes protectoras la han convertido en un blanco frecuente y siguió haciendo historia: “El estado ha sido firmemente demócrata desde la década de 1990, con el declive de la influencia republicana tras la Proposición 187 de Pete Wilson en 1994, cuyo objetivo era restringir el acceso de los inmigrantes a la educación y la atención médica. Recientemente, la inmigración desencadenó un importante enfrentamiento entre Los Ángeles y la administración. Las tasas de inmigración intensificaron las tensiones, lo que provocó protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina, culminando en la mayor protesta de un solo día en la historia de Estados Unidos”.
En 30 años nunca vi algo así
La primera invitada en tomar la palabra fue Jeannette Zanipatin, directora de Políticas y Defensa en the Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), una de las organizaciones proinmigrantes más activas e influyentes del país, con sede en Los Ángeles. Zanipatin es abogada de inmigración con casi 30 años de experiencia, pero empezó remarcando: “Nunca vi algo como ahora, prácticas sin precedentes bajo la administración Trump, que pide a jueces desestimar casos activos de inmigración. Esto permite arrestos inmediatos fuera de las cortes, muchas veces sin que los abogados puedan localizar o comunicarse con sus clientes. Denuncia detenciones durante audiencias en la corte o entrevistas rutinarias con USCIS, lo que obliga a los inmigrantes a decidir entre asistir y arriesgarse al arresto o no presentarse y recibir una orden de deportación”.
“Esto es una la falta de respeto a derechos constitucionales y el bloqueo del acceso de abogados y congresistas a centros de detención –continuó-. Además, la organización CHIRLA, que coordina la Red de Respuesta Rápida en Los Ángeles, está reportando operaciones encubiertas de ICE, uso de matrículas de otros estados y presencia de agentes no identificados, incluso enmascarados, que actúan con violencia y sin órdenes judiciales, basándose en perfiles raciales”.
En cuanto a las víctimas, ella enumeró: “Las detenciones afectan gravemente a comunidades negras, latinas, asiáticas y otras personas de color, y en su mayoría implican a individuos sin antecedentes criminales graves”.
Finalmente, Zanipatin mencionó la posibilidad de presentar demandas y medidas cautelares a nivel local o estatal pese a decisiones recientes de la Corte Suprema, y destacó que 22 estados, incluido California, ofrecen ciertas protecciones.
Son acciones antiestadounidenses y antidemocráticas
En segundo lugar, fue el turno de Antonio Villaraigosa, ex alcalde de Los Ángeles y candidato a gobernador de California, quien empezó diciendo: “Estoy en la defensa de los derechos de los inmigrantes desde 1972 y nunca había visto acciones federales tan extremas como las actuales, incluyendo la federalización de la Guardia Nacional para perseguir inmigrantes, algo inédito en 60 años. En el pasado, la Guardia Nacional se usó para proteger derechos civiles, no para violarlos”.
Por otro lado, denunció: “Hay en California agentes armados y enmascarados atacando civiles, lo que compara con tácticas de regímenes totalitarios, y más del 90 % de los detenidos no son criminales, estas acciones son claramente antiestadounidenses y contrarias a la democracia. Por eso llamo a la unidad de todos los estadounidenses, independientemente de su origen, para defender las libertades civiles. Insto a usar todos los recursos legales, incluidas las demandas y manifestaciones pacíficas, para resistir estas políticas, aunque reconozco que será una lucha difícil debido a la postura conservadora actual del sistema judicial”.
La respuesta de Villaraigosa a una pregunta sobre cómo actuaría ante el gobierno federal fue: “Debemos cuestionar y revisar todas las maneras posibles de contrarrestar lo que está haciendo Trump. Creo que debemos involucrar al público para que se oponga a esto. Creo firmemente en el poder de la gente. Creo firmemente que podemos desarrollar un movimiento en torno a esto. Pero quienes hemos estado involucrados la mayor parte de nuestra vida en este tema lo sabemos; Martin Luther King y Gandhi marcaron el camino. Tiene que ser pacífico. Tiene que ser amplio. No podemos ser solo nosotros”.
California es un estado antiMAGA
El tercer invitado fue Henry Brady, profesor de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la University of California, Berkeley, quien expresó: “California representa lo opuesto a la visión de la administración Trump: es un modelo de diversidad, apoyo a inmigrantes y éxito económico, lo que convierte al estado en un antiMAGA”.
Por eso, según Brady, hay medidas federales que perjudican a California y tendrán efectos a largo plazo: “En primer lugar el arancel en los puertos de Los Ángeles, Long Beach y Oakland, que afectan empleos y el flujo de mercancías; segundo el impacto en la economía estatal, especialmente en sectores como construcción, agricultura y salud, debido a restricciones migratorias: tercero el recorte presupuestario, especialmente en programas como Medicaid y cupones de alimentos, que podrían dejar sin cobertura a millones de californianos; cuarto el envío de tropas a Los Ángeles, sin consultar al gobernador, algo sin precedentes y una violación de normas básicas; y quinto, ataques al sistema univeritario público, que dificultan la matrícula de estudiantes indocumentados y amenazan la calidad y futuro de las UC, CSU y colegios comunitarios. Y estas políticas terminarán perjudicando no solo a California, sino también a la economía nacional”.
En este punto, intervino Antonio Villaraigosa y dijo sobre los daños a California; “Saben, sobre eso, creo que el Instituto del Consejo del Área de la Bahía acaba de publicar un informe que indica que el costo de todo esto para la economía de California podría ser de 275 mil millones de dólares, creo que esa es la cifra, un costo astronómico, sin mencionar la agricultura, la construcción, los costos de vivienda, el sector servicios y la hostelería. El costo para la economía es enorme. Y si contraatacamos buscando la victoria, no para sumar puntos, ni para ser los más progresistas, sino para cuestionar realmente lo que esta gente hace, considerándolo antiestadounidense, inadmisible, algo que los estadounidenses no pueden tolerar. Lo que vemos aquí es un déspota que no cree en nuestra Constitución, que cree que Estados Unidos es para quienes provienen de ciertos países, no de otros”
En ese punto, la moderadora volvió al profesor Brady, para preguntarle: “¿Trump ha dejado entrever la idea de recortar, de dejar de enviar dinero a California. ¿Qué podría pasar, cuál sería el impacto?
Brady respondió: “Bueno, la cifra que mencionó el alcalde es la del informe del Instituto Económico del Área de la Bahía, unos 275 mil millones de dólares. Pero, de hecho, eso solo se refiere al impacto de la política migratoria. No incluye el impacto de la política presupuestaria ni del nuevo y atractivo proyecto de ley, ni la política comercial, ni el impacto en las universidades, ni siquiera, francamente, el clima que se genera cuando se estacionan tropas en una de sus principales ciudades sin motivo aparente. Por lo tanto, diría que el impacto podría ser mucho mayor. En una economía de 4 billones de dólares, cuando se alcanzan los 275 mil millones, se habla de dinero real; cuando se llega a quizás 500 mil millones, muy pronto, se habla de un impacto realmente enorme. Y ahora mismo, están en las primeras etapas de lo que están haciendo. Y, francamente, las consecuencias aún no se han notado. Así que ni siquiera los impactos de la política arancelaria se han notado”.
En cuanto al ataque al sistema universitario, Brady dijo: “Hemos vivido de un sistema universitario que es el más innovador del mundo. Berkeley, por ejemplo, es la universidad con más startups apoyadas por capital riesgo. El resultado final es que tenemos universidades extraordinarias que realmente han marcado el camino y han fortalecido esta economía. Perjudicar a esas universidades y nuestro futuro en innovación, como digo, es un acto de vandalismo. Ninguna empresa ni organización aceptaría que su política de admisión, su política curricular y sus políticas de contratación fueran gestionadas por el gobierno federal”.
No es normal tener un presidente que se burla de la ley
El último invitado fue Rob Bonta, fiscal federal de California, a quien le preguntaron por la decisión de hoy de la Corte Suprema para los 22 estados que han demandado contra esta orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento.
Bonta respondió: “Mi prioridad es defender la democracia y el estado de derecho, asegurando que incluso el presidente debe cumplir la ley. Lamento haber tenido que demandar al presidente 26 veces en 23 semanas por violaciones legales y constitucionales, el doble de frecuencia que durante el primer mandato de Trump. Seguiré recurriendo a los tribunales para frenar acciones ilegales y proteger derechos, como en casos relacionados con restricciones al voto, aranceles, acceso indebido a datos personales, recortes presupuestarios y la militarización de ciudades. Sobre la reciente decisión de la Corte Suprema respecto a la ciudadanía por nacimiento, aclaro que la Corte no cuestionó el derecho constitucional a la ciudadanía por nacer en Estados Unidos, protegido por la Decimocuarta Enmienda. La discusión se centró en si se puede aplicar un mandato judicial universal. Aun así, junto a otros fiscales generales demócratas seguiré buscando una orden judicial nacional para garantizar una aplicación uniforme y evitar perjuicios administrativos y financieros a los estados”.
La moderadora preguntó: “¿Aún tiene fe en que puede detener legalmente a un hombre que no parece creer en la ley?”
La respuesta de Bonta fue contundente: Sí, por supuesto. Hay algunos contratiempos, pero también muchas luces y rayos de esperanza. La Corte Suprema ha sido reflexiva en muchas de sus decisiones. Por ejemplo, suspendió o impidió, bloqueó la deportación de inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que iban a ser llevados a otros países y a cárceles en otros países como El Salvador. Así que creo que, en general, existe un compromiso continuo con el estado de derecho en la Corte Suprema, no por parte de todos los jueces de la misma manera, sino como un órgano, como un órgano plenamente constituido. Y, sin duda, nuestros jueces de distrito y de apelaciones están lidiando con la ley y los hechos, y emitiendo opiniones. Prueba de ello es que estamos ganando en casi todos nuestros casos. Pero no es normal, inaceptable y muy peligroso que tengamos un presidente que parece burlar la ley y pisotear la Constitución con tanta frecuencia. No es normal, es muy poco común y nunca es aceptable. Por eso, seguiremos recurriendo a los tribunales, donde sí se cree en el estado de derecho, para garantizar que rinda cuentas y solo pueda actuar conforme a la ley, no ilegalmente”.
